El Gobierno oficializó 200 despidos en la empresa estatal de agua AySA, la compañía de servicios que estuvo a cargo de Malena Galmarini durante el gobierno de Alberto Fernández. Según pudo saber Clarín, unos cien telegramas ya fueron enviados y en las mismas horas se notificará a la misma cifra de empleados, en un proceso de ajuste que despertó rumores y alertas sindicales que advierten sobre un plan de recortes de planta de otros mil trabajadores.
AySA tenía en su conducción a Marcelo Papandrea, un ejecutivo con terminal política en la esposa del exministro de Economía Sergio Massa y que quedó al frente en el comienzo de la gestión de Javier Milei, hasta la semana pasada que renunció. La empresa quedó virtualmente intervenida por la Jefatura de Gabinete, que comanda Nicolás Posse.
Fuentes de la compañía aseguraron que los 200 despidos ya efectivizados corresponden a personal sumariado, con inasistencias injustificadas o que eran puestos políticos que respondían a Galmarini.
Desde el sindicato de Obras Sanitarias, cuyo titular es José Luis Lingeri -con injerencia en el directorio de AySA- reconocieron los 200 despidos, entre ellos la salida de unos 20 cargos políticos, pero no aceptaron ni dieron constancia sobre la existencia en la lista de trabajadores con irregularidades, como habría detectado la nueva gestión.
La primera tanda de despidos comenzó a llegar por correos ya este lunes. En paralelo, había reuniones entre el sindicato y la empresa en las que se presentaron propuestas que incluían apertura de retiros voluntarios y casos de jubilaciones anticipadas.
Asambleas en AySA, la antesala de un probable paro
«Esto es una decisión del Gobierno nacional y claramente que el sindicato repudia esta decisión«, dijeron desde SGBATOS, el gremio de Obras Sanitarias que convocó para este miércoles a una asamblea de delegados en la que es probable que Lingeri anuncie medidas de fuerza ante las cesantías.
El plan de ajuste oficial en AySA se aceleró con la salida de Papandrea, al que el Gobierno consideró como un obstáculo en la reducción de la planta política y no avanzó con «la gente de Malena», como trascendió de la empresa.
Desde el Ministerio de Economía se advirtió sobre la reducción de fondos y allí tomó acción quien, en los hechos, gestiona la empresa estatal en la actualidad. Se trata de Eduardo Endeiza, director general de AySA, quien avanzó sobre la estructura militante montada por Galmarini en la empresa, además de un plan de reducción de gastos corrientes de las capas gerenciales.
En los papeles, AySA tiene al frente al vicepresidente Oscar Ferrari, designado por el renunciado exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, hasta tanto el jefe de Gabinete Posse determine un nuevo presidente.
La planta actual de la empresa es de unos 7.800 empleados. Fuentes con injerencia en el sector sostienen que los mil despidos que el Gobierno tendría en carpeta apuntan a personal que entró a AySA en 2017, cuando se traspasó a la empresa el servicio de agua de nueve distritos bonaerenses que hasta ese momento estaban bajo la órbita de Aguas Bonaerenses, la empresa de aguas provincial.
En las semanas anteriores hubo una reducción de dos mil contratos indirectos de trabajadores de cooperativas gestionadas por intendencias o por la propia Aysa para planes de agua y cloacas con financiamiento de Banco Mundial y FonPlata, en el marco de la parálisis de obras públicas que instauró Milei.
Tras el intempestivo avance sobre el cierre de la agencia estatal de noticias Télam, AySA, en boca del Presidente, es una de las empresas que el Gobierno pretende eventualmente privatizar.
DS