Las auditorías que lleva adelante el Gobierno tras conocerse el escandaloso entramado con los seguros oficiales detectaron llamativas renovaciones de pólizas, con la participación de los mentados «brokers», a pocas semanas que Alberto Fernández dejara el poder.
Es el caso del convenio firmado en el Ministerio de Defensa para dar cobertura a toda la flota automotor, por más de $800 millones. El relevamiento por ahora sólo detectó la participación de un broker en la cobertura de los rodados de la Armada, que fue desafectado de su función el 29 de febrero pasado.
En todos los casos se trata de contratos con Nación Seguros, tal como estipula el decreto de 2021 firmado por Alberto Fernández que obliga a los organismos públicos a contratar a esta firma aseguradora. Sin embargo, las evaluaciones internas pudieron detectar que, además de Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, actuaron otros intermediarios en la gestión de los seguros con organismos públicos.
Según informaron en Defensa, el ex ministro Jorge Taiana ffirmó el 3 de noviembre pasado un convenio para renovar la póliza que cubría a la flota automotor de las tres fuerzas y del Estado Mayor Conjunto. También figura la rúbrica de Alberto Pagliano, titular de Nación Seguros, amigo del expresidente y hoy investigado en la causa judicial que sustancia el juez federal Julián Ercolini. El magistrado ordenó en las últimas horas «27 procedimientos» en distintas aseguradoras que intermediaban en los contratos con el Estado.
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En su artículo 7 el documento reconoce que la contratación «se hará en forma directa» entre el organismo y Nación Seguros «sin la participación de intermediario alguno». Cerca del ex canciller de Cristina Kirchner rechazaron las suspicacias pero admitieron que por tratarse de una póliza grande superaba los $800 millones al año.
El rastrillaje realizado por la gestión de Luis Petri descubrió la participación de un «broker», en este caso, en los seguros de la Armada. Un documento del 25 de octubre de 2022, firmado por el vicealmirante Jorge Traina, y dirigido a las autoridades de Nación Seguros, informa que se autoriza a «Diego Savio como productor» y «a realizar las gestiones administrativas y de siniestros que de estas pólizas se desprenden». A la postre, resulta un nuevo «broker» en las operaciones de los seguros oficiales.
«Es una hoja suelta», se excusaron cerca de Taiana para intentar relativizar la denuncia aunque adujeron que cada fuerza operaba en forma «descentralizada» en este asunto. «Siempre tuvimos la postura que no haya intermediarios», argumentaron y deslizaron que prorrogaron el convenio porque vencía el 31 de octubre.
Una resolución del titular de la fuerza naval, Carlos María Allievi, del pasado 29 de febrero dio de baja ese vínculo. En el documento se pone de manifiesto que «el señor Diego Savio, prestador a través de Nación Seguros, gestionó pólizas de la Armada» pero las mismas «vencieron el 31/12/2023 y no fueron renovadas«. al tiempo que se consignó que el «citado prestador a partir del 10 de enero del corriente año, no está autorizado a gestionar ningún tipo de póliza de seguro con el Estado mayor general de la Armada».
En el oficialismo, con todo, remarcaron que son muchas las reparticiones gubernamentales que antes de terminar el mandato de Alberto Fernández registraron estas prórrogas de los seguros, en ocasiones con valores superiores a los del mercado, y con la intervención de unos pocos productores asociados a Nación Seguros.
Esta afirmación es compartida por un experimentado agente de seguros consultado por este diario: «Son los mismos 5 o 6 brokers que aparecen en estas pólizas con organismos públicos, que representan el 30% del negocio de los seguros en todo el país», conjeturó y reconoció que tamaña masa de dinero financia «desde hace décadas una caja de la política de la que se nutren en el peronismo pero también en el PRO».