La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la disolución del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) reactivó el malestar de las provincias patagónicas con la Casa Rosada y el año concluye con otro foco de tensión en el sur del país. El movimiento del oficialismo también generó duras críticas por parte del Comité Argentino de Presas (CAP), una asociación integrada por expertos en el desarrollo y el mantenimiento de ese tipo de infraestructuras, quienes alertaron sobre una probable pérdida de seguridad en el funcionamiento de las hidroeléctricas. Y la posibilidad de que se generen daños en poblaciones y áreas productivas de ocurrir una falla en los sistemas y las estructuras de las represas.
La gobernación de Neuquén fue una de las primeras administraciones en levantar la voz ante el interés de La Libertad Avanza (LLA) por desactivar al ORSEP. En ese sentido, el ministro de Infraestructura neuquino, Rubén Etcheverry, envió una nota a Nación pidiendo que se revierta cualquier intento por disolver al organismo.
«Es un grave error el que van a cometer y les estamos pidiendo que no lo hagan porque sería perjudicial», afirmó en la misiva, además de resaltar que la decisión «puede generar perjuicios catastróficos incalculables e irreparables«.
La disolución del ORSEP impactaría en el control de la seguridad de los complejos de Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón, Arroyito y Cerros Colorados, todos emplazados sobre los ríos Neuquén y Limay, por exponer ejemplos.
Hidroeléctricas: críticas a la eliminación de organismo de control
«La eliminación de esa fiscalización generará riesgos y peligros inconmensurables, con las consecuencias catastróficas que pudieren ocasionarse en los bienes y a las personas existentes aguas abajo de las represas emplazadas en la Región del Comahue», expuso Etcheverry.
El funcionario sostuvo que las represas «no pueden quedar sin fiscalización de seguridad estructural y operativa», y anticipó que la administración neuquina «evaluará su posición» si el Ejecutivo nacional avanza con su plan y podría tomar «acciones» para «resguardar y salvaguardar los bienes y personas que esta medida afectaría potencialmente».
A la par de la posición crítica de Neuquén, el Comité Argentino de Presas (CAP) también se pronunció en contra de los planes de la Rosada y pidió desactivar cualquier medida tendiente a terminar con el ORSEP.
«Las presas son un instrumento esencial para el manejo del agua con el objetivo de promover el desarrollo y la calidad de vida de la población. Velar por la seguridad de presas es, por lo tanto, una obligación indelegable del Estado para garantizar la vida y los bienes de todos aquellos que residen aguas abajo de estas estructuras de gran envergadura en todo el territorio de la República Argentina», afirmó la asociación.
«El Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), con competencia en todas las presas concesionadas por el Estado Nacional desde la década del 90, ha alcanzado desde su creación estándares de seguridad de excelencia», añadió.
Según el CAP, la continuidad del organismo es «imprescindible» para garantizar la seguridad en las zonas geográficas donde están emplazadas las represas. El grupo de experto considera que desactivar el ORSEP «sería un error sin precedentes y de suma gravedad».
Milei extendió concesiones hidroeléctricas
El Gobierno acaba de tomar una decisión clave para el futuro de uno de los principales complejos hidroeléctricos del país.
La determinación va en línea con los decretos ya firmados por el presidente Javier Milei para volver a licitar las represas que actualmente operan varias sociedades bajo la modalidad de contratos que se encuentran vencidos y que las concesionarias siguen operándolas de manera precaria, gracias a extensiones de los plazos que ha venido definiendo la administración nacional.
Bajo esta modalidad se encuentran las centrales Hidroeléctrica Alicurá, El Chocón Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que siguen en manos privadas tras sucesivas extensiones de los acuerdos de concesión.
El último plazo venció el sábado 10 de agosto pasado para Alicurá, El Chocón Arroyito y Cerros Colorados y fueron ampliados en ese momento con el objetivo de «preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca» en donde operan las centrales y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el referido período», tal como sostenía una medida tomada en mayo pasado.
En el caso Piedra del Águila, la prórroga corre hasta este 29 de diciembre, lo cual marca una extensión de seis meses y difiere de las anteriores.