Aunque sigue dejando desatados algunos momentos que hacen dudar de su decisión, Javier Milei parece haber asumido que conduce un gobierno en minoría y que esa condición lo obliga a trabajar mucho para conseguir los apoyos que necesita para sacar las leyes del Congreso.
Es un cambio muy importante con respecto a lo que ocurrió en sus primeros meses en el Gobierno, cuando mandó a la Cámara de Diputados una ley enorme que desconocían los propios legisladores de La Libertad Avanza. Es una obviedad, pero tal vez haya que decirlo: esos lujos pueden dárselos los gobiernos que cuentan con mayorías parlamentarias, y no los que no cuentan con bloques propios importantes.
Con ese fracaso en la valija, Milei optó por la negociación más tradicional y convocó a los gobernadores a dialogar sobre un nuevo proyecto de Ley Ómnibus, que el Gobierno pretende convertir en un dictamen de comisión para volver a llevarlo a Diputados y avanzar con su Pacto de Mayo. Está claro que, además de los gobernadores, tendrán que sentarse a conversar sobre ese proyecto de ley con los mismos legisladores, muchos de los cuales no responden a mandatarios provinciales.
La derrota en el Senado de esta semana, aunque fue un choque doloroso, le abrió una oportunidad al Gobierno. Allí quedó en evidencia que hay un muy amplio sector del radicalismo -el partido más odiado por Milei- que está dispuesto a apoyar al presidente libertario, incluso para defender un DNU como el número 70, un procedimiento que choca contra algunas de las cuestiones que defendió históricamente la UCR.
El Presidente notó ese detalle, y por eso ordenó elogiar a los senadores radicales en un comunicado emitido el jueves por la noche, y esa apertura siguió adelante con la reunión que tuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, con el jefe de bloque de Diputados radicales, Rodrigo de Loredo, que se había alineado con los cuatro gobernadores que salieron a marcar diferencias con el presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, que votó por el rechazo al DNU junto con el fueguino Pablo Blanco.
El radicalismo funciona como una confederación de partidos provinciales y Milei, si tiene intenciones de hacerlo, puede aprovecharse de esa situación, como hace cualquier presidente que nota que puede conseguir algo de un sector que hasta hace pocos meses su adversario y que seguirá siendo adversario en la próxima campaña.
Este nuevo camino que transita Milei es, se sabe, bastante trabajoso. Obliga a hacer cosas que uno no quiere hacer y a admitir costos que nadie quiere pagar. Pero es el único que les queda a los gobiernos en minoría: construir poder donde todavía no lo tienen.
Para hacerlo, además, Milei tendrá que darles poder a funcionarios que hoy todavía no lo tienen. Las herramientas para negociar tienen que estar en las manos de los negociadores. Si eso no ocurre, cualquier conversación se convierte en una tortura interminable. Para decirlo de otro modo: Milei puede seguir gobernando por Twitter, pero la política requiere que alguien de su equipo también maneje el WhatsApp.
No hay garantías de que esta nueva disposición del Presidente sirva para sacar las leyes que él quiere, o que considera clave para su Gobierno. Es una apuesta muy difícil, porque la principal oposición, el kirchnerismo, tiene los bloques más numerosos en las dos Cámaras y ya quedó claro que Cristina Kirchner está dispuesta a hacer valer ese número.
Sí se puede decir, sin embargo, que este giro servirá para darle al Presidente una fortaleza más consistente que la que le proporcionan los likes en las redes sociales. Si dialoga con gobernadores y legisladores, además de impulsar las leyes que prefiera, podrá intentar bloquear las iniciativas que lleguen desde el kirchnerismo y que, como bien se pudo ver en la derrota del DNU 70/2023 en el Senado, pueden seducir también a los heridos por los maltratos presidenciales.
Entre otras cosas, las conversaciones pueden servirle para salvar su DNU en la Cámara de Diputados. En ese caso, hay dos caminos posibles: la de máxima es que consiga los votos para aprobar el decreto. Pero si eso no ocurre, podrá intentar que la Cámara baja nunca trate la norma y echar mano a la estrategia que Cristina aplicó con Alberto Fernández en decenas de ocasiones: no refrendarle los decretos pero tampoco volteárselos. Algo es algo. ■