El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) iniciará este miércoles el juicio contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quienes estarán sentados en el banquillos de los acusados para responder por el delito de homicidio en grado de tentativa contra Cristina Kirchner. Se aceptó un listado de 230 testigos entre los cuales se había pedido que sea citada la ex presidenta y vicepresidenta, pero no será parte de las imputaciones el supuesta pata política que pretendía la querella y que había impulsado la fiscal de juicio, Gabriela Baigún.
Una audiencia semanal de cuatro horas es el ritmo que se le va a imprimir en los tribunales de Comodoro Py al juicio que se concentra en el atentado del que fue víctima Cristina en septiembre de 2022.
El debate oral no tendrá en cuenta la posible vinculación con alguna organización política, como tampoco se contemplará la tesis de la presunta existencia de un financiamiento externo. Cuando en junio del año pasado la jueza federal María Eugenia Capuchetti dio por cerrada la investigación y mandó a juicio oral el caso, descartó estos planteos al sostener que no había elementos de prueba que los sustenten.
El juicio será realizado por el Tribunal Oral Federal 6, el único que no tiene jueces titulares y que en este momento está integrado por tres subrogantes: Adrián Grünberg, Sabrina Namer e Ignacio Fornari. El Ministerio Público Fiscal está representado, por la fiscal general Gabriela Baigún.
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El atacante y la joven quedaron registrados en diversos videos previos al atentado a la vicepresidenta.
Después de admitir 230 testigos -listado encabezado por Cristina Kirchner- y una batería de medidas de prueba complementarias a lo realizado durante la instrucción a cargo del fiscal Carlos Rívolo, el caso por el intento de homicidio a la ex Presidenta está listo para comenzar a juzgarse este miércoles.
La primera audiencia -la única que se transmitirá por YouTube- estará destinada a leer el requerimiento de elevación a juicio, donde se detallan los hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2022, como también los puntos relevantes de la investigación y los delitos atribuidos a lo tres jóvenes detenidos y procesados, Sabag Montiel,Uliarte y Carrizo. Ante el Tribunal deberán responder por la acusación de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la premeditación.
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Desde el intento de matar a Sarmiento en la calle, al hombre que quizo dispararle a Raúl Alfonsín durante un acto en San Nicolás, pero el balazo no salió. Varios presidentes fueron víctimas de intentos de asesinato, pero todos fallaron.
Entre los testigos que desfilarán ante el TOF 6 está el jefe de la custodia de Cristina, comisario Diego Carbone -quien no estaba con ella el día del atentado- y varios integrantes de ese cuerpo.
Antes de que se fije fecha para el inicio del debate oral, la querella había insistido en que se tenga en cuenta lo que la ex presidenta siempre denominó la “pata política”. La fiscal general Gabriela Baigún había pedido medidas complementarias en dicho sentido, pero el Tribunal no las impulsó al entender que no se correspondían con el objeto procesal del caso: es decir, las acusaciones sobre Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo.
Según el requerimiento de elevación, toda la prueba incorporada al caso «impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado».
Sin desconocer la «indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional», remarca la fiscalía, «de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso».
La queja de Cristina Kirchner
El TOF 6 convalidó esa interpretación, pese a que la exvicepresidenta criticó y rechazó la elevación a juicio, haciendo referencia a un informe que el juez Martínez De Giorgi envió al fiscal Rívolo donde, después de analizar un drive con una gran cantidad de información de Jonathan Morel -referente de la agrupación Revolución Federal, investigado en su juzgado por supuesta incitación a la violencia política-, se concluyó que no hay nada que pueda vincular a dicho espacio con los acusados en el caso del atentado.
Los abogados de Cristina Kirchner se centraron en el análisis que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) sobre la cuenta de Google Drive de Morel.
Frente a las críticas sobre una “decisión de no investigar” esa conexión -para Cristina evidente, para Rívolo y la jueza inexistente- Capuchetti indicó que se habían agotado las medidas para determinar a los autores materiales del atentado.
Cuando el caso fue elevado a juicio oral, la magistrada respondió a la crítica de Kirchner: “Aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”.
A ese planteo el fiscal Rívolo había sumado otro: toda la información analizada, incluida la de la Procuraduría de Lavado de Activos (PROCELAC) «da cuenta que los acusados por el atentado no recibieron durante los dos años previos al ataque ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado».