La Fuerza Área Argentina debería contar en su flota de aviones con seis IA-63 Pampa III, jets de entrenamiento con capacidad de ataque a tierra. No están. A pesar de que el Ministerio de Defensa encargó y pagó 69.509.797 millones de dólares a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) para adquirir todas esas aeronaves, la empresa estatal incumplió el contrato. Solo construyó el treinta por ciento de lo pactado. La entrega quedó trunca.
Hoy están volando tres de los seis IA-63 Pampa III que tanto esperan los pilotos de combate argentinos. El cuarto jet de ese modelo voló poco. El miércoles 17 de enero pasado, el IA-63 Pampa III matrícula A-711 realizó un aterrizaje de emergencia en la pista 02 de ensayo de la Escuela de Aviación Militar (EAM) de la ciudad de Córdoba. Los dos pilotos a bordo no lograron desplegar el tren de aterrizaje, por lo que se vieron obligados a tocar el pavimento con riesgo para sus vidas, después de hacer maniobras para evitar accidentes de todo tipo, como la descarga de combustible en el aire. El jet tenía su mecánica fallada. No hubo víctimas ni heridos. Solo susto. Y preocupación por la certificación de la calidad de lo producido y entregado por FAdeA, en años K, presidida por dirigentes de la agrupación La Cámpora.
El contrato antes mencionado entre el Ministerio de Defensa y FAdeA se había firmado en el 2021 y se financió a través del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF).
No es el único incumplimiento de este tipo detectado por las actuales autoridades políticas de Defensa tras realizar una auditoría para relevar lo realizado por la anterior gestión, el Gobierno de Alberto Fernández y los Kirchner, o viceversa. Antes de Petri, fueron ministros de Defensa Jorge Taiana y Agustín Rossi, entre otros.
Clarín tuvo acceso a documentación oficial, e información brindada por fuentes oficiales al tanto de esos análisis de administración financiera. La conclusión es que buena parte del dinero público destinado a equipar las Fuerzas Armadas se perdió en estados contables que están aun bajo pesquisa civil.
El actual ministro de Defensa, Luis Petri, espera la finalización de estos estudios para determinar si se detectaron actos de desidia, corrupción a denunciar en los tribunales, o financiación irregular vinculada a la política para fondear empresas estatales deficitarias. Los ejemplos sospechosos son diversos.
Aviones sin fabricar, un stand “fantasma” en Tecnópolis y hasta la utilización del mayor astillero de Latinoamérica, TANDANOR -capaz de reparar buques de guerra, o reparar moles de varias miles de toneladas de peso que navegan por los mares más bravíos, como el rompehielos ARA Almirante Irízar-, a la que se contrató para fabricar mobiliario básico para barrios “populares”. En los galpones de esa megaempresa se pasó a construir protectores de árboles, pérgolas, o bicicleteros que fueron entregados a buena parte de los intendentes K. El financiamiento para esos trabajos salió del ahora “célebre” Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), controlado por Fernanda Miño, una dirigente de la CTEP de Juan Grabois, investigada en la Justicia por posibles desmanejos de miles de millones de pesos tal vez gastados sin control.
Los casos de falta de cumplimiento de contratos para equipamiento de las Fuerzas Armadas, o el ahora considerado mal uso de la instalación estatal dedicada en otras épocas al servicio de armamento pesado y complejos, son varios.
Algunos ejemplos del mal uso del dinero público en el ámbito de la Defensa Nacional, se describirán a partir del próximo párrafo.
La misma fábrica FAdeA de los fallidos Pampa III fue contratada por la Fuerza Área para producir diez aeronaves IA-100. Se pagaron 10.051.796 millones de dólares, lo que equivale al 94 por ciento del material necesario para construirlas. Solo se concluyó el 3 por ciento del trabajo. El IA 100 no pasó aun la etapa de “prototipo”.
La Armada Argentina, por su parte, destinó 1.126.773.562 pesos para “poner en valor” a la Base Naval Puerto Belgrano. Se abonó así el 80 por ciento del contrato total firmado entre Defensa y el mayor astillero del país y de la región, TANDANOR. La obra fue ejecutada al momento de la auditoría encargada por la nueva administración es del 0%. Nada.
El Ministerio de Defensa también abonó a Astilleros Río Santiago 15.628.112 de dólares, a valores de septiembre del 2023, para construir un dique flotante en la Base Integral de Ushuaia. El FONDEF giró el total de la plata acordada para esas labores de ingeniería básica. Se ejecutó el 0 % de la obra.
En el Ministerio de Defensa inició un especie de “operativo de búsqueda” de un stand en la feria estatal Tecnópolis que supuestamente corresponde a ese organismo público. Si el stand existe, es un stand “fantasma”. A pesar de que tuvo un costo de cien millones de pesos, ningun funcionario de la actual administración logró tocarlo con sus manos. No está. Salvo que se haya desmantelado. La primera hipótesis es que nunca se diseñó, por lo que tampoco se montó, ni se recibieron las provisiones por las que sí se pagó esa cifra multimillonaria de la que tampoco habría rastros. Por el momento.
Consultado por Clarín sobre esos desmanejos financieros, el actual titular del Ministerio de Defensa, Luis Petri, afirmó que “el Fondo de Defensa, del que salió el dinero público para reequipar las fuerzas armadas, fue utilizado para otros objetivos durante el Gobierno anterior. Hemos encontrado innumerables incumplimientos de contratos. Estamos ahora terminando de analizar adónde fueron todos esos millones de pesos y de dólares. Queremos saber si se usaron para pagar las nóminas salariales de de las empresas de Defensa que tenían balances en rojo. O, lo que sería peor, si todo el dinero de contratos incumplidos no se desvió a cuentas usadas para cometer hechos de corrupción. También tenemos conocimiento de que financiaron trabajos que tendrían que haber mejorado las Fuerzas Armadas para obtener réditos políticos”.
¿Cómo se pueden haber usado presupuestos de Defensa para conseguir rédito político?
El ministro apunta a un contrato que vinculó al astillero TANDANOR con el Fondo Fiduciario Socio Urbano (FISU), controlado por la funcionaria Fernanda Miño, militante de la agrupación CTEP, liderada por Juan Grabois.
El FISU contrató como proveedor a ese astillero, el mayor de latinoamérica, hoy con mercado cautivo debido a que otros talleres de reparación de grandes embarcaciones de países vecinos están parados por problemas diversos.
¿Cómo es que TANDANOR ayudó al FISU, hoy desfinanciado por decisión de la Presidencia Milei, que argumentó que ese fideicomiso administró alrededor de 12 mil millones de dólares con controles laxos o nulos?
El astillero TANDANOR firmó un convenio con el FISU y la Secretaría de Integración Social y Urbana, la llamada SISU controlada por Miño, mediante el cual se transformó en proveedor de “Mobiliario Urbano” para ser entregado al Gobierno K.
El astillero, con capacidad instalada para realizar megaobras de metalmecánica naviera, pasó a producir Refugios de paradas de colectivos, bicicleteros (elementos para estacionar bicicletas), puentes peatonales y protectores de árboles, entre otros objetivos no tan desafiantes para una industria naval que tuvo otros objetivos en otras eras.
El convenio entre el FISU, el SISU y TANDANOR, al que tuvo acceso Clarín, estipuló en su cláusula quinta que el astillero cobraría por la construcción del mobiliario urbano 32.204.450 dólares. Así estaba especificada la cifra: en dólares.
Durante la segunda quincena de de marzo del 2022, TANDANOR le envió al SISU al menos tres facturas para que le depositen el monto del convenio por los trabajos de construcción de mobiliario urbano. Una de ellas, la número 0000-000-16883, solicitaba el cobro de “Dos mil trescientos treinta y cuatro millones cuarenta y seis mil quinientos millones de pesos”. EL SISU pagó.
Los bicicleteros, puentes peatonales de seis metros de largo, refugios de colectivo y protectores de árboles, entre otros elementos producidos por el gran astillero latinoamericano se entregaron a varios de los principales intendentes del conurbano bonaerense, todos oficialistas.
El ministro Petri sostiene que desvirtuó el objetivo de TANDANOR con ese convenio.
Y se pregunta “por qué el Ministerio de Defensa siguió contratando a empresas estatales para equipamientos de las fuerzas si esas mismas empresas ya habían incumplido contratos”.
La auditoría de su ministerio espera las conclusiones finales para obtener una respuesta.
Es probable que muchos de esos convenios terminen siendo pruebas iniciales de denuncias radicadas en la Justicia del fuero penal.
Las Fuerzas Armadas de la Argentina trabajan hoy como pueden, con carencias en su equipamiento para cumplir con sus objetivos constitucionales. Tanto en el Cielo, como en el Mar, y la Tierra.