Graciela Ocaña, legisladora porteña de la Coalición Cívica, presentó este martes una denuncia contra Thierry Decoud, dirigente del PRO e interventor de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y contra los intermediarios Andrés Gross y Alejando Salemme, luego del escándalo que se desató por un presunto pedido de coimas a una compañía internacional.
En el escrito, presentado por la funcionaria ante la Justicia Federal, Ocaña pide que se investigue a los tres involucrados por «la presunta comisión del delito de cohecho y tráfico de influencias», luego de la revelación que hizo Clarín este lunes y que desató fuertes ruidos internos en el Gobierno y el entorno macrista.
Decoud fue puesto como interventor por Javier Milei, pero es un dirigente del PRO que supo ocupar un cargo de alto rango durante la administración de Mauricio Macri.
En los hechos de la denuncia, Ocaña resalta que «a través de diversos medios de comunicación se hizo público un intento de cobrar una coima por parte de ‘facilitadores de negocios’ que termino frustrando una venta millonaria en favor del estado argentino» y que «se puede apreciar como Andrés Gross y Alejandro Salemme intentan cobrarle una coima a la empresa israelita TEGI para cerrar una operación de compra de carbón».
También remarca que «Gross y Salemme contactaron al representante de TEGI en argentina, diciéndole que para ‘cerrar el negocio’ era necesario que paguen una coima que el propio Gross sostiene que ‘no están pidiendo un porcentaje totalmente elevado'». Y afirma que ninguno de ellos forman parte de YCRT, pero en conversación grabada dicen que tienen «contacto con la persona que termina de decidir la venta y pueden frenar la operación».
«Asimismo, de trascendidos en los medios, Gross sería amigo intimo del interventor de YCRT Thierry Decoud, y hasta jugarían al futbol asiduamente», agrega.
Ocaña, además, pone hincapié en «los millones perdidos por la corrupción» y dice que «el actual gobierno hace alarde de su austeridad y su intención de privatizar y/o cerrar todas las empresas estatales que no ganan plata», pero que»si las empresas estatales siguen rodeadas de funcionarios corruptos que directa o indirectamente solicitan coimas y en su afán de cobrar sumas indebidas frustran negocios lícitos y millonarios para el estado, el problema no radica en la empresa, sino en el funcionario».
«Es evidente que acá estamos en presencia de ‘allegados’ a los funcionarios, en este caso el interventor de YCRT, que buscan cobrar una coima para no frustrar un negocio totalmente licito y que el único por el cual no se concretó fue que la empresa no quiso pagar dicha coima», enfatiza.
Entre las pruebas que presenta la ex ministra, figuran dos artículos periodísticos, uno de ellos el de Clarín, que dio a conocer el escándalo.
Uno de los pedidos del escrito es el de «solicitar se libre orden de presentación con allanamiento en subsidio de la empresa Yacimiento Carbonífero Rio Turbio, a fin de que acompañe el expediente administrativo en donde tramito la compra de carbón por parte de la empresa israelita TEGI, así como también todos los expedientes, documentos, y presentaciones realizadas por TEGI ante YCRT en los últimos 5 años».
Noticia en desarrollo.