En medio de los tironeos por el megaDNU de Javier Milei tras el rechazo en el Senado, los diputados de la Coalición Cívica, partido de Elisa Carrió, presentaron un proyecto de Ley para privatizar 25 empresas del Estado de distintos sectores, entre los que se incluye Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, y Radio y Televisión Argentina.
La iniciativa del Presidente en la ley ómnibus proponía privatizar 41 empresas estatales. Luego, tras el debate en comisión ese número se acortó y ahora los borradores actuales que circulan de la nueva ley reduce ese número pero la Coalición Cívica reclama ampliarlo.
Es porque la idea del partido de Carrió deja afuera a varias de ellas de la privatización total pero amplía el número al plantear un esquema público privado para otras como Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat, entre otras.
La CC-ARI busca crear una Sociedad Administradora de Empresas del Estado para agrupar a las empresas que no se privatizan, con el objeto de mejorar la eficiencia, integridad, administración, transparencia y reglas de buen gobierno, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE.
“La Argentina no necesita un Estado enorme, sino un Estado inteligente, que no genere desequilibrios macroeconómicos que perjudiquen a los ciudadanos”, señalan los legisladores de la CC. “Lo importante no es que las empresas sean públicas o privadas, sino que lo central es brindar servicios de calidad para todos los argentinos al menor costo posible”, agregan.
“Desde hace muchos años, prácticamente todas las empresas vienen cerrando sus cuentas en rojo y necesitan abundantes subsidios que surgen de impuestos que pagamos todos. De hecho, los subsidios durante el año 2023 sumaron $2,3 billones”, afirman.
Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro durante el debate por la ley ómnibus. Foto Juano Tesone.“El ranking de mayores subsidios lo encabeza ENARSA, le siguen AYSA, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. A pesar de los números en rojo, durante los últimos años las empresas se dieron el lujo de aumentar su personal”, sostienen desde la CC.
La Coalición Cívica también propone mejorar el proceso de privatización eliminando la contratación directa, por lo que las privatizaciones deberán ser llevadas a cabo solo mediante licitación pública, remate público, o venta de acciones en la bolsa.
También pide la colaboración de la SIGEN, la AGN, y la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, para que se garantice un proceso transparente, competitivo, y anti privilegios.
El proyecto lleva las firmas de Juan Manuel López, jefe de bloque lilito, y el resto de los integrantes de la bancada: Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.
El proyecto de privatizaciones fue presentado de la mano con otro proyecto para crear un holding llamado Sociedad Administradora de Empresas del Estado (SAEE) que maneje empresas bajo el esquema público privado en las que el Estado tenga mayoría accionaria.
«El capital social de la SAEE estará representado por acciones, cuyo titular será en un 99% la Jefatura de Gabinete de Ministros y en un 1% el Ministerio de Economía de la Nación», marca el proyecto de la CC-ARI.
Además, desde el partido de Carrió quieren evitar las designaciones a dedo de militantes políticos poco idóneos en esa estructura que controlará las empresas, compuesto por un directorio, compuesto por 5 miembros: 1 Presidente y 4 Directores.
«El Presidente y los miembros del Directorio serán nombrados a propuesta del Presidente de la Nación, en un proceso público, en el que deberán exponerse los antecedentes de los candidatos, quienes deberán ser profesionales expertos en la materia».
Los cambios en privatizaciones en la ley ómnibus
Torre de YPF en Puerto Madero diseñada por Cesar Pelli. Foto Federico Lopez Claro La primera ley ómnibus del presidente Javier Milei planteaba la privatización de 41 empresas que hoy están en manos del Estado como YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA, Télam y los medios públicos entre otros. En detalle eran:
Administración General de Puertos S.E.
Aerolíneas Argentinas S.A.
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Banco de la Nación Argentina
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
Casa de Moneda S.E.
Contenidos Públicos S.E.
Corredores Viales S.A.
Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E.
Dioxitek S.A.
Educ.Ar S.E..
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.
Energía Argentina S.A.
Fábrica Argentina de aviones “Brig. San Martín” S.A.
Fabricaciones Militares S.E.
Ferrocarriles Argentinos S.E.
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.
Intercargo S.A.U.
Nación Bursátil S.A.
Pellegrini S.A.
Nación Reaseguros S.A.
Nación Seguros de Retiro S.A.
Nación Servicios S.A.
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.
Radio y Televisión Argentina S.E.
Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.
Telam S.E.
Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sapem.
Belgrano Cargas y Logística S.A.
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.
Operadora Ferroviaria S.E.
Vehículo Espacial Nueva Generación S.A.
Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (ymad)
YPF S.A.
Sin embargo, las críticas opositoras y las negociaciones que hubo en las reuniones del plenario de comisiones que trató el tema en sesiones extraordinarias podaron esa lista de empresas.
La versión final que llegó al recinto contaba solo con 27 firmas. Se había sacado el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Fabricaciones Militares, Radio Litoral, Servicio de radio y tv de la universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Todas concesiones hechas a los gobernadores para contar con su voto al artículo 7.
La fallida sesión, donde tras varias votaciones en particular adversas, el presidente Milei ordenó retirar el proyecto y el bloque de La Libertad Avanza pidió su regreso a comisión -algunos dicen que desconociendo que eso sepultaba el proyecto en vez de permitirles ganar tiempo- terminando así una sesión escandalosa llena de cruces y chicanas.
Ahora que en los pasillos del Congreso ya comenzó a circular la nueva versión de la Ley Bases, con apenas 269 artículos (el texto original tenía más de 600), el número de compañías estatales a vender volvió a achicarse.
Según el borrador al que tuvo acceso Clarín, aparecen solo 3 empresas a privatizar sí o sí: Aerolíneas Argentinas, Enarsa, y Radio y Televisión Argentina. Luego son seis las compañías que figuran a privatizar o concesionar: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas y logística, la Sociedad operadora ferroviaria, Corredores viales y el Yacimiento Carbonífero Río Turbio.
Además, la ley ómnibus bis agrega un anexo extra que agrupa empresas que podrán ser privatizadas parcialmente «debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias».
Allí se anotaron a Nucleoeléctrica Argentina, el Banco de la Nación (y todas las empresas del Grupo, como Nación Seguros, firma salpicada por un escándalo de presunta corrupción, que en el proyecto original no aparecía), y la firma de satélites Arsat.