Por Miguel Ángel Flores
El Gobierno de Mendoza confirmó que ésta temporada, tras 25 años, dejará de existir el sistema de lucha antigranizo con siembra de nubes por aviones. Para eso, propone una reformulación del programa de defensa pasiva de los cultivos, que incluye dos alternativas.
Las nuevas herramientas con las que se asistirá a los productores para protegerse del fenómeno climático en realidad son conocidas. Una es un nuevo seguro agrícola público-privado que compense los daños a través del Fondo Compensador Agrícola, hasta ahora previsto en la Ley de Emergencia N 9083 a partir de la denuncia de daños por parte de los productores.
El segundo instrumento es un crédito blando para financiar la colocación de malla antigranizo. Antes de conocerse que el Gobierno pondría fin a la lucha antigranizo, el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu había lanzado el financiamiento, que dará el Banco Nación con subsidio de tasas del Fondo de la Transformación y Crecimiento, para dejar la tasa de interés en 14%.
Según explicaron fuentes del Ministerio de Producción «se cambia el enfoque de trabajo para la protección y asistencia a productores por contingencias climáticas». Esto es, de defensa activa a defensa «pasiva».
Iniciado en 1999 con la empresa estadounidense Weather Modification, el sistema de siembra de nubes con ioduro de plata desde aviones para «desarmar» las celdas de granizo migró de modelo en los últimos años. Es que desde 2015 es de gestión estatal, a través de la empresa provincial AEMSA (Aeronáutica Mendoza S.A.) y se financia con parte del presupuesto anual.
Cuánto ahorrará el Gobierno sin lucha antigranizo
Según los números oficiales, la temporada 2024-25 que comienza a principios de octubre prevé un presupuesto de al menos $17.000 millones «si consideran las previsiones presupuestarias para la lucha activa, y los erogaciones realizadas por el fondo compensador y las correspondientes a ley de emergencia, por los daños denunciados en la última temporada».
Un informe oficial confirma que los más afectados por el granizo en Mendoza son pequeños productores. En los últimos 8 años los el 75% de quienes denunciaron daños tienen menos de 10 hectáreas cultivadas. De ese universo, la mitad explota menos de 5 hectáreas.
Para mitigar la afectación a través de la lucha antigranizo, AEMSA trabaja con 4 aviones, 27 pilotos y 12 mecánicos, además de 12 generadores tierra-aire de bengalas y cartuchos de ioduro de plata, 4 radares y 30 estaciones meteorológicas.
¿Cuánto ahorrará con la desaparición del sistema el Gobierno y sin tener que financiar la estructura de la empresa?
Hay que calcular que por temporada el sistema aéreo usa unos 10.000 cartuchos y casi la misma cifra de bengalas. Y sumar la erogación en salarios de los pilotos y técnicos.
En total, el presupuesto global ejecutado para la temporada 2023-24 de lucha antigranizo que finalizó en abril fue de $10.000 millones. Un monto que el Gobierno prevé volcar al financiamiento de malla de protección y el nuevo seguro agrícola.
Los números del seguro agrícola
El seguro agrícola, la nueva pata fuerte que se propone para afrontar el impacto del granizo en los cultivos de Mendoza, paga hasta $250.000 por hectárea cuando el daño supera el 100% (productores menores de 20ha). El beneficiario abona una prima de $12.500 por ha, y hasta el momento unos 2000 productores están adheridos.
La erogación de la temporada 23-24 fue de unos $2.200 millones, y se prevé que éste año llegue a $4.000 millones.
Estadísticamente, se observa que desde 2016 unos 10.300 productores realizaron «al menos una denuncia» por daños a raíz de granizo o heladas.
En adelante, para reforzar el alcance de esa cobertura y del crédito para malla, desde el Ministerio de Producción abren un abanico de otras herramientas complementarias.
Además de subsidiar la tarifa eléctrica para riego, se propone la eximición del 50% o el 100% del canon de riego que se paga a Irrigación, del 25% al 50% de la factura para riego agrícola.
En otro orden, los productores quedarán exceptuados de pagar el impuesto Inmobiliario Rural, además de «diferimientos especiales» en el pago de créditos otorgados por el Fondo de Transformación y Crecimiento (FTyC).