Cámara lenta para Cristina
La Justicia pasa a ocupar el escenario político desde este viernes (final del año legislativo. La Suprema Corte lanzó, como había adelantado esta columna, la miniserie de los fallos encadenados. Hasta finales de diciembre, fecha de retiro del justice Juan Carlos Maqueda, se sucederán sentencias que ya tienen su firma y cuyo consenso el tribunal quiere aprovechar. No hacerlo llevaría a muchas causas pendientes a un punto cero.
Ya se conoció el sobreseimiento por prescripción de Domingo Cavallo en la causa sobresueldos. Esa denuncia nos ha acompañado toda nuestra vida adulta -y la de «Mingo»- como un emblema de la Justicia lenta. Se investigaron hechos de fines de los 80, denunciados en 2004, procesados desde 2009 y con condena en 2015: 29 años, toda una vida. Le falta que le alivien reproches por la venta del predio de la Rural.
Los fallos que vienen son más recientes, y se esperan decisiones procesales en causas relacionadas con Cristina de Kirchner -Hotesur, Dólar Futuro, Acuerdos con Irán-. De lo más reciente no mucho más. El tribunal que confirmó la condena en la causa Vialidad extendió el plazo, a pedido de la defensa, para que se presente el recurso extraordinario, de 10 a 30 días hábiles.
El motivo es la complejidad y la extensión de la sentencia, que tiene más de 1.500 páginas. En la Corte esperan que el expediente les llegue en abril/mayo del año que viene. Vaya a saber uno qué Corte habrá en esas fechas. El futuro es tan irreal como la eternidad (Octavio Paz, poema).
Testimonial Corpacci
Le va a poner algo de pimienta a esta judicialización de la agenda la notificación de que la senadora por Catamarca Lucía Corpacci puso la firma que faltaba para que el Gobierno tuviera un dictamen de mayoría a su propuesta de Ariel Lijo. Es un gesto testimonial por la irradiación que proyecta hacia todos lados.
Primero, porque es un anuncio no comprobado. El dictamen no se presentó en la Comisión de Acuerdos y nadie apuesta que logre 2/3 del Senado. Hay quienes este fin de semana ponían en duda que fuera efectivo este globo de prueba del proyecto de designarlo en comisión y por decreto. ¿Para qué decirlo? Para proyectar esquirlas hacia todos lados.
Primero, esa firma no existiría sin la venia de Cristina de Kirchner. Es una invitación al acuerdo: el peronismo les admite a Lijo, pero pide le cedan un nombre a la oposición. El Gobierno, por ahora, niega que esté buscando ampliar la Corte. Esta negociación se hace en pasillos por los que no camina, según jura, Wado de Pedro. Otros miran hacia Juan Manuel Olmos.
Nos les miremos los dientes
Lo más eficiente es un diálogo de hace un mes entre José Mayans y el verdadero patrón de la mayoría oficialista de «Los 39» del Senado, Juan Carlos Romero. Fue la aproximación más estrecha que hubo hasta ahora, y la sintetiza la frase del senador por Formosa: «Ustedes no le miren los dientes a nuestro candidato y nosotros no le miramos los dientes al del Gobierno».
Una belleza argumental insuperable. En esa charla alguien dejó caer el nombre de Miguel Pichetto. No fue en vano; el jefe de la bancada de Encuentro Federal recibió seis meses atrás la oferta del Gobierno ocupar una silla en el tribunal. Se la ofreció Santiago Caputo (a) The Go-Between (guglear, se tradujo como El mensajero del amor, libro de Pinter, dirección de Losey, imperdible), en una visita que le hizo a su casa.
Rechazó la propuesta por razones políticas razonables. Maneja un bloque del Congreso que es clave en todos los debates y que le da una centralidad a la altura de sus antecedentes. También dio motivos personales: está en edad de ser designado, pero cada día que pasa se acerca al límite que lo saca a Maqueda del tribunal.
Paisajes de Catamarca
Corpacci es orgánica del peronismo pejotista y figura en el dream team del cristinismo que se adueñó este mes de la conducción del partido. Pero se mueve también por razones personales de interés impostergable. La Justicia ha reabierto una causa a su exmarido, Angel Mercado, que parecía cerrada. Es por el manejo de fondos del yacimiento Agua del Dionisio, a raíz de una denuncia de Elisa Carrió (CFP 18368/2016/CA12).
El Gobierno nacional ya ha cosechado en Catamarca otros apoyos, como que los diputados que responden al gobernador Raúl Jalil voten proyectos mileístas. Ángel Mercado es sobrino de Armando «Bombón» Mercado, quien fue esposo de Alicia Kirchner, tío de Máximo y cuñado de Néstor y Cristina.
Macri en mira del pacto
La firma de Corpacci irradia también hacia la relación del Gobierno con su entorno. Es público el rechazo de Victoria Villarruel hacia Lijo. Es más fuerte aún el de Macri, socio “a la carta” del Gobierno. El pacto objetivo que revela esa firma es la prueba de la coincidencia de objetivos políticos entre el gobierno y el cristinismo:
1) Destruir a la fuerza de Macri sobre la que construyó Cambiemos.
2) Pulverizar la Corte que armó el gobierno de Juntos por el Cambio.
El cristinismo ha dedicado todos sus esfuerzos a desmoronar ese armado. No logró dictaminar el juicio político, y la actual oposición cree que la Corte de Rosenkrantz y Rosatti los tiene de enemigos. Ha frustrado las reelecciones de gobernadores (Zamora, Manzur, Uñac), los ha contradicho en las causas por las rentas de la CABA y en la reforma del Consejo de la Magistratura.
Milei parece convencido de que esta Corte también va por él y sabe que la designación de Lijo es un acuerdo de largo plazo entre su gobierno y la familia judicial, de la cual Lijo es el principal referente público. Heredó el rol que en el pasado llegó a tener Ricardo Lorenzetti.
El acuerdo no incluye la designación de Manuel García-Mansilla (para la otra vacante a designar), a quien Villarruel sí votaría, si pudiera. Este jurista es el candidato de los grandes estudios que asesoran al Gobierno y que hoy están enojados por esta dualidad. A la Casa Rosada le gustaría casarse con Mansilla, pero tener de amante a Lijo, parafraseando la expresión de Rubén Darío: “Es preciso decíroslo: mi esposa es de mi tierra; mi querida, de París”.
El partido de la Contrarreforma
Este es un gobierno más de ocurrencias que de densidades doctrinarias. Pero adhiere, como el peronismo, al partido de la Contrarreforma de la Constitución, que no suele salir mucho a la luz. Desde la sanción de la reforma de 1994, el conservadorismo criollo, dentro del cual hay que anotar al peronismo cristinista, se ha dedicado a tratar de demoler o desfigurar el contenido de esa reforma.
La actual Suprema Corte es una expresión de la reforma. Dos de sus integrantes, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, fueron convencionales. Rosenkrantz fue asesor de Raúl Alfonsín en la Convención de Santa Fe. Maqueda y Antonio Hernández han sido convencionales de tres reformas: la nacional, la de Córdoba y la municipal de esa provincia. Maqueda representa, además, al constitucionalismo federal, y ha animado sentencias en defensa de las provincias durante los últimos 20 años.
El peronismo de la era Kirchner esmeriló aquella constitución con reformas legislativas -Consejo de la Magistratura, régimen de los DNU, etc.-. Cristina ha llamado varias veces a revisarla, en particular porque la considera defensora de la iniciativa privada y contra el Estado.
El Partido de la Contrarreforma que expresa el gobierno de Milei querría demoler la actual Corte y avanzar en una nueva redacción para volver al Colegio Electoral, eliminar el Consejo de la Magistratura, el balotaje y la jerarquía constitucional de los tratados internacionales.
El veneno de las emergencias
La prepotencia tiene una racionalidad elemental que el Gobierno disfraza de convicciones y temperamentos. Quema etapas sin el control del Congreso, a golpes de DNU y vetos, sin la cartografía convencional de un presupuesto anual, y con la Auditoría General de la Nación desactivada durante todo el año y en manos del peronismo, porque le abre amplios márgenes de discrecionalidad.
Es el atajo de los gobiernos débiles, que necesitan ese veneno de la vida pública argentina que es la emergencia y la excepcionalidad. Esta administración accedió al poder con un tercio de los votos positivos de la primera vuelta y vive de prestado en el Congreso. Quiere convencer de que llegó al poder con un escenario apocalíptico que lo obliga a vivir en emergencia. Si las emergencias hubieran servido para algo, la suerte de los gobiernos anteriores habría sido mejor.
Desde la crisis del 2001 todos los gobiernos apabullaron de emergencias a la sociedad. No sirvieron de mucho, si se admite el diagnóstico de su herencia catastrófica. Un solo gobierno, el de Juntos por el Cambio, se animó a gobernar sin emergencias. El Congreso en 2016 abolió todas las emergencias heredadas, salvo la de la pobreza. Alberto Fernández, apenas asumió, las repuso todas y se dio el gusto de alguna más.
Simulaciones
El gobierno de Milei sumó otra emergencia no escrita, la de la política. Imagina que hay un poder oculto que le impide gobernar y que conspira contra su programa. Representa, sin embargo, la agenda de cuatro de los cinco candidatos presidenciales de la primera vuelta de 2023, y tiene el apoyo de todas las bancadas, salvo la de Unión por la Patria.
Si enviase a Luis Caputo a conversar a Diputados ya tendría el DNU 846 (canje de deuda) y el presupuesto para gobernar con normalidad. Si sentase a algunos en la banca tendría ficha limpia y una reforma a la baja de las PASO. No lo hace porque sería admitirle alguna legitimidad a sus interlocutores.
El Presidente prefiere construir un relato en el cual es más fuerte que sus contradictores, cuando en realidad es más débil. La prueba es que huye de los debates y se refugia en voceros que repiten esa leyenda. Demostró que es una minoría con amigos en las elecciones de 2023 y es esperable que sueñe con revertir esa minoría en las del año que viene.
Los falsos enemigos
A esa intención de asegurar discrecionalidad y sustentabilidad responde la leyenda del Presidente fuerte por distinto. «Tiene una psicología muy especial, pero el rumbo es el correcto», dice Macri. Es el argumento que justificó en otros tiempos las atrocidades institucionales («Y, ya saben cómo es el almirante», etc., se decía en tiempos tenebrosos). También sirve a esa intención de lanzar pirotecnia contra enemigos inexistentes por imaginarios.
Los adversarios del Gobierno son el comunismo, el colectivismo, el «deep state» que quiere controlar todo (i.e. la «casta»): fantasías imaginarias que pudieron existir en el pasado como el «pulpo negro» de Ibáñez Menta o los Ovnis de José de Zer. Hasta Villarruel es una enemiga imaginaria en una pelea que se agota en los relatos que filtra el mismo gobierno, para simular que controla a alguien. Cualquier explicación se alimenta de presunciones y tramas conspirativas.