Diputados aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal: qué dicen las primeras normas de la era Milei

El Gobierno de Javier Milei tuvo su primer triunfo parlamentario en la extensa sesión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en la cual se sancionaron las dos primeras leyes desde que inició su gestión, seis meses atrás: la Ley Bases y el paquete fiscal.

Luego de un debate donde se habló mucho sobre la constitucionalidad -o no- de que la cámara originaria restablezca capítulos rechazados por la revisora (el Senado), además de conceptos puntuales de los proyectos, que ya contaban con acuerdos de comisiones; los diputados aprobaron ambas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, que sufrieron un sinfín de modificaciones desde que se presentaron a fines del año pasado como un texto de 664 artículos.

La votación final resultó en 147 adhesiones, 107 rechazos y 2 abstenciones, en el caso de la Ley Bases; y en relación al paquete fiscal, se sufragó por etapas.

El artículo 111, que insta al Poder Ejecutivo a que en un plazo de 60 días de sancionada la ley envíe al Congreso un proyecto tendiente a incrementar los recursos hasta un 2% del PBI; recibió 148 afirmativos y 107 negativos. No alcanzó los dos tercios necesarios.

En cuanto a Ganancias, el oficialismo logró las mayorías necesarias para restablecerlo, con 136 afirmativos, 116 negativos y 3 abstenciones.

Lo propio ocurrió con Bienes Personales, que logró 134 voluntades a favor, 118 en contra y 3 abstenciones. En este caso, se aprobó la media sanción original de Diputados.

Cuándo entra en vigencia la Ley Bases y el paquete fiscal sancionados por el Congreso nacional

Una vez aprobadas ambas normas, ahora la pelota quedó en manos del Poder Ejecutivo, que deberá promulgarlas a través de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, que se dará en los próximos días, posiblemente la semana próxima.

Qué es la Ley Bases que aprobó Diputados y qué contiene

Finalmente la cámara baja avaló los cambios introducidos en el Senado y la norma hoy sancionada consta de 238 artículos, que abarca varios aspectos laborales, de administración pública, y un régimen especial para inversiones extranjeras, entre otras cuestiones. Entre ellas, destacan:

• Declaración de emergencias: se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, que faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas.
• Privatización de empresas públicas: eliminadas del listado las firmas Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA); finalmente quedaron las siguientes: Energía Argentina SA (ex Enarsa) e Intercargo, sujetas a privatización total; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado; y Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, como empresas sujetas a su privatización o concesión.
• Desregulación del Estado: s e limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Se listan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Además, se sumó un párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

• Obra pública: se incorporó un fragmento que establece que las obras públicas que tengan un grado de avance de un 80% de ejecución, o que cuenten con financiamiento internacional, no serán frenadas.
• Empleo público: se establecen cambios en las normas para remover agentes estatales. Los empleados que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.
• Modernización laboral: extensión del período de prueba a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores; y la creación de un fondo de cese laboral optativo -a determinar en los convenios colectivos de trabajo- como alternativa a las indemnizaciones. La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.
• Justa causa de despido: fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.
• Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): se establece un régimen especial, con fuertes incentivos impositivos y cambiarios, para alentar inversiones mayores a 200 millones de dólares en sectores algunos sectores económicos: forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Se incluyó un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión (obligatoriedad de contratar 20% de proveedores locales siempre que cumplan ciertas condiciones), y una garantía de que se empleen personas locales.

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Qué es el paquete fiscal que aprobó Diputados y qué contiene

En este proyecto sí se aplicaron modificaciones del dictamen que llegó del Senado, ya que se incluyó la restitución del impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales, tal como solicitaban varios gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo. Los aspectos principales:

• Blanqueo de capitales: dirigido no solo a residentes argentinos sino también a personas humanas no residentes que anteriormente hayan sido consideradas como residentes fiscales en Argentina. Se podrán blanquear activos de hasta USD 100.000 sin pagar ninguna alícuota de recargo. Para aquellos montos que superen los USD 100.000, el proyecto propone alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%, dependiendo del momento en que los contribuyentes decidan adherirse al régimen. Estas tasas variarán en tres etapas. Están excluidos los funcionarios públicos de los últimos diez años, entre otras excepciones.
• Restitución del Impuesto a las Ganancias: el límite para tributar se estableció en 1,8 millones de pesos al mes (solteros sin hijos) y de 2,2 a 2,6 millones de pesos para casados con hijos. Las escalas son graduales a partir de esas cifras.
• Impuesto a los Bienes Personales: se aumentó a $100 millones el piso a partir del cual una persona será alcanzada por el tributo. Asimismo, la deducción por la vivienda familiar pasó a $350 millones. Para las declaraciones juradas con los patrimonios hasta fin de 2023 las tasas serán entre 0,5% y 1,50 por ciento. Entre 2024 y 2026 quedarán vigentes solo dos alícuotas, entre 1,25% y 1,50% y desde 2027, una única tasa de 0,25 por ciento.
• Monotributo social: quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa. Se fijó la actualización de los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento. El ingreso tope anual será de $68 millones y se elimina la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado. También subieron los montos de toda la escala y los importes a pagar.