En pocos meses, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) saldará en 2024 una cuestión pendiente desde hace varios años: la actualización del índice de precios al consumidor (IPC) con nuevas ponderaciones en su canasta de bienes y servicios para acercarla a la realidad del consumo en la segunda década del siglo XXI, ya que se basan en la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho), correspondiente al período 2017-2018.
En el organismo que dirige el economista Marco Lavagna desde diciembre de 2019 explican que estas actualizaciones técnicas del indicador clave para los argentinos sub-90 han sido habituales a lo largo del siglo pasado. De hecho, mucho antes de la creación del Indec, en 1968, el historial estadístico registra varios estudios de este tipo desde 1924 hasta la década del 80, pero con alcance geográfico más reducido.
Desde entonces, en cambio, hubo cinco encuestas nacionales de gastos, en 1985/1986, 1996/1997, 2004/2005 y 2012/2013, que en este último caso no pudo ser utilizada debido a la baja tasa de respuestas en la región Gran Buenos Aires que medía el índice. Luego se realizó con mayor alcance en 2017/2018, cuando ya había sido lanzado el nuevo IPC nacional subdividido por regiones geográficas del país.
Este índice es el que sigue vigente, aunque, ante la fallida Engho 2012/2013, debió utilizarse la estructura de gastos de consumo y tipos de comercios de 2004/2005, pero con precios actualizados a una base 100 para diciembre de 2016. Hasta abril de este año (último dato oficial) había acumulado un incremento de nada menos que 5730%.
Los especialistas del Indec destacan que la Engho es una de las encuestas más complejas para cualquier oficina nacional de estadística del mundo. Y, en el caso argentino, la única que permite “fotografiar” la estructura socioeconómica del país mediante el relevamiento de ingresos y gastos. La edición 2017/2018 abarcó alrededor de 45.000 hogares ubicados en centros urbanos de más de 2000 habitantes, donde los encuestadores realizaron el trabajo de campo con cinco cuestionarios simultáneos.
Esos cuestionarios indagaron desde características habitacionales, ocupacionales, rutinas de transporte y comidas fuera del hogar, hasta el gasto diario o semanal en alimentos, bebidas, artículos de limpieza, higiene personal y medicamentos, además de gastos periódicos en refacción y funcionamiento de vivienda; indumentaria y calzado; vehículos propios; educación; esparcimiento (cines y teatros); viajes y turismo; salud; uso de energía; ingresos laborales, jubilatorios; cobro de alquileres u otros ingresos de dinero.
Ahora, la novedad es que ya está terminado el trabajo técnico de actualizar el IPC con la nueva canasta fija de consumo de la Engho 2017/18 en reemplazo de la encuesta 2004/2005. También están listas la estructura de ponderaciones –o sea, el “peso” porcentual de cada producto y servicio en el nivel general del índice (ver infografía)– y la matriz de todo el país que refleja cuánto agregan los mismos rubros en cada provincia dentro del total nacional. Desde 2023, esta tarea contó con la asistencia técnica del área estadística del FMI, reconocida por su calidad en muchos países.
En cuanto a los precios, el Indec viene relevando simultáneamente cada producto específico, marca y contenidos homogéneos de los nuevos ítems que aparecerán en el índice, los que continuarán y los que quedarán afuera. Como muchos cambios de hábitos son consecuencia de avances tecnológicos en servicios y bienes, los que van quedando obsoletos son reemplazados por variantes más actualizadas y producen una reasignación de gastos dentro del total. De ahí que la ponderación suba en algunos rubros y baje en otros.
Por ejemplo, en el actual período de ensayo y calibración del sistema informático, que procesa una base de datos con más de 350.000 precios, se incluyen servicios de streaming (Netflix, Disney+, Spotify, Pack Fútbol y otras plataformas digitales) que no formaban parte de la canasta 2004/2005. Pero seguramente desaparecerán otros, como el alquiler de películas en videocasetes (caso Blockbuster) y la compra de CD, reproductores MP4 o walkman, que ya pertenecen al pasado. También pierden relevancia en el índice la telefonía fija y el fax debido a la fuerte expansión de la telefonía móvil, al igual que los servicios de TV por cable y accesos a internet. En productos de consumo masivo, el sistema está programado para incorporar los cambios de tamaño en los envases (de alimentos, gaseosas y artículos de limpieza) a fin de obtener precios homogéneos y comparables.
Dentro del gasto por finalidad, en 2017/2018 perdió peso la ponderación del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas en comparación con encuestas anteriores, ya que bajó a 22,6% del total desde 25,7% en 2004/2005 (y 28,8% en 1996/97), aunque en las regiones NOA y NEA se mantuvo en torno de 30%.
En cambio, aumentó de 10,6% a 14,5% en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; de 11,6% a 14,2% en transporte (donde predomina, con un 8%, el funcionamiento de equipos de transporte personal, como autos y motos) y de 4% a 5,2% en comunicaciones, con ínfima participación de servicios postales.
De ahí que los especialistas del Indec consideran que la estructura de gastos de los hogares de 2018 es más parecida a la de 2024, debido a los actuales ajustes de precios y tarifas de electricidad, gas, combustibles, agua y alquileres, que a la de 2022, cuando regían más precios regulados y/o “acordados”.
En cuanto a los lugares de compra de alimentos y bebidas, los datos de la encuesta revelan que, si bien el gasto en super e hipermercados representó 24,8% del consumo de los hogares (con picos de 51% en aceites, 54% en condimentos y 44% en bebidas alcohólicas), al comprar productos frescos no envasados más de la mitad eligió hacerlo en “otros negocios especializados” como fruterías (58,5%) y verdulerías (51,5%). Lo mismo ocurre con las carnicerías (55,3%), en tanto que en alimentos listos para consumir más de 68% prefiere adquirirlos en pizzerías, restaurantes, bares y heladerías.
Cuándo se lanza
Con el trabajo prácticamente concluido a nivel técnico, queda por definir cuándo será el lanzamiento oficial del IPC nacional actualizado. Seguramente ocurrirá antes de diciembre de 2024, ya que 2025 será un año de elecciones legislativas. Además, si bien los índices suelen modificarse en momentos de estabilidad de precios, falta tiempo para que la inflación converja a niveles de un dígito anual; y tampoco puede coincidir con cambios abruptos de precios relativos, porque afectarían la credibilidad del indicador que tiene impacto en los mercados.
En la agenda del Indec no solo está incluida la próxima puesta en marcha de una nueva Engho, la ampliación de índices tradicionales como el de pobreza (con datos sobre condiciones de vida), de salarios (desagregado por puestos de trabajo), un sistema integrado de estadísticas agropecuarias, forestales y pesqueras con datos sobre innovación tecnológica y apoyo de la FAO, así como nuevos indicadores periódicos de cuentas ambientales y económicas, con asistencia del Banco Mundial.
También está previsto para este año el envío al Congreso del proyecto de una nueva ley destinada a fortalecer la independencia y coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN), para reemplazar a la actual, con más de medio siglo de antigüedad.
Sus principales objetivos apuntan a adoptar institucionalmente las buenas prácticas de la comunidad estadística internacional (aunque informalmente el Instituto ya adhiere a ellas) y modificar la naturaleza jurídica del Indec para transformarlo en un ente descentralizado y autárquico con autonomía funcional y económica. Prevé que su director ejecutivo sea designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado nacional y que el cargo de director técnico requiera previo concurso público de antecedentes y oposición, en manos casos con una duración de 5 años.
La falta de autonomía del Indec posibilitó a partir de 2007, en pleno gobierno kirchnerista, la funesta intervención política de Guillermo Moreno, que dejó trunco el proyecto de contar con un indicador confiable a nivel nacional y pasó a “dibujar” el IPC-GBA para encubrir la suba de la inflación, mientras multaba y presentaba demandas judiciales contra las consultoras privadas que calculaban incrementos superiores como si fuera un delito. A tal punto que, a instancias de la entonces diputada Patricia Bullrich, surgió como alternativa el “índice Congreso”, que promediaba las variaciones calculadas por esas consultoras y fue publicado mensualmente durante varios años. En esa época, el FMI excluyó de sus estadísticas el dato oficial de inflación en la Argentina.
Cuando el recordado economista Jorge Todesca (fallecido en febrero de 2020) fue designado por el gobierno de Mauricio Macri al frente de un Indec que había perdido toda credibilidad, debió disponer en 2016 un “apagón estadístico” para ordenar los números y difundir un indicador de emergencia con la variación mensual promedio de precios en San Luis, CABA y el Gran Buenos Aires. Hasta que en julio del año siguiente pudo presentar el actual IPC a nivel nacional y regional, elaborado junto con las direcciones provinciales de estadística (DPE) de todas las jurisdicciones del país con datos correspondientes al período enero-junio de 2017 y la canasta la Engho 2004/2005.