El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el cierre de Télam que se produjo este lunes es «definitivo y total». Además, dijo que esta semana el Gobierno va a informar «el plan» de cierre, así como «el destino de los empleados».
En esa misma línea se montaron los dirigentes políticos libertarios y del ala dura del PRO que militan el cierre y disolución de la agencia de noticias y de publicidad estatal.
Pero otras fuentes del Gobierno le aseguraron a Clarín que el plan oficial todavía no fue aprobado y que se barajan diferentes alternativas, que van desde el cierre total que informó Adorni, hasta una reorganización con cambio de nombre de la empresa, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, pero manteniendo el servicio de agencia de noticias y la venta de publicidad, quizás en unidades separadas y hasta con un posible ingreso de inversores privados.
«En 2018 la gestión macrista de (Hernán) Lombardi despidió a 354 empleados, el 40% del total, con indemnizaciones millonarias. Pero la Justicia laboral ordenó la reincorporación de la mayoría de ellos, así que ahora tenemos casi la misma cantidad de empleados que en aquella época y el Estado malgastó sumas millonarias. No podemos repetir ese mismo error», aseguró una fuente oficial a Clarín.
Hay un grupo de técnicos que trabaja con el interventor Diego Chaher para presentar un plan esta misma semana al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para resolver qué hacer con Télam. Y el lunes se implementaría esa decisión, según confiaron fuentes oficiales a Clarín. Aunque esos tiempos se podrían modificar.
Los 781 empleados de la agencia estatal no pudieron ingresar a trabajar desde este lunes, ya que el Gobierno valló las puertas de ingreso y puso policías «para evitar desmanes en el interior de las sedes», dijo una fuente del Gobierno. Pero además bloqueó el sistema y todos los empleados recibieron un comunicado del interventor Chaher en el que se les anuncia que fueron «dispensados» de prestar el servicio esta semana.
Esa «dispensa laboral» es con goce de sueldo, así que no les van a descontar estos días que no trabajen, por una decisión oficial.
«Si nosotros supiéramos que hay un cierre definitivo, ya estaríamos con otro plan de lucha», aseguró una alta fuente gremial a Clarín. Y agregó: «Pero tenemos la expectativa que haya una reestructuración organizativa, tal como ocurrió con el anuncio del cierre del INADI, cuyo personal quedó trabajando dentro del Ministerio de Justicia. Por eso, todavía no lanzamos un paro ni la toma de los edificios donde funcionaba Télam, como hicimos en la gestión de Lombardi».
De hecho, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), Agustín Lecchi, había ingresado en una de las sedes centrales de Télam el lunes a la madrugada, junto con un pequeño grupo de trabajadores, poco antes de la llegada de la policía y de que vallaran los ingresos principales prohibiendo el ingreso del personal.
«Pero decidimos salir, porque nuestra intención no era tomar los edificios, sino preservar el patrimonio público», le aseguró Lecchi a Clarín. Y añadió: «Por eso también iniciamos un acampe, del lado de afuera de la puerta de Télam».
Los límites de la intervención a Télam
El Decreto N°117, del 2 de febrero pasado, dispuso la intervención de todas las empresas de medios públicos del Estado nacional: Télam, Radio y Televisión Argentina (Radio Nacional y TV Pública), Educ.ar y Contenidos Públicos (Encuentro, Pakapaka y DeporTV).
Esas empresas quedaron bajo la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto.
A su vez, el interventor designado para los medios públicos fue Diego Chaher y el interventor adjunto era Diego Marías, quienes tenían «en forma conjunta» las mismas facultades que tenían los directorios de todas esas empresas.
Hasta esta intervención, Télam seguía bajo la conducción de una funcionaria kirchnerista que había sido designada en la gestión de Alberto Fernández: Bernarda Llorente, esposa del exministro de Defensa, Jorge Taiana.
Pero el jueves de la semana pasada renunció Marías, así que el interventor Chaher ahora quedó como el hombre fuerte de los medios públicos, ya que podrá tomar las decisiones por su cuenta -con la aprobación de González Botto y Posse-, sin la necesidad de estar acordando todo con quien respondía al ala dura del macrismo en el PRO.
Chaher es un abogado mendocino especializado en encontrar fórmulas jurídicas para las decisiones que toman quienes lo contratan. Eso hizo durante dos décadas en el Grupo América, donde fue gerente de Asuntos Legales de la empresa de Daniel Vila, José Luis Manzano, Daniel Hochbaum y Claudio Belocopitt. Antes también era uno de los dueños de ese grupo de medios el empresario Eduardo Eurnekian, quien fue durante varios años jefe de Posse y de Milei.
La intervención de las empresas públicas del sector de las comunicaciones es por un año, con la posibilidad de prórroga por parte del jefe de Gabinete.
Y se trata de una intervención que el Gobierno pretende realizar como una transición hasta que esas empresas sean privatizadas, como plantea el proyecto de Ley ómnibus, o directamente disueltas, como reclamó el diputado Hernán Lombardi (PRO), exsecretario de Medios y Contenidos Públicos en la gestión de Mauricio Macri.
Télam funcionó hasta este lunes como un mayorista de noticias, que difundía 500 notas (cables) por día a más de 800 medios de comunicación a los que les prestaba servicio, junto con unas 200 fotos diarias de los más diversos acontecimientos, desde un partido de fútbol hasta la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que realizó el viernes pasado Javier Milei.
Además, era la encargada de implementar, controlar y facturar la distribución de la publicidad oficial del Gobierno nacional, hasta que Milei decidió suspender la pauta oficial por un año.
Para realizar todas esas tareas, Télam tiene 781 empleados, la mayoría en planta permanente, distribuidos mayoritariamente en sus dos sedes en la ciudad de Buenos Aires, ubicadas en Bolivar 531 y avenida Belgrano 347, que este lunes amanecieron valladas para prohibir el ingreso de sus empleados. También tiene corresponsalías en todo el país, incluso en la Antártida,
Habrá que ver qué camino toma el Gobierno, donde las diferentes fuentes oficiales señalaron a Clarín que se van a tomar esta semana para debatir los planes y recién el próximo lunes se anunciaría cuál será esa decisión. Aunque con la dinámica que tomó este conflicto, los tiempos se podrían modificar.