En contraposición a la fuerte reducción del financiamiento al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que dispuso el gobierno, la Iglesia católica, ex funcionarios de las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández y referentes de la sociedad civil destacaron la importancia de que el Estado lleve adelante obras en las villas y barrios populares por considerar que, entre otras cosas, posibilita frenar el avance del narcotráfico.
Fue durante un coloquio organizado por Cáritas Argentina en el Centro Comunitario san Francisco de Asís del barrio IAPI, en el partido de Quilmes, bajo el título de “Estados o narcotráfico: valor de la integración socio urbana en los barrios populares”, en el que se destacó “la necesidad de la presencia inteligente del Estado, los consensos, el diálogo entre personas de diferentes sectores y el protagonismo de la comunidad”.
Expusieron el presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea; el titular de Cáritas, el obispo Carlos Tissera; el vicepresidente de la institución, el obispo Gustavo Carrara; el ex vicejefe de Gabinete del gobierno de Cambiemos, Mario Quintana; los ex secretarios de Integración Urbana de la Nación, Sebastián Welisiejko (Cambiemos) y Fernanda Miño (FPV) y el director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra.
El presidente de Cáritas comenzó recordando que el Cura Brochero le escribió al gobernador de Córdoba de aquel entonces diciendo que lo que abundaba en su región era la necesidad y señaló que “después de tanto tiempo, desde el conurbano profundo, seguimos diciendo ‘acá lo que abunda es la necesidad’” y afirmó que serán bienvenidos los proyectos que quieran aportar “todas las personas de buen corazón”.
A su vez, monseñor Ojea recordó que en 2016 fue convocado por Quintana para participar de un proceso de diálogo con diversos actores de la sociedad civil sobre los barrios populares que duró dos años y en el que “se partió del concepto de integración, diferenciándolo del de separación” y señaló que “ir a la integración significa asfalto, construir una habitación para no vivir hacinados”.
Tras destacar que “es imperioso, cuidando todos los mecanismos que hacen a la transparencia, que el Estado se encuentre en nuestros barrios”, Ojea advirtió que “de lo contrario, nos entregamos al narcotráfico” y llamó “a todos a trabajar para que no se dé en la Argentina lo que ya se dio en otros lugares en América Latina”, en alusión al fuerte avance narco en otros países de la región.
A su turno, el obispo Carrara calificó de “luminosa esa idea de hacer dialogar la macroeconomía con las ideas concretas de un barrio popular porque hay urgencias y no se puede recortar por los más pobres. Eso, desde el punto de vista cristiano, es un pecado”. Y reclamó “una presencia inteligente del Estado porque sino el narcotráfico avanza, mata personas e hipoteca la vida de niños y adolescentes.»
Por su parte, Welisiejko advirtió que “la desintegración urbana es la manifestación de la desigualdad; no vamos a avanzar con una sociedad dividida. No se puede comerciar, no se puede transportar”. Y señaló que “antes se hablaba de erradicación. y hoy se habla de integración” por lo que abogó por “reivindicar el encuentro saliendo al encuentro de otros.»
En tanto, Quintana recordó que el proceso de integración urbana a partir de un relevamiento de las villas y barrios populares de todo el país y la creación de un registro de todos ellos -el RENABAP, de lo que derivó el FISU- surgió de una ley “votada por unanimidad”, dijo que “no es poca cosa haber construido ese consenso” y consideró que “lo tenemos que honrar”.
«Nos importa que no haya inflación, nos importa que no haya déficit fiscal, pero nos importan también estos problemas, que no se soluciona sacando los recursos a los que menos tienen”, dijo en implícita referencia al recorte presupuestario. Y completó: “Tenemos que hacer la integración urbana porque es una de las decisiones más inteligentes”.
En una referencia a presuntos manejos opacos de dineros del FISU, Quintana consideró que “hay que corregir errores sin demonizar, porque lo que está en juego es el sufrimiento de muchos hermanos. Lo que está en juego es el avance del narcotráfico. Tenemos que dejar la desconfianza de lado, y llamar al abrazo entre hermanos.»
Miño -considerada la mano derecha del dirigente social Juan Grabois– opinó que “hoy que no está esa política (de integración sociourbana), no podemos frenar el avance del narcotráfico. Las personas que se quedan sin trabajo están a merced de estas organizaciones. Eso es lo que logra la retracción del Estado”.
“Hoy los barrios están en la desesperación de qué van a tener para comer”, dijo y reclamó “que vuelva esta política en donde no hacíamos diferenciación de partidos ni de ideas para resolver los problemas de los vecinos y vecinas de nuestros barrios”.
Finalmente, Maquieyra subrayó la importancia de «generar otra vez ese consenso. Hay que tender puentes y generar el encuentro hasta que duela. Eso es lo que pasó cuando esto nació y lo tenemos que volver a hacer ahora”.
“El camino tiene que ver con el encuentro, con lo aprendido al animarnos a sentarnos con el que piensa distinto, creo que es posible animarse a esta patriada”, concluyó.