El Gobierno porteño abrió la licitación para la construcción de una «Alcaidía Central» en la Ciudad de Buenos Aires. El complejo de detención ya había sido anunciado en mayo de este año para paliar la situación crítica de sobrepoblación en las comisarías porteñas, con seguidilla de fugas de presos de por medio, y ahora se formaliza con la apertura de un proceso licitatorio que supera los 40 mil millones de pesos de presupuesto. La obra se realizará en el barrio de Villa Soldati y podría alojar unos 700 detenidos.
La licitación quedó abierta a través de la publicación en el Boletín Oficial porteño de la Resolución 960/24 del Ministerio, con la firma de su titular, Waldo Wolff. Allí se estipula que la obra contará con un presupuesto de 43,7 mil millones de pesos y que se llevará a cabo en un predio de cuatro hectáreas del barrio de Soldati, ubicado en la avenida 27 de Febrero a la altura del cruce con la autopista Cámpora, a sólo metros del Parque Olímpico y del Riachuelo.
Según se explica en los pliegos técnicos de la licitación, la estructura central de la alcaidía constará de cinco edificios de dos plantas destinados al alojamiento de detenidos. Las celdas, precisan los pliegos, serán para seis personas cada una y estarán conectadas por un patio interno. A su alrededor habrá un «edificio de seguridad» donde se realizarán las tareas administrativas del lugar, así como la entrada y salida de detenidos o familiares.
También habrá un espacio destinado a la División Unidad Táctica de Intervenciones Alcaidías. La superficie a edificar alcanzaría los 10 mil metros cuadrados, mientras que 30 mil quedarían al descubierto, incluyendo el estacionamiento y el patio externo del lugar. La fecha de apertura de sobres está pautada para el 8 de noviembre y la resolución estipula un plazo de obra de aproximadamente dos años desde el inicio de los trabajos.
La ciudad se encuentra actualmente en «emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento» en las comisarías y alcaidías, destinadas sólo al alojamiento transitorio de personas privadas de su libertad. Así lo declaró el Gobierno porteño a través de un decreto publicado principios de mayo, en el marco de la ola de fugas que se produjo entre marzo y abril, cuando se llegaron a escapar 17 personas de comisarías de San Telmo, Balvanera y Caballito.
La situación de sobrepoblación y hacinamiento de esos lugares de detención se viene acrecentando en los últimos años. Según el último informe del Observatorio Penitenciario y de Derechos Humanos del Poder Judicial porteño, la cantidad de alojados totales en las alcaidías y comisarías «mantiene una tendencia ascendente del 129,66 por ciento desde diciembre de 2022 a octubre de 2024″. Al primero de octubre de este año, señala el informe, la cantidad de detenidos asciende a 2207, más del doble de la cantidad de plazas que el sistema puede soportar en situaciones normales.
La cuestión llegó a generar rispideces entre Nación y Ciudad por el destino de los detenidos. Es que el Ministerio de Seguridad porteño sostiene que la mayor parte de los presos ubicados en comisarías y alcaidías llegan por causas de la Justicia nacional, por lo que vienen reclamando a Nación que traslade a los detenidos al Servicio Penitenciario Federal.
Mientras tanto, la nueva Alcaidía Central serviría para paliar un poco la situación. En paralelo a la declaración de emergencia, el GCBA había anunciado en mayo la ubicación de cárceles container en barrios como Barracas, Chacarita o Saavedra, lo que generó el rechazo de vecinos y vecinas de esos lugares. Según pudo saber este diario, el nuevo complejo de Soldati podría albergar unos 700 detenidos y la idea es que los alojados en los módulos carcelarios sean trasladados allí, por lo que los container serían transitorios.
La elección del predio donde se construirá la alcaidía también generó polémica, particularmente en la discusión de las modificaciones del Código Urbanístico (CUR) que fueron aprobadas en primera lectura a fines de septiembre. Es que el proyecto implica que esas tierras del Parque Olímpico sean rezonificadas para poder levantar el complejo de detención.
Durante la sesión en que se discutió el CUR, la legisladora Claudia Neira fue la encargada de sentar posición sobre el tema por Unión por la Patria (UxP) y manifestó el rechazo de su bloque al proyecto: «Van a poner una cárcel en el Parque Olímpico. Que sepan todos los chicos que van a hacer deportes en el parque que va a haber una cárcel para 700 presos», advirtió. Según pudo saber este diario, la oposición seguirá intentado que la rezonificación se retire del proyecto de cara a la segunda lectura posterior a la audiencia pública que se realizará en noviembre.