En un clima de tensiones en el Congreso por el tratamiento del DNU de javier Milei, el Gobierno envió este jueves a los gobernadores y jefe de bloque del Congreso el nuevo proyecto pulido de la Ley Ómnibus que tiene 269, un tercio de los que tenía el proyecto original.
En la iniciativa figuran muchos de los artículos que ya habían sido negociados con la oposición antes de que fracasara la sesión y el oficialismo decidiera retirar la ley del Congreso. Aparece la delegación de facultades para el Presidente -acotadas a un año-, se avanza con la privatización de empresas y se propone una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones. También aparece un blanqueo laboral.
Las 177 páginas del proyecto mantienen la idea original de la Ley de Bases. “Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”, afirma el borrador del proyecto, al que accedió Clarín. La limitación a un año ya había sido negociada cuando se intentó votar la ley en febrero pasado.
En su artículo 7 aparece la privatización de empresas públicas, que la iniciativa redujo a tres compañías: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Sociedad del Estado.
Para otro paquete de empresas hay diferentes modalidades. Un esquema mixto, de privatización y concesión, a AySA, Correo Argentino, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Sociedad Operatoria Ferroviaria y el Yacimiento Carbonífero Río Turbio.
En el caso de YPF o el Banco Nación, “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societaria”.
En relación a las privatizadas, se establece a modo de contralor que “la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles”, y que también intervendrá la Sigen.
Uno de los puntos centrales tiene que ver con las jubilaciones y la nueva fórmula jubilatoria. La actualización de haberes según el proyecto sería mensual en lugar de los dos aumentos anuales vigentes por la ley actual que impulsó Alberto Fernández. «“Los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos», dice el proyecto. Y aclara que estará vigente desde el 1 de abril. Así, se evitarían pagar el costo de la alta inflación que hubo entre diciembre y marzo.
En el caso de la energía, buscan promover inversiones y no establecer precios de referencia para liberar los mercados. También hay un apartado referido a la competencia económica y se crea crea el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) que ya figuraba en el proyecto original.