Un documento que autoriza la unificación de la cobertura de la ART en el exministerio de Agricultura puso en evidencia la influencia de uno de los más conocidos brokers que operaba con los seguros oficiales, y que además fue aportante de la campaña que llevó a Alberto Fernández a la Casa Rosada.
Se trata de Oscar Castello Mercuri, uno de los más conocidos productores que intermedian entre los seguros del Estado y que en el 2019 fue el mayor aportante privado a la campaña presidencial de Fernández.
En los registros de aportes de campaña de 2019 figura un desposito de la aseguradora de Castello Mercuri. El 26 de septiembre de 2019 hizo un pago de 1.000.000 de pesos, a valores de ese entonces, para las elecciones generales del orden nacional.
Pero, según pudo averiguar este diario de fuentes oficiales, hasta 2022 estuvo como agente en Corredores Viales -que administra la concesión de las rutas nacionales y hoy depende de Jefatura de Gabinete- pero aún mantiene vinculación con otros organismos públicos y municipios bonaerenses. También ha brindado cobertura al parque automotor del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El expresidente se defendió de las acusaciones de corrupción y dijo que tiene «la tranquilidad» de no haber cometido «ningún hecho indebido».
Pero un documento fechado el 15 de noviembre de 2021, al que tuvo acceso este diario, unifica la cobertura de Provincia ART con las distintas áreas de influencia de la cartera de Agricultura poniendo en evidencia la influencia del citado broker. «Junto con Héctor Martínez Sosa (el marido de la secretaria de A. Fernández) y otros pocos más son los productores que más cuentas tienen en el Estado», confía una fuente del sector consultada.
Firmado por el entonces ministro Julián Domínguez (Agricultura) , designa a Castello Mercuri como representante de este ministerio» y de los organismos que dependen del mismo -Instituto Nacional de las Semillas, Instituto de Vitivinicultura, INTA o SENASA, por ejemplo- «quedando sin efecto las contrataciones hechas con anterioridad en cualquiera de los contratos en vigencia, a suscribirse o a renovarse que tengan que ver con la intermediación en materia de riesgos de trabajo».
En diálogo con este diario, Dominguez argumentó que «en 2020 hubo un accidente de un trabajador del SENASA y se decidió cambiar (la ART) y este productor era el mejor ponderado» por la aseguradora al tiempo que indicó que los montos del contrato «son los regidos por la ley».
Es decir, el texto blanquea de alguna manera la participación de estos agentes en contratos entre dos entes públicos: la aseguradora de riesgos del trabajo del Banco Provincia y un ministerio que, en 2022 con la llegada de Sergio Massa a Economía, pasó a ser secretaría. Algunas versiones dan cuenta que desde ese momento el productor en cuestión fue perdiendo influencia a manos de «Paris Broker», otra conocida aseguradora con buenos vínculos con el excandidato de Unión por la Patria.
Como sea, el peso de Castello Mercuri en el ministerio y los organismos de su jurisdicción fue notorio durante varios años. Fuentes del sector aseguran que por esos contratos se pagaban comisiones cercanas a los $30 millones mensuales y que esa suma salía de las arcas de la propia ART.
El documento en cuestión esta dirigido a Fernando Zack, que es un dirigente vinculado al gobernador Axel Kicillof en esa firma del grupo BAPRO. Esa entidad, según se pudo averiguar, cuenta con una estrecha relación con varios de los productores que operan con los distintos organismos y municipios y cuyos nombres fueron ventilados en este supuesto entramado de negocios con los seguros oficiales, revelado por Clarín, y que hoy investiga la Justicia en dos expedientes. En la firma estatal bonaerense detallaron que «es el cliente el que designa al broker que participa en los distitnos contratos».