La Cámara Civil confirmó que el 30% de la jubilación de privilegio que Alberto Fernández percibe como ex presidente de la Nación, debe destinarse a la cobertura de los alimentos en carácter de provisorio, hasta que se resuelva la demanda iniciada por Fabiola Yañez, por los gastos que corresponden a la manutención del hijo de ambos. El ex Jefe de Estado había pedido que el porcentaje sea del 20% hasta que se resuelva el juicio por alimentos.
Durante las mediaciones judiciales, Fernández y Yañez no llegaron a ningún acuerdo. Mientras la ex primera dama exige una manutención mensual, más la cobertura de la prepaga, la escolaridad del niño y el dinero para el alquiler en Madrid, el ex presidente solicita que ella regrese a la Argentina para tener un régimen compartido de tenencia de Francisco. Ese planteo incluye garantizar un alquiler para su ex pareja. Lejos de acceder a esa propuesta, se suma un problema: está por vencer la visa precaria con la que la ex primera dama permanece en España.
En el fuero de familia porteño, la abogada de Yañez, Mariana Gallego, inició una mediación extrajudicial para llegar a un acuerdo respecto a los alimentos para Francisco, el hijo que la ex primera dama tiene con Alberto Fernández. Hasta que ello ocurra, la abogada logró que la justicia embargue 3,8 millones de pesos de la pensión de privilegio que recibe el ex presidente, que supera los 14 millones.
La negociación demandó más de cinco audiencias de mediación y las últimas fueron sólo de carácter técnico, con la intervención de las abogadas Gallego y Silvina Carreira. Hasta el momento, las partes no lograron llegar a ningún acuerdo.
Con ese telón de fondo, Alberto Fernández se opuso a la retención del 30% de su jubilación de privilegio. Por eso apeló el fallo que determinó ese monto, con la pretensión de que el porcentaje cautelado sea del 20%. El reclamo llegó hasta la Cámara Civil.
En la resolución, a la que accedió Clarín, la Sala E del tribunal, conformada por los jueces María Sorini, Ricardo Li Rosi y José Benito Fajre, explicó que la determinación provisoria está destinada a satisfacer las “necesidades impostergables del alimentado durante el breve lapso que debe mediar hasta el dictado de la sentencia”.
Por ese motivo se planteó que el concepto de “necesidad” debe interpretarse conforme al “nivel de vida de la familia en cuestión”. En este sentido, se remarcó que toda la documentación analizada en el marco del expediente sustenta la decisión del juez de primera instancia que fijó un 30% de los ingresos de Fernández bajo el carácter de provisorio.
“La obligación de proveer alimentos implica satisfacer las necesidades según la norma en que se funda su reclamo y, sin perjuicio de lo expuesto, dada su naturaleza provisional, la fijación de un monto se debe realizar con un conocimiento apenas superficial y somero del marco fáctico. Una vez acreditado aquél permitirá, en el proceso pertinente y con un mayor debate, el establecimiento de la pensión definitiva. Por lo tanto, deberá cuantificarse de manera prudencial, al no encontrarse probados –en forma plena y acabada- los recursos del alimentante”, manifestó la Sala E.
Fernández también discutió el plazo impuesto para retener el 30% de su pensión, pero los camaristas lo avalaron descartando que se tratase de un abuso.
Por último, la Sala E dijo que “en juicios por alimentos, salvo acuerdo de partes y aun cuando el monto de la cuota fijada sea inferior a la demandada, las costas deben imponerse al alimentante, pues lo contrario significaría gravar la pensión fijada al tener que soportar la alimentada en la parte correspondiente los gastos”.
Negociaciones fallidas
Aunque la ahora confirmada resolución judicial obliga a Fernández a pagar el 30% de la pensión que cobra como expresidente, para Yañez no es suficiente. La cifra que ella reclama por mes superaría los 1.000 euros, pero además solicita que Fernández se haga cargo del pago de la prepaga, el alquiler y el colegio de Francisco.
Dentro de las concesiones que estaría dispuesta a realizar Yáñez se encuentra un abaratamiento de su alquiler, mudándose a otro departamento cuyo pago se ajuste a lo que el ex Jefe de Estado pueda afrontar.
Del otro lado de la mesa, Alberto Fernández hizo una “cuenta de almacenero”: detalló cuánto percibe mensualmente como ex presidente, cuánto se le descuenta a raíz del embargo preventivo y sus gastos corrientes. Su conclusión: los fondos no alcanzan para hacer frente a los reclamos económicos de Yañez.
La propuesta que sostiene el ex Jefe de Estado es que Fabiola regrese a la Argentina para así, poder tener una tenencia compartida, un régimen de crianza con intervención de ambos. Algo que sólo puede ocurrir si la ex primera dama retorna al país. En ese caso, Fernández garantizará el nivel de vida que Francisco viene teniendo, pero en Capital Federal.