Era el mediodía del lunes y el dólar paralelo perforaba los 1400 pesos. En el chat de los jefes sindicales de la CGT comenzó en ese momento a circular un informe del economista Martín Rapetti en el que se advertía que el programa oficial carecía de un ancla cambiaria creíble y pronosticaba jornadas turbulentas. En los gremios se renovaron automáticamente las alarmas por los coletazos de una probable devaluación: más inflación, mayor caída salarial y la profundización de la recesión. Hubo dirigentes que ese día firmaron la renovación de sus paritarias a ciegas, intuyendo que el aumento pactado quedaría desfasado quizás a la mañana siguiente. Momentos de zozobras económicas que también se dieron en las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y que ahora se repiten con Javier Milei.
Guillermo Francos, Santiago Caputo y Julio Cordero fueron testigos durante las últimas semanas de las preocupaciones sindicales. Hubo reuniones cara a cara y también contactos por teléfono con algunos dirigentes. En la CGT sospechan que sus interlocutores no les transmiten sus mensajes al Presidente. “No, de economía no le podemos plantear nada”, cortó en seco uno de los funcionarios a un gremialista que ensayó una suerte de contraargumento del relato libertario sobre la carrera entre la inflación y los salarios. La sensación de los dirigentes es que es muy acotado el margen de intervención, salvo el del joven Caputo, a quien en los pasillos sindicales comienzan a valorar al menos por su interés en escuchar las demandas. “El Gobierno es hoy Milei y su hermana, nadie más. El resto tiene hasta cagazo hasta de opinar”, lamentó un jerárquico de la central obrera.
Dividida y desarticulada, la CGT reunirá la semana que viene a su mesa chica después de semanas de postergaciones a la espera del desenlace de la Ley Bases. ¿Volverán a chocar moderados contra combativos? Es probable que así sea, aunque hay una negociación en marcha para forzar una tregua entre “los Gordos” e “independientes” con el sector que comulga con el kirchnerismo para continuar con el plan de lucha lanzado a fines de diciembre pasado, cuando Milei intentó avanzar con una reforma laboral por decreto que está aún pendiente de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Las preocupaciones sindicales urgentes son la caída del empleo, la recomposición salarial y el regreso de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que afectaría en los primeros meses a casi un millón de asalariados. Por Ganancias, no habría una presentación judicial corporativa de la CGT, pero sí de algunos gremios o de algún trabajador de manera autónoma. El objetivo es dejar sin efecto el tributo con el argumento de que la ley “no fue votada por las dos cámaras del Congreso”, lo que consideran “inconstitucional”. En los gremios hay confianza de obtener algún fallo favorable de primera instancia en la justicia laboral, donde aún conservan poder e influencia. Trabajan en la estrategia jurídica el bancario Sergio Palazzo, el diputado Mario Manrique, del Smata, y el abogado Hugo Moyano (h.). “Es muy corta la distancia entre la canasta básica alimentaria y empezar a pagar Ganancias. Es un impuesto regresivo porque se pierde el 30% del salario”, argumentó el hijo del jefe de los camioneros.
Además del informe de Rapetti que circuló en el chat cegetista, hubo otro paper que reforzó la inquietud entre los dirigentes sindicales. Se trata de un informe de 17 páginas elaborado por Claudio Lozano, Javier Rameri y Ana Rameri en base a datos del Indec que precisa una baja de 592.511 puestos de trabajo en el primer trimestre de 2024. Las cesantías fueron de 380.979 en el sector privado; 185.104 en el estatal, y 26.427 “de otro tipo” (cuentapropistas), según el relevamiento, cuyo título es “Recesión, salto en la desocupación y destrucción del empleo”.
Las cifras no coinciden con las del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que detectó que entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 perdieron su puesto de trabajo 126.077 asalariados registrados. El desagregado por sectores es el siguiente: sector privado, 94.963 trabajadores; sector público, 21.657; casas particulares, 9457.El SIPA es el sistema estatal que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores del país. El 24 de junio se conoció el último informe del Indec que marcó una suba al 7,7% del desempleo, lo que afecta de manera directa a 1,7 millones de personas en todo el país. Creció la desocupación dos puntos porcentuales en apenas un trimestre. El impacto de esta cifra se siente también en el transporte público: bajó un 25% la cantidad de pasajeros de colectivos en el AMBA durante el primer trimestre. Los empresarios del sector lo vinculan al aumento del boleto y al desempleo.
Julio Cordero, el secretario de Trabajo que hasta hace poco era el abogado histórico de Techint, apura un programa de empleo [se llamará Volver al Trabajo] para intentar revertir la caída. Su intención sería flexibilizar el ingreso de nuevos trabajadores. Comulga con la idea de uno de sus mentores, Miguel Ángel Punte, quien tuvo una frase célebre cuando ocupó un sillón en la cartera laboral durante la gestión de Macri. “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema. Como en el organismo lo es comer y descomer”, dijo en un intento de naturalizar las contrataciones y los despidos.
“El conflicto es inevitable si la recesión se mantiene”, coincidieron dos dirigentes de la mesa chica de la CGT. Puertas adentro de la central obrera, se impone por ahora un posicionamiento prudente y cauteloso después de haber activado ya dos paros generales (24 de enero y 9 de mayo) contra Milei. Quienes no están dispuestos a acelerar el choque argumentan que el Gobierno dinamizó la homologación de las paritarias y que hay que darle aire tras la aprobación de la Ley Bases.
En la vereda de enfrente están los más combativos, que pretenden incluso plantear la posibilidad de una nueva huelga, que hasta podría ser de 36 horas. Hay otra idea en gateras, aún por debatir: programar una semana de protestas sectoriales, como hacen los gremios en Europa. Con moderados y duros, da la sensación de que la CGT ya tomó la decisión de mostrarse con la guardia en alto y dejar latente una nueva medida de fuerza entre el corto y mediano plazo.
Entre los moderados y los duros, resurge la figura de Luis Barrionuevo, el primer sindicalista en acercarse a Milei. El líder de los gastronómicos reunió el jueves a su minúscula tropa de aliados para presionar a la jefatura de la CGT a que convoque a los gremios para definir otro paro. El malestar de Barrionuevo con el Gobierno escaló en los últimos días porque hubo una orden para que Sandra Pettovello, a través de Leila Gianni, la subsecretaria de legales de Capital Humano, no valide una asamblea en la que se resolvió la expulsión del gremio de Dante Camaño, su excuñado con el que está enfrentado judicialmente por el control de la poderosa seccional porteña. “El silencio es salud”, eludió Barrionuevo cualquier definición pública sobre el rumbo del Gobierno. Tal vez lo más novedoso de su reaparición fue que sentó a su lado a Roberto Fernández, el poderoso jefe de los colectiveros de la UTA, y a Gerardo Martínez, el referente de la Uocra que talla en todas las tribus sindicales y que es muchas veces el cerebro de la estrategia cegetista.
Mientras se debate cómo seguir su vínculo con el Gobierno, la mayoría de los dirigentes sindicales hace equilibrio para evitar que los coletazos económicos no les impacte internamente en sus organizaciones. Andrés Rodríguez, jefe de UPCN, el gremio estatal más representativo, comprobó esta semana que negocia ante una gestión indescifrable. Por un lado, toleró casi en silencio el recorte de 5000 contratos en tres días. Entre ellos, 287 del ex ministerio de Desarrollo Social, un área a cargo de Capital Humano. “No se cumplieron los pactos”, se quejaron en el gremio estatal. Una ironía: el nuevo jefe de Gabinete de Capital Humano, Lucas Fernández Aparicio, tiene su raíz política en UPCN. La contracara de este mazazo para Rodríguez fue el acuerdo que selló para actualizar el monto por presentismo y conservar el 0,5% de cuota solidaria, un porcentaje que se les retiene de manera automática a todos los empleados de la administración pública nacional y que van directo a las arcas del gremio.
El otro rostro del pragmatismo sindical es Gerardo Martínez. Contabiliza casi 100.000 despidos en la construcción desde que el Gobierno dispuso frenar la obra pública, en diciembre de 2023. El jefe de la Uocra apuesta a que su aval encubierto para que se apruebe la Ley Bases ponga en marcha nuevamente a la obra pública. Su reencuentro con Barrionuevo fue un mensaje a Francos, el ministro del Interior que le prometió reactivar proyectos en el interior.
A la caída de la actividad económica y la escalada del dólar, se suma otra señal alarmante. En la Secretaría de Trabajo de la Nación se concretan en promedio 10 pedidos por mes de empresarios para activar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). El PPC, establecido en la década del 90 en la denominada ley de empleo, permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones, aunque depende de un acuerdo con el principal sindicato de la actividad. A un ritmo similar, crecen los pedidos en Santa Fe, según fuentes del gobierno provincial, y en la Ciudad de Buenos Aires.
La otra luz roja tiene que ver con los conflictos individuales en las empresas y fábricas. En la gran mayoría de los casos, son instancias que no tienen repercusión pública, pero que existen. El Servicio de Conciliación Obligatoria (Seclo) es el paso obligatorio previa al inicio de la demanda judicial. Desde el 10 de diciembre al 4 de julio último, se tramitaron 38.178 expedientes de los cuales solo 6120 se cerraron con un acuerdo espontáneo entre las partes. Hay un leve incremento de la estadística en relación con años anteriores, en los que se contabilizaban entre 60.000 y 70.000 expedientes por año. Es apenas otra foto más del termómetro social y económico después de una semana de incertidumbre financiera.