Tres fiscales federales imputaron este jueves al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato en tres causas. Es una etapa del nuevo sistema acusatorio en que los fiscales investigan y luego le pasan el caso al juez para acortar los tiempos procesales.
Una de las causas es por contratar en su juzgado al contador Gabriel Mizzau quien le hacía los balances al narco Esteban Lindor Alvarado, en otra por depositar en una financiera amiga fondos de una cooperativa intervenida por la Justicia, y en la tercera por sospechas de connivencia con aduaneros de la Hidrovía en casos de contrabando. Ya tiene un sumario en el Consejo de la Magistratura.
La imputación la impulsan Diego Velasco, fiscal general, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, y Juan Argibay Molina, fiscal coadyuvante de la Delegación Rosario de esa Procuraduría.
En la audiencia, Bailaque recusó al juez y la audiencia pasó para mañana.
La semana pasada, la Gendarmería allanó el juzgado de Bailaque en los tribunales de Rosario para investigar el alcance de su vínculo con el contador Gabriel Mizzau, quien también asesoraba al jefe narco Esteban Lindor Alvarado. Se busca determinar si Bailaque tomó medidas para retrasar o favorecer a Alvarado. Este es el enemigo de la banda de “Los Monos” en la interna narco de Santa Fe.
En forma paralela, la semana pasada, declaró ante el Consejo de la Magistratura la diputada provincial del socialismo Santa Fe Lionella Cattalini en el expediente que tramita la denuncia contra el juez Bailaque.
Catallini recordó que “hay una causa madre de 2013 donde la justicia federal comienza a investigar a Medina y Alvarado. Cuando llega al juzgado de Bailaque tuvo movimientos. El fiscal Lencina acreditó 14 informes donde había mucha información. Pidió que se intervengan 3 teléfonos, de la ex pareja de Medina, el hermano de Alvarado y de Brites”.
Pero Bailaque “denegó las intervenciones telefónicas, ante el pedido reiterado 3 veces de Lencina. Las admite 11 meses después cuando las circunstancias habían cambiado y Medina había fallecido. De 2016 a 2019 estuvo parada, Bailaque no le dio impulso, denegó informes y no utilizó escuchas. Durante 3 años estuvo la causa del principal narco de la provincia totalmente frenada”.
Catalini dijo en su exposición que “se constató que la empresa “Santino” tenía balances firmados por un contador -Gabriel Mizzau- que además había pedido la habilitación de la otra empresa. De la sentencia de condena de Alvarado, surge que 3 jueces dicen que había que mandar este expediente al Consejo porque eran notorias las irregularidades de Bailaque en la tramitación. Bailaque intenta defenderse, después de tener 3 años la causa parada y Alvarado detenido, a fin de 2019 y un año después Bailaque dice que actúa contra Alvarado y lo acusa a 15 años de prisión por el transporte de marihuana. Del lavado de dinero y la red criminal no dice nada”.