lunes, 18 noviembre, 2024
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A 12 años de encabezar la expropiación de YPF, ahora Axel Kicillof acusa a la petrolera argentina de extorsionarlo

YPF es tan argenta como el dulce de leche. La prosperidad de lo que supo ser la empresa más valiosa y valorada del país iba de la mano con el bienestar de su pueblo. En el último cuarto de siglo, el desarrollo económico de la compañía pareció haberse sumergido al no poder nadar ni flotar en dulce de leche.

«Como pasa con Aerolíneas Argentinas, te diría que si hoy la salís a vender a YPF deberíamos pagarle al comprador. El tema no es el resultado operativo, ya que gana plata, si no por el costo hundido que el populismo creyó conseguir pero que emerge en los tribunales extranjeros», le describe a Clarín un ex director que -admite- supo aplaudir su nacionalización sin saber lo que vendría después.

Ahora Axel Kicillof, el mismo que hace 12 años expropiaba YPF con discursos incendiarios, acusa a la empresa de extorsionarlo.

La que hizo pública la denuncia del Gobernador fue la presidenta kirchnerista del bloque de senadores, Teresa García. El último fin de semana arremetió contra el presidente de YPF, Horacio Marín, por «buscar extorsionar» a Kicillof.

Según el gobierno provincial, la acusación se basa en la instalación de una millonaria planta de gas natural licuado (GNL) en Bahía Blanca. Para que se realice el proyecto, la administración bonaerense debería adherirse al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases que la gestión de Javier Milei espera sancionar este jueves en la Cámara de Diputados.

En varias ocasiones, Kicillof despotricó contra el RIGI porque con esos beneficios para las grandes inversiones el Presidente Milei estaría -según su opinión- «vendiendo la Patria».

A decir verdad, eso de vender, recomprar y expropiar la Patria sería algo bastante difícil de desentrañar en el kirchnerismo. Más que un río sería un océano el que pasó por debajo del puente de desatinos que el peronismo le propinó a YPF.

La senadora Teresa García es la jefa del bloque kirchnerista en la legislatura provincial. Fue la que hizo pública la supuesta extorsión de YPF al Gobernador Kicillof.La senadora Teresa García es la jefa del bloque kirchnerista en la legislatura provincial. Fue la que hizo pública la supuesta extorsión de YPF al Gobernador Kicillof.

«Lo que hicimos como gobierno con la petrolera nacional fue criminal», agrega ese mismo director de la petrolera durante los años K, que acumula varias fotos con Néstor y Cristina Kirchner.

El valor o mejor dicho, el desvalor de YPF, no respondería tanto a la inversión constante que demandan este tipo de actividades, sino a los multimillonarios frentes judiciales que la compañía tiene abiertos en juzgados internacionales por la forma en que fue expropiada.

«No le vamos a pagar esos US$10.000 millones que ellos quieren. Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”, amenazaba en 2012 el entonces ministro de economía de Cristina, Axel Kicillof.

En 2012, Kicillof era Ministro de Economía y aseguró que la expropiación de YPF En 2012, Kicillof era Ministro de Economía y aseguró que la expropiación de YPF «no le costaría un peso al país».

En aquel momento y envalentonado por el 54% de los votos con el que la ex presidenta había logrado ser reelecta un año antes, el actual gobernador hablaba ante el plenario de comisiones del Senado. Era el primer paso para la expropiación de YPF, que no es lo mismo que su recuperación.

El regodeo de la «reconquista» duró lo que dura un «caramelo Sugus». Al poco tiempo, el país lamentaría aquella decisión de nacionalizar la petrolera a lo guapo, desconociendo y atropellando derechos adquiridos.

En aquel 2012, Kicillof recordaba sus maldiciones en contra del neoliberalismo que había privatizado YPF. Un lapsus selectivo que a veces regala la memoria: se olvidó que Néstor y Cristina fueron los que salieron a buscar los votos para vender la compañía petrolera. Regalías mata relato.

La voltereta de Kicillof es sólo comparable con la de Milei, cuando le votó a Sergio Massa la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y ahora busca el voto de un socio del tigrense, como el gobernador salteño Gustavo Sáez, para reponer ese mismo impuesto a los salarios.

En el tratamiento legislativo de la expropiación, Kicillof pronunció otro de sus impetuosos discursos de barricada estudiantil. Como era de esperar para el Guinness de los disparates argentinos, el actual gobernador defendía la recuperación de la soberanía nacional flanqueado por Julio De Vido y José López, expertos si lo hay en el arte de cómo robarle y destruir al Estado en defensa del Estado.

Spoileando un poco, bastaron 20 años para que YPF fuera extranjerizada por los mismos que luego la nacionalizaron con dudosos empresarios amigos del poder. Finalmente, como todo fracasó, se reestatizó. De valer U$13.000 millones, hoy no se vende ni por US$1.200 millones. Ah… con una deuda de más de US$8.000 millones. Bingo argento.

Como todo el mundo sabe, el Néstor Kirchner privatizador eligió a la familia Eskenazi para que se quede con la petrolera, los mismos a los que, siendo gobernador, le había entregado el Banco de Santa Cruz.

El esquema también es conocido: Néstor lo obligó a Eskenazi a comprarle a Repsol el 25% sin poner un peso. El empresario podía pagar con la de las utilidades de la propia YPF.

La muerte de Kirchner tiró el negocio por la borda.

Algunos años después, Cristina se sintió traicionada por sus queridos Eskenazi. Decidió reestatizar, de sopetón. «No sólo no le vamos a pagar un peso, si no que les vamos a cobrar», gritaba Kicillof en su traje de ministro de Economía. Le erró por US$5.000 millones, que le tuvo que abonar a Repsol. Todavía queda una deuda de un juicio pendiente en Nueva York.

Pero eso no es todo, ese 25% de acciones que los Eskenazi habían comprado de la mano de Néstor que luego Cristina desconoció y expropió, también generaron otros juicios. Resulta que los Eskenazi el vendieron el litigio a los fondos buitres, que vienen ganando juicios por montos siderales en contra del país y que podrían llegar a US$16.000 millones.

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