La marcha a favor de las universidades públicas que se hará esta tarde frente al Congreso de la Nación, con réplicas en todo el país, es motivada por la queja de docentes y estudiantes hacia la política oficial del gobierno de Javier Milei de recortarles recursos.
En medio de la discusión, que involucra también a la clase política, a la sociedad civil y a sectores del sindicalismo, la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) dio a conocer un informe en el que detalla cómo fueron las transferencias que se hicieron desde el Estado hacia las universidades este año y las compara interanualmente con las realizadas en 2023.
El documento de ASAP revela que durante este año las 61 casas de estudio que reciben fondos públicos cobraron un total de $ 2,13 billones de enero a septiembre, una cifra que representa un crecimiento de un 150,1% si se la compara con los $ 854.300 millones que habían recibido en el mismo período de tiempo en 2023, pero que, inflación mediante, significa un 30,2% menos de recursos de un año a otro.
Los datos revelan que pese al crecimiento nominal de las transferencias, en realidad las casas de estudio disponen de muchos menos fondos en comparación al año pasado, validando en parte el principal argumento de quienes marchan, que es que el gobierno de Javier Milei quiere quitar recursos a la educación pública y vetar la ley de financiamiento universitario que se aprobó en ambas cámaras.
Las transferencias, caso por caso
En el informe de ASAP se analiza caso por caso cuánto dinero recibió cada universidades, en relación al devengado (fondos transferidos) y al monto efectivamente pagado, y se hace una comparación interanual entre los recursos recibidos a septiembre de este año y en el mismo lapso de tiempo del año pasado.
Casi la mitad de los fondos cobrados este año por universidades corresponden a las cinco principales en el país: la de Buenos Aires, la UTN, la de La Plata, la de Córdoba y la de Rosario, que recibieron un global de $ 943.410 millones de enero a septiembre, en la gestión de Javier Milei. La UBA lidera, con $ 399.925 millones; la sigue la UTN con $ 151.975 millones; luego La Plata, con $ 146.135 millones; después Córdoba, con $ 13.089 millones y finalmente Rosario, con $ 106.287 millones.
Las cinco, no obstante, sufrieron pérdida de fondos en relación a 2023, todas entre un 27% y un 31%, a pesar de haber aumentado su presupuesto nominal entre un 146% y un 161%. En tanto, en la relación entre lo devengado y el pagado se ubican entre el 86 y el 87%.
En el extensísimo listado de universidades que reciben fondos estatales aparecen las de cada provincia y otras municipales, con casos específicos como el de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, a la que menos recursos le transfirió el Gobierno durante el año calendario, unos $ 905 millones. En el listado de las cinco que menos recursos recibieron aparecen la del Alto Uruguay, la de San Antonio de Areco, la Scalabrini Ortiz y la de Defensa Nacional, todas cobraron de $ 1.200 a $ 2.200 millones.
La discusión de fondo
El inminente veto de Milei a la ley de financiamiento universitario que sancionó el Congreso motivó fuertes críticas desde diferentes sectores de la oposición, pero también desde las propias universidades y de buena parte de la sociedad civil. La marcha de este miércoles se espera que sea igual o más convocante que la del pasado 23 de abril, la primera gran protesta contra el Gobierno.
Mientras desde las universidades plantean que están cobrando salarios que equivalen a los que reciben aquellos que se encuentran bajo la línea de pobreza, desde la Rosada aseguran que eso no es así y sostienen que es una marcha política, orquestada por el kirchnerismo y por un sector del radicalismo que conduce el senador Martín Lousteau. Además, hubo fuertes cruces entre representantes académicos y el secretario de Educación Carlos Torrendell
Se espera que en las próximas horas se concrete el veto de Milei, el segundo en menos de un mes teniendo en cuenta que hizo lo propio con la reforma jubilatoria. Sin embargo, hay dudas en este caso acerca de si podría sostener esa decisión en ambas cámaras, que podrían lograr los dos tercios y bloquear el veto del presidente, algo que no sucedió en el caso anterior.