La tercera no fue la vencida. El sacerdote Julio César Grassi, que purga 15 años de prisión por el abuso sexual de dos menores que estaban bajo su cuidado en la Fundación Felices los Niños, no logró convencer a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Morón y su pedido de salir en libertad fue rechazado en forma unánime. A menos que lo intente de nuevo, y eventualmente tenga éxito, el cura, que insiste con que es inocente, seguirá preso en el penal de Campana hasta mayo de 2028.
Así lo resolvieron los magistrados Mariana Maldonado, Juan Carlos Uboldi y Claudio Chaminadi después de un cuarto intermedio tras haber escuchado los fundamentos de Grassi que, ahora como abogado -estudió y se recibió en la cárcel -, se representó a sí mismo, y los del fiscal Mario Ravizziki y del abogado Juan Pablo Gallego, abogado que representa a las víctimas.
Grassi habló desde una oficina del penal de Campana, donde cumple su condena. “La audiencia fue más contundente de lo pensado. Grassi mintió, se declaró inocente y dijo que no tenía nada de que arrepentirse”, sostuvo Gallego en declaraciones a LN+ durante el cuarto intermedio.
La resolución fue leída por la jueza Maldonado, que cumple la función de presidenta del tribunal. Primero explicó que se rechazaba el pedido de nulidad solicitado por Grassi y después, que se denegaba la solicitud de libertad.
“Hoy vimos en vivo a un monstruo. Ya lo dijeron los peritajes. Se comprobó que es la misma persona que dice ser la agraviada, la que su palabra es la única que vale. En 2028 la Argentina va a tener que debatir si hay lugar para liberar a un monstruo y bajo qué condiciones, aun cuando cumpla la pena”, sostuvo Gallego tras conocer el fallo.
El letrado se mostró muy satisfecho con la decisión de los magistrados. “Los jueces tomaron los fundamentos que nosotros expusimos, teniendo a la vista que aquí aparece vulnerado el bloque constitucional y, fundamentalmente, la Convención por los Derechos del Niño. Esto fue citado y nos provoca mucha satisfacción y un alivio para las víctimas. Grassi intentó impugnar todos los informes [del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)]. Toda la situación de Grassi fue adversa para sus intereses y bochornosa. Se plantó muy agresivo para con los jueces y para con el SPB”, afirmó Gallego.
Grassi se recibió de abogado en la cárcel, aunque hoy se mostró ante el tribunal con su alzacuello puesto, propio de la vestimenta eclesiástica. El de hoy fue su primer alegato. “Milité como sacerdote a través de la Fundación [Felices los Niños] y en muchas otras acciones en barrios populares contra todo tipo de maltrato contra los niños y los adolescentes”, dijo ante los jueces.
Durante su presentación, Grassi solicitó un cuarto intermedio “para ordenarse”. “Todos los derechos procesales que hay en el país tienen una acción de revisión porque existe plena posibilidad de que haya un error judicial, que una persona haya sido mal condenada y que la condena esté firme”. En rigor, su sentencia fue confirmada en cada una de las etapas, desde el tribunal de juicio hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Grassi fue condenado en 2019 por hechos ocurridos en 1996 y que salieron a la luz seis años después, gracias a una revelación periodística de Telenoche Investiga. Nunca admitió su culpabilidad: no solo negó los hechos, sino que cuestionó a las propias víctimas que lo habían denunciado.
Estuvo preso desde el 23 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2002; luego siguió ligado al proceso, pero en libertad, hasta su nuevo arresto, el 7 de marzo de 2012, que cursó bajo la modalidad domiciliaria hasta el 31 de mayo de ese año. Finalmente, fue detenido el 23 de septiembre de 2013 y sigue alojado en el penal bonaerense de Campana.
Solicitó la prisión domiciliaria en abril de 2020, durante la fase aguda de la pandemia de coronavirus. Fracasó porque se comprobó que no formaba parte de la población considerada como grupo de riesgo ante un eventual contagio de Covid-19.
En ese momento, Grassi tenía por hecho que cumpliría su condena en agosto de 2026, ya que en 2017 la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón le había concedido el beneficio del “2×1″. Pero una revisión del fallo en la cámara de apelaciones cambió la situación del sacerdote. El 28 de junio de 2022 fue extendida la condena por dos años más tras una apelación presentada por la querella, a raíz del mal cálculo de la pena y la inaplicabilidad del beneficio llamado “dos por uno”.
El recurso de apelación a la condena inicial de Grassi fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Morón, que dio lugar a la petición y ordenó ampliar la pena hasta el 30 de mayo del 2028. De esta manera, comenzaron a regir desde 2013 los 15 años a los que fue sentenciado el sacerdote.
El 10 de junio de 2009, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Morón condenó al clérigo a la pena de 15 años de prisión por los delitos de “abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima […] reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que, a su vez, concurrieron formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”. Esto es por los hechos cometidos en noviembre y de diciembre de 1996 en la Fundación Felices los Niños, que funcionaba en un predio de Hurlingham.
En septiembre del año pasado, Grassi había presentado a través de sus defensores un pedido de libertad condicional similar al que fue analizado hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Morón. En ese momento también fue rechazada la petición del condenado.
Por entonces, Gallego, que representa a las víctimas, había expuesto su tajante rechazo de una salida anticipada de Grassi. “Que no cumpla la condena estipulada sería otro fuerte golpe para las víctimas. Es opacar el acto de justicia que implicó validar la verdad de las víctimas”, dijo poco antes de la audiencia realizada el año pasado. Ahora repitió similares conceptos. Su posición es que la libertad condicional “no es un beneficio que puedan pedir los delincuentes sexuales, ya que así lo establece el Código Penal”.
El sacerdote, que a pesar de tener condena firme no fue expulsado de la Iglesia Católica y sigue formando parte activa del clero –aunque se dispuso que no podía oficiar misa ni dar los sacramentos–, sostiene que la reforma procesal y penal que prohíbe las salidas anticipadas de cárcel para las personas condenadas por delitos sexuales no estaba vigente cuando él fue juzgado, por lo que, al no poder ser aplicada retroactivamente, no sería aplicable a su caso. Tras la resolución dictada este mediodía se interpreta que al menos para la Justicia de Morón rige plenamente en el proceso contra el cura.
Grassi está alojado desde 2017, tras la confirmación de la condena realizada por la Corte Suprema, en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, sector donde están los presos con buena conducta.
LA NACION