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El Congreso Nacional tenía en agenda el tratamiento de la ley de «Ficha Limpia». Una iniciativa que pretende ir contra la corrupción y genera un amplio debate.

De qué se trata el proyecto de ley “Ficha Limpia”

De qué se trata el proyecto de ley “Ficha Limpia”

Por Sitio Andino Política

Este miércoles 20 de noviembre de 2024, se esperaba que el Congreso Nacional tratara en sus últimos días de sesiones ordinarias el proyecto “Ficha Limpia”, una ley que apunta a regular el acceso a cargos públicos de personas condenadas por corrupción. Sin embargo, la sesión fracasó por falta de quórum, dejando el debate nuevamente en el aire.

El proyecto estuvo en la agenda, pero el tablero marcaba apenas 128 presentes tras los primeros 30 minutos de iniciada la sesión. El presidente de la Cámara, Martín Menem, no aceptó la propuesta del PRO de extender 15 minutos más el tiempo reglamentario, lo que provocó la caída de la sesión. Esta falta de consenso evidenció las dificultades para avanzar en una normativa clave de cara a las próximas elecciones.

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¿Qué es el proyecto de ley «Ficha Limpia»?

El proyecto Ficha Limpia propone que las personas condenadas con sentencia firme por delitos de corrupción no puedan ser precandidatos en elecciones ni ocupar cargos partidarios. Además, incluye aquellos casos con condena en primera instancia, hasta que la sentencia sea revocada o quede firme.

La iniciativa busca reforzar los requisitos de idoneidad exigidos por la Constitución Nacional, alineándose con compromisos internacionales como las Convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción. Su implementación significaría un avance en la lucha contra la impunidad en el ámbito político.

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De qué se trata el proyecto de ley “Ficha Limpia”

De qué se trata el proyecto de ley “Ficha Limpia”

Una herramienta contra la corrupción

La normativa incorpora al derecho penal el concepto de reiteración delictiva, considerando como agravante la existencia de múltiples procesos penales simultáneos. Esto permitiría endurecer las medidas de coerción, incluyendo la prisión preventiva, en casos de corrupción investigados.

Provincias como Mendoza, Salta y Chubut ya cuentan con normativas similares, lo que refuerza el reclamo por una ley nacional. Sin embargo, el desafío sigue siendo lograr consenso en el Congreso para su aprobación./Infobae.

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