En la primera reunión desde que asumió, el presidente Javier Milei recibirá esta semana a la cúpula del Episcopado. El encuentro se producirá en momentos en que en el Gobierno hay cierto malestar con la Iglesia porque considera que sólo le está propinando críticas y no valorando sus esfuerzos para sanear la economía y transparentar el uso de los fondos públicos.
En la Casa Rosada dicen que la actitud del clero local contrasta con la disposición con la que el Papa Francisco lo recibió a Milei en el Vaticano en febrero pasado, cuando ambos se estrecharon en un abrazo en la basílica de San Pedro, y el inusual tiempo para una visita oficial -más de una hora- que el pontífice le destinó a la posterior reunión con el mandatario.
En la cúpula eclesiástica nacional niegan una actitud beligerante y señalan que declaraciones de estamentos del catolicismo vernáculo -como una reciente declaración de los obispos del noreste sobre la situación en su región y de los curas villeros acerca del recorte de fondos para obras en los barrios populares- no constituyen la posición oficial de la Iglesia.
Aclaran que la única vez que hicieron un pronunciamiento crítico fue ante la interrupción a fin de año del envío de alimentos a los comedores comunitarios -el nuevo gobierno había puesto en marcha una auditoría-, una carencia que -dicen- de ninguna manera podían pasar por alto. Pero el episodio de los comedores no terminó allí.
Un posterior acuerdo con Cáritas para el suministro de fondos para sus comedores -que abarcó también a las iglesias evangélicas- obligó a esa institución a aclarar que no se iba a prestar a ser parte de una maniobra del Gobierno para reemplazar la labor que también realizan muchos movimientos sociales.
Esta semana los obispos del noreste denunciaron “políticas prebendarias y clientelísticas” que constituyen una afrenta a la dignidad, y el hecho de que “en algunas de nuestras provincias el caudillismo es fuerte”, además de una “violencia incontrolable”, producto en buena medida del narcotráfico y las adicciones.
Los prelados -una decena- critican tanto “los sistemas estatistas y populistas” como “la apertura indiscriminada anárquica a los mercados” y a la vez demandan “políticas de promoción más vigorosas, que ayuden a salir de la miseria y la indigencia a grandes masas de pobres”.
Por lo demás, los obispos deslizaron su preocupación por el fuerte recorte del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) destinado a obras en los barrios populares de todo el país que dispuso el gobierno tras atribuirle un manejo discrecional y poco transparente.
En la Iglesia afirman que, si hubo alguna irregularidad esta debe ser corregida, pero consideran que el FISU no debe ser reducido a su mínima expresión. A su vez, los curas villeros calificaron la reducción como “un golpe muy duro para 5 millones de vecinos”.
Pero en el Gobierno consideran que la Iglesia debería subrayar explícitamente la necesidad de que se dote de mayor transparencia al programa, máxime porque hasta el gobierno anterior estaba a la cabeza una dirigente cercana a Juan Grabois.
En la Iglesia dicen que las sospechas en torno a los manejos del FISU estaría afectando la relación de Grabois con el Papa, particularmente irritable ante cuestiones que tienen que ponen en duda la transparencia económica.
Grabois se defiende citando al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, quien destacó la eficiencia y transparencia en la gestión de Miño y el hecho de que Grabois no era funcionario.
Los roces y malentendidos tratarán de disiparse en la reunión de Milei con la cúpula eclesiástica, postergada desde diciembre cuando los obispos le pidieron una audiencia para transmitirle los habituales saludos navideños.
Se descuenta que los obispos le pedirán al presidente una mayor atención de los pobres y de la clase media y los jubilados, particularmente golpeados por el ajuste y una profundización del diálogo político.
Por su parte, Milei buscaría compensar las críticas con su conocida oposición al aborto, tal como lo hacía el entonces presidente Carlos Menem, pero la interrupción voluntaria del embarazo ya es ley.
De todas maneras, ni antes ni ahora la oposición de un presidente al aborto frenó la crítica de los obispos por aspectos de la gestión gubernamental. Ello denota -concluyen las fuentes- desconocimiento de la Iglesia.