En medio de la polémica tras la oficialización del despido de 200 empleados de la empresa estatal de agua AySA, el Gobierno insistió este miércoles en su idea de privatizarla al advertir que las cesantías son parte de la «puesta en valor». Este miércoles, el sindicato de Obras Sanitarias llamó a un paro por 24 horas para el próximo lunes 11.
Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien defendió la iniciativa de privatizar AySA y apeló a un particular ejemplo para referirse a los despidos: «Esto como cuando vendés tu auto. Cuando te lo vienen a ver se lo mostrás lavado, sin problema de chapa ni de pintura. Con las empresas pasa lo mismo», dijo en la habitual conferencia de prensa.
AySA, que durante la gestión de Alberto Fernández fue dirigida por Malena Galmarini, es una de las empresas que el presidente Javier Milei dijo que quiere privatizar.
«Dentro de las empresas a privatizar, o que el presidente tiene la intención de que no sigan siendo parte del patrimonio estatal, hay varias que hay que ponerlas en valor y hacer que funcionen de manera más eficiente. Esto no es ‘que se arregle el que viene’ porque sino el perjuicio argentino va a ser mucho mayor porque la empresa va a tener mucho menos valor cuando se la quiera vender», siguió el portavoz.
En esa misma línea, Adorni dijo que el mismo modus operandi seguirá en «otro montón de empresas que, independientemente que se privaticen o se tenga esa intención, se van a tratar de sanear o que el contribuyente deje de sostener cosas que no debe».
Había sido Milei quien, antes de asumir al frente del Ejecutivo, dijo que apuntaba a privatizar los trenes, AySA y los medios públicos.
«AySA era Aguas Argentinas, era privada y funcionaba muy bien. Cuando los ferrocarriles eran privados, eran de los mejores del mundo. Todo lo que hace el sector público lo hace mal», dijo Milei en noviembre pasado después de insistir que «todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estarlo».
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El presidente electo también prometió un «aumento de tarifas gradual» en los servicios.
La consulta a Adorni sobre el destino de AySA surgió tras la oficialización este martes de los 200 despidos. Como informó Clarín, unos cien telegramas ya fueron enviados y en las mismas horas se notificará a la misma cifra de empleados, en un proceso de ajuste que despertó rumores y alertas sindicales que advierten sobre un plan de recortes de planta de otros mil trabajadores.
Desde la empresa, que está virtualmente intervenida por la jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse, aseguran que los 200 despidos ya efectivizados corresponden a personal sumariado, con inasistencias injustificadas o que eran puestos políticos que respondían a Galmarini.
El sindicato de trabajadores de AySA va al paro
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) realizó este miércoles una asamblea de 300 personas. Allí, el secretario general José Luis Lingeri aseguró que el sindicato presentó a la nueva dirigencia «un plan integral para equilibrar la empresa y proteger los empleos», pero no recibió respuesta.
«Frente a la acción intempestiva de despidos y acciones intimidatorias a los compañeros y compañeras», el gremio llamó a un paro por 24 horas para el lunes próximo. En ese período sólo dejará en funcionamiento las guardias mínimas.
Además, Lingeri denunció que el Gobierno intenta «asfixiar a la empresa»: “No les doy tarifa, no les giro plata y tenemos que pagar los compromisos de los aumentos que se están generando”.
Para el gremio, la administración de Javier Milei apunta a «destruir la columna vertebral que fue históricamente el movimiento obrero, ir por los sindicatos, las obras sociales, con medidas de ajuste«.
Según explicó Lingeri, el Gobierno parte de la idea equivocada de que «las gestiones pasadas han incrementado el personal innecesariamente», porque entre 2006 y 2017 la dotación se mantuvo estable, y solo se sumaron 1.000 trabajadores a la planta permanente cuando se incorporaron a AySA 9 partidos del conurbano que dependían de ABSA y que se encontraban con servicios obsoletos.
Fueron 3.400.000 habitantes que se sumaron a la prestación de los servicios “sin incremento alguno del presupuesto”, enfatizó el dirigente.
Por otro lado, Lingeri alertó que el Tesoro no hizo ninguna transferencia desde diciembre para cubrir gastos operativos, lo que generó que 2.000 trabajadores de cooperativas que se encontraban bajo los programas Agua y Cloaca + Trabajo fueran desvinculados.
Despidos en AySA
El Gobierno oficializó ayer 200 despidos en la empresa estatal de agua AySA, la compañía de servicios que estuvo a cargo de Malena Galmarini durante el gobierno de Alberto Fernández. El proceso de ajuste despertó rumores y alertas sindicales que advirtieron sobre un plan de recortes de planta de otros mil trabajadores.
AySA tenía en su conducción a Marcelo Papandrea, un ejecutivo con terminal política en la esposa del exministro de Economía Sergio Massa y que quedó al frente en el comienzo de la gestión de Milei, hasta la semana pasada que renunció. La empresa quedó virtualmente intervenida por la Jefatura de Gabinete, que comanda Nicolás Posse.
Fuentes de la compañía aseguraron que los 200 despidos ya efectivizados corresponden a personal sumariado, con inasistencias injustificadas o que eran puestos políticos que respondían a Galmarini.
Desde el sindicato de Obras Sanitarias, cuyo titular es José Luis Lingeri -con injerencia en el directorio de AySA- reconocieron los 200 despidos, entre ellos la salida de unos 20 cargos políticos, pero no aceptaron ni dieron constancia sobre la existencia en la lista de trabajadores con irregularidades, como habría detectado la nueva gestión.
La primera tanda de despidos comenzó a llegar por correos ya este lunes. En paralelo, había reuniones entre el sindicato y la empresa en las que se presentaron propuestas que incluían apertura de retiros voluntarios y casos de jubilaciones anticipadas.