El ministerio de Justicia de la Nación designó a su representante en el Consejo de la Magistratura: Sebastián Amerio, viceministro de la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona, llega a este órgano clave con la misión central de acelerar los procesos a través de los cuales los jueces concursan para ocupar cargos en un Poder Judicial que tiene un 30% de sus cargos vacantes. Junto con los concursos anticipados, el Poder Ejecutivo busca que se “mejore la administración de justicia”, lo que incluye “que se investiguen los casos de jueces denunciados por mal desempeño”.
El Consejo de la Magistratura -presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti– es el órgano responsable de designar a los jueces a través de los concursos que tiene a su cargo. Ese proceso de selección incluye la confección de los exámenes y su posterior evaluación, como también la conformación de ternas de candidatos y el envío de las mismas al Poder Ejecutivo. Es éste quien tiene el deber de remitir las mismas al Senado para ser analizadas en la Comisión de Acuerdo y finalmente pasar al recinto para su votación.
Dentro del Poder Ejecutivo, explicaron a Clarín, consideran que parte de este proceso “se traba por cuestiones políticas en el Consejo de la Magistratura”.
En representación del ministerio de Justicia, Sebastián Amerio -segundo de Cúneo Libarona en la cartera- llega al Consejo de la Magistratura. Hay dos mandatos concretos: la celeridad en los procesos de selección de jueces, y en las investigaciones que recaen sobre magistrados denunciados que “muchas veces se archivan por falta de tratamiento”, según dijeron fuentes oficiales a este diario.
Respecto a los concursos, en la actualidad hay 1.224 vacantes. De esa cifra, 1.048 responden a concursos concluidos y 176 concursos en trámite. Sucede que durante los últimos años el Senado retuvo sin dar tratamiento 85 pliegos con ternas conformadas.
Desde el Consejo, el ministerio de Justicia a través de su representante buscará dar mayor celeridad al proceso de selección de jueces, que los plenarios de tratamiento no se posterguen ni tengan poca frecuencia. “Así como los jueces cuentan con plazos procesales, debe funcionar de igual manera en el Consejo porque el Poder Judicial tiene 30% de cargos sin cubrir y eso afecta la correcta administración de justicia”, razonaron las fuentes.
La celeridad que se busca imprimir a los procesos incluye el plan de hacer concursos anticipados, es decir que cuando se sabe que una vacante está próxima a producirse, se lleve adelante el proceso de concurso y selección para no iniciar con el mismo una vez que el cargo queda sin un juez titular.
Desde el ministerio de Justicia sostienen que hay concursos realizados para cargos importantes “que llevan seis años en el Consejo”. Estos plazos “irracionales son los que se deben acortar y darle ritmo y periodicidad a los plenarios donde se tratan las ternas conformadas”, indicó una fuente cercana a Cúneo Libarona.
También en este organismo al que la política siempre mira con atención e interés, hay una instancia relacionada a los procesos de investigación que se abren cuando se radican denuncias contra los jueces.
En la actualidad hay 253 investigaciones sobre jueces vigentes en el Consejo de la Magistratura, en la Comisión de Disciplina. Cada denuncia se asigna a un consejero para que analice el caso. En tanto, en la Comisión de Acusación hasta octubre pasado había sólo 19 casos vigentes.
Cuando una denuncia contra un magistrado ingresa, se define a qué comisión es remitida, si por la irregularidad atribuida que debe investigarse corresponde una sanción (Comisión de Disciplina) o si la gravedad del hecho amerita avanzar hacia un juicio político, esto es la Comisión de Acusación.
Lo que pretende el ministerio de Justicia es que no se archiven las denuncias por plazos cumplidos sin ningún tipo de tratamiento. “Los plazos no deben vencerse, los procesos de investigación respecto al accionar de los jueces deben tener el tratamiento que corresponde”, expresaron fuentes oficiales.
Al respecto, desde el Consejo de la Magistratura se señaló que cada denuncia ingresada y asignada a un consejero “siempre tiene algún tipo de movimiento y medidas solicitadas, después se resuelve si hay elementos para avanzar o no”. Son 289 los casos que fueron desestimados y resueltos, según consta en la información oficial.