Javier Milei definió a Sandra Pettovello como “una máquina de encontrar curros”. El respaldo presidencial, que llegó semanas después de que quedaran expuestas las diferencias entre la superministra de Capital Humano y el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, tiene una explicación que va más allá de la amistad profunda que comparten el mandatario y la funcionaria. Desde su asunción, Pettovello ofreció al «plan motosierra» del Gobierno la suspensión de 52.198 planes sociales.
El miércoles 6, en el límite de la ventana legal, el ministerio de Capital Humano pagó el Potenciar Trabajo a los casi 1.200.000 beneficiarios. Los movimientos sociales denunciaron que cerca de 7 mil personas no recibieron su haber sin ninguna explicación legal y se preparan para intensificar su plan de lucha. «Los suspendidos se enteran, porque no cobran. No hay preaviso», se quejaron en el consejo directivo de la UTEP.
La depuración del padrón del Potenciar Trabajo continuará. En la sumatoria se cuentan las bajas preventivas que se efectivizarán en abril, cuando se pague el haber de marzo. Así lo resolución 2024-115 con fecha del 1 de marzo estableció nuevas suspensiones, que surgieron a partir del entrecruzamiento de datos oficiales ordenadas a partir de la investigación del fiscal Guillermo Marijuán sobre el principal programa social del Estado, que el Gobierno tiene previsto repartir entre Trabajo y Niñez y Familia. «Solo el 1,3 por ciento de los beneficiarios del Potenciar tuvo salida por empleabilidad, el resto fue suspendido o dado de baja por irregularidades», insisten en el Gobierno.
En enero, la ministra de Capital Humano había anunciado la suspensión de los beneficiarios que cobraran jubilaciones o pensiones; prestación por desempleo; facturaran en la categoría C o superior del monotributo; fueran trabajadores autónomos; residieran en el extranjero o tuvieran un auto de menos de 10 años de antigüedad. De las 52 mil bajas, 25444 se produjeron por incompatibilidades detectadas por ANSES; 4500 porque figuraban en la nómina de Empleo Público; y 22254 por entrecruzamientos con la dirección nacional de Migraciones que detectó viajes al exterior.
Las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP señalan que el Gobierno replica con los programas sociales el mismo modus operandi que en otras áreas sensibles del Estado. “Primero corta, después investiga”, sostienen. Destacan que la administración de Milei reproduce el mismo comportamiento para medicamentos o para cortar el Fondo de Integración Socio Urbana.
Enseñan como prueba de ese argumento que, en la resolución citada, el Gobierno suspendió preventivamente a 236 beneficiarios que no figuran en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys).
Los movimientos sociales del peronismo adelantaron que replicarán una jornada de movilizaciones en todo el país el miércoles de la semana que viene. En la UTEP, que conduce el dirigente del Movimiento Evita Alejandro Gramajo, ponen el foco en la asistencia a los comedores, un tema más urgencia y que despierta más solidaridades que los planes sociales.
Las organizaciones del panperonismo, que ya marcharon junto a los piqueteros de izquierda, preanuncian medidas cada vez más fuertes contra el gobierno que desafiarán el protocolo antipiquetes.
La agrupación Somos Barrios de Pie, que conduce el ex funcionario del FdT Daniel Menéndez, empuja un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria, que obligaría al Ejecutivo a reasignar partidas y a comprar alimentos a cooperativas. En rigor, la emergencia -declarada en 2019- se encuentra prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025.
Más allá de los alimentos, la tensión entre movimientos sociales y el Gobierno va en aumento. En los últimos días, el Gobierno eliminó 300 unidades de gestión, que respondían a los movimientos sociales, donde los beneficiarios del Potenciar hacían sus contraprestaciones y tenían la potestad de fiscalizar el cumplimiento de las tareas. El Ejecutivo, además confirmó que actualización de los planes ya no estará asociada al salario mínimo vital y móvil.
Pettovello, además, el lunes ofreció al «plan motosierra» del Presidente 59 centros de referencias en todo el país. Se trata de las dependencias físicas del ex ministerio de Desarrollo Social en todo el país, clave por su capilaridad. Para el beneplácito de la ministra, Alicia Kirchner, ex titular de la Cartera cargó contra ella.
El equipo de Pettovello y de la Torre sigue sufriendo altas y bajas. Después de la salida Agustín Sánchez Sorondo y Pablo Rodrigué, quienes estaban a cargo del Potenciar y de la interlocución con los movimientos sociales- se publicó este jueves en el Boletín Oficial el nombramiento de Agustín Schiavi, como subsecretario de Gestión Administrativa. Su último trabajo en la función pública había en jefatura de Gabinete, primero con Juan Manzur; y luego, con Agustín Rossi. Antes trabajó en las áreas de Turismo durante el gobierno de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner. “Es un técnico, un funcionario de carrera”, lo elogian en Capital Humano.
En tanto, Rodrigo Aybar dejó esta semana la subsecretaría de Economía Social. El funcionario -que responde políticamente al intendente de 3 de Febrero Diego Valenzuela, ex compañero de la universidad del Presidente- se hizo cargo de la subsecretaría de Vivienda del ministerio de Economía, un área sin tantos sobresaltos, porque está paralizada como el resto de la obra pública.