La Coalición Cívica salió a cuestionar la designación del Procurador General del Tesoro por parte del presidente Javier Milei, debido a una supuesta relación con la ex presidenta Cristina Kirchner, y exigen su renuncia.
Maximiliano Ferraro, presidente del partido fundado por Elisa Carrió, publicó una serie de mensajes con duras críticas al flamante jefe de abogados del Estado de la República Argentina. «¿La impunidad avanza?», se preguntó el diputado en X (ex Twitter).
«O sea, el actual Procurador del Tesoro del gobierno, jefe de abogados del Estado de la República Argentina, que supuestamente debería estar defendiendo los intereses del Estado Nacional, fue una especie de perito de parte y asesor en la defensa a Cristina en la causa en la que fue condenada a 6 años de prisión por desviar fondos de obra pública en perjuicio del Estado Nacional», expresó.
La referencia es a la causa de Vialidad, donde la Justicia la encontró responsable del delito de administración fraudulenta con una pena de seis años de prisión y que este jueves ante la Cámara Federal de Casación Penal, su defensa expondrá los argumentos en base a los cuales sostiene que no hay elementos jurídicos para acusar a la ex presidenta.
Barra fue designado al frente del organismo en diciembre y los cuestionamientos por su trayectoria política durante el gobierno de Carlos Menem, entre otros, no tardaron en comenzar a escucharse.
Ferraro también se hizo eco de esto, recordó su participación durante la década del 90 en el diseño de «la estrategia y artilugios legales para que los aeropuertos sean privatizados por decreto y sin Ley del Congreso», y el “dictamen paralelo” que autorizó el «fraudulento pago millonario ordenado por María Julia Alsogaray para la empresa Meller que imprimía las guías telefónicas».
Maxi Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. Foto Federico Lopez Claro. «El escándalo derivado de esta defraudación al Estado Nacional convalidada por la Corte menemista de ‘mayoría automática’ derivó en la destitución de los jueces Boggiano y O’Connor, la renuncia de Vázquez y Nazareno, y condenas por corrupción para los funcionarios implicados en negociaciones incompatibles con la función pública», detalló Ferraro.
El titular de la CC enumeró que al frente de la Procuración General del Tesoro, Barra deberá defender los intereses de la Nación con el caso YPF que involucra a Cristina Kirchner, «por el cual debemos pagar más de 16 mil millones de dólares, bajo amenaza de embargos».
Además, se refirió a «la causa civil que debe impulsar el gobierno por 22.300 millones de pesos contra Cristina Kirchner, como un pedido de resarcimiento por los daños causados con las contratos de Vialidad Nacional con Lázaro Báez».
«Hay cosas que nunca cambian en el Dr. Barra: ser escriba al servicio de la impunidad y su defensa.Con impunidad la única libertad posible es la de los corruptos que se enriquecieron a costa de 50% de pobres», concluyó el diputado Ferraro.
Quién es Rodolfo Barra
El elegido por Milei para ser procurador del Tesoro no es un nombre nuevo en la política. Con pasado en la Corte Suprema y como funcionario de Carlos Menem, el presidente buscó en Barra un funcionario de peso y experiencia jurídica en un puesto clave para el devenir del paquete de reformas. Rápidamente, su nombramiento generó el rechazo del Foro Argentino contra el Antisemitismo.
Retirado de la primera escena política desde 2002, cuando ocupó su último cargo público como Auditor General de la Nación, Barra nunca perdió su vigencia en el ámbito jurídico. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCA y especializado en Derecho Administrativo en la UBA, se destacó especialmente en la década del 90 como uno de los arquitectos jurídicos del menemismo.
Carlos Menem, Rodolfo Barra y Oscar Camilion durante la presidencia del riojano. Foto: Archivo – DyNDurante los 90, ocupó distintos cargos en el Gobierno o vinculados a Menem: viceministro de Obras Públicas con Roberto Dromi; viceministro del Interior con Julio Mera Figueroa; juez de la Corte Suprema de Justicia, convencional constituyente en la Asamblea reformadora del 94, ministro de Justicia y asesor del senador menemista Jorge Yoma, de La Rioja.
En todos los lugares que estuvo se destacó por ser uno de los cerebros del armado jurídico de las estrategias políticas del menemismo más acérrimo. De hecho, Menem lo propuso en 1999 como auditor general de la Nación (AGN) para controlar al gobierno de Fernando de la Rúa, cargo que ocupó hasta febrero de 2002.
Su vínculo con el riojano fue tan fuerte que nadie defendió como él desde el derecho una segunda reelección de Carlos Menem. Hasta propuso convocar a los mejores juristas argentinos y extranjeros para que opinaran sobre la cláusula constitucional que impidió un tercer turno del peronista.
Su alejamiento como ministro de Justicia, en julio de 1996, se produjo en medio de un escándalo: una publicación había revelado su militancia juvenil en la organización nacionalista de ultraderecha Tacuara.
Este antecedente en una organización pronazi, le valió el repudio del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), que reclamó que se dé marcha atrás con su designación.