La agencia de noticias y publicidad Télam funcionó hasta este lunes como un mayorista de noticias, que difundía 500 notas (cables) por día a más de 800 medios de comunicación a los que les prestaba servicio, junto con unas 200 fotos diarias de los más diversos acontecimientos, desde un partido de fútbol hasta la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que realizó el viernes pasado Javier Milei.
Además, era la encargada de implementar, controlar y facturar la distribución de la publicidad oficial del Gobierno nacional, hasta que Milei decidió suspender la pauta oficial por un año.
Para realizar todas esas tareas, Télam tiene 755 empleados, la mayoría en planta permanente, distribuidos mayoritariamente en sus dos sedes en la ciudad de Buenos Aires, ubicadas en Bolivar 531 y avenida Belgrano 347, que este lunes amanecieron valladas para prohibir el ingreso de sus empleados.
También tiene corresponsalías en todo el país, incluso en la Antártida, pero esos empleados tampoco pudieron trabajar este lunes, ya que el Gobierno bloqueó el sistema y todos los empleados recibieron un comunicado del interventor Diego Chaher en los que se les anuncia que fueron «dispensados» de prestar el servicio esta semana.
Esa «dispensa laboral» es con goce de sueldo, así que no les van a descontar estos días que no trabajen, por una decisión oficial.
Una pérdida de casi 6.000 millones
El presupuesto que la agencia tenía aprobado el año pasado por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa -que fue prorrogado este año- era de ingresos operativos por $ 12.288 millones y gastos de $ 18.023 millones; es decir, que en 2023 tenía previsto perder $ 5.735 millones.
Y según anunció este lunes el vocero Manuel Adorni, la previsión para este año era perder más de $20.000 millones, si Télam seguía funcionando con la estructura actual.
Esa fue una de las razones esgrimidas por el Gobierno para anunciar el cierre de Télam. La otra razón que planteó Milei fue la falta de pluralismo informativo, ya que la consideran un aparato de propaganda gubernamental cuyo perfil partidario se profundizó durante la gestión de Bernarda Llorente.
Sin embargo, una fuente oficial consultada por Clarín señaló que todavía existe una posibilidad que no se cierre definitivamente Télam y que esto sea una suspensión de tareas y del servicio hasta que pueda reorganizarse bajo otro nombre, con parte de su personal que presta servicios en la agencia estatal.
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La asamblea de los trabajadores, se manifestó en un “abrazo” simbólico en reclamo por los despidos.
Retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas
«Si el plan hubiera sido cerrarla definitivamente habríamos enviado telegramas de despido, en lugar de la suspensión por una semana», informó una fuente oficial a Clarín. Y agregó: «Vamos a implementar un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, para bajar la cantidad de empleados. Y después veremos si podemos rearmar eso, como ocurre con el INADI».
De hecho, la empresa ya tuvo otros conflictos de alto impacto, como el despido de 354 empleados, bajo el gobierno de Mauricio Macri, que provocó las tomas de sus edificios por parte de sus empleados -la mayoría de los cuales fueron reincorporados por la justicia laboral-, entre el 26 de junio y el 19 de septiembre de 2018.
Los trabajadores todavía recuerdan otro conflicto muy fuerte, cuando la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu dejó de pagarles el sueldo a sus empleados, pero hubo 12 que siguieron trabajando gratis, entre julio de 1958 y septiembre de 1958, hasta que el gobierno democrático de Arturo Frondizi regularizó la situación.
Habrá que ver qué ocurre: si se impone el plan de cierre de Milei o si los funcionarios que están implementando esa idea logran morigerarla, para que siga funcionando bajo otro nombre, con una reorganización empresaria, que le permita seguir funcionando a esta agencia que fue creada a instancias del entonces vicepresidente Juan Domingo Perón, el 14 de abril de 1945.
Mientras tanto, los empleados hicieron este lunes al mediodía un abrazo solidario a Télam, con el acompañamiento de periodistas, gremios y organizaciones sociales. Y resolvieron hacer una acampe en la puerta de sus dos principales sedes, para «preservar el patrimonio público».