El frente de sindicatos presiona para reabrir la negociación salarial tras el acuerdo de noviembre. La directiva de Aerolíneas puso fecha para febrero
10/01/2025 – 12:04hs
Los vaivenes dentro y en torno a Aerolíneas Argentinas no dejan de sucederse y, en momentos en que se discute la posibilidad de tratar la privatización de la línea de bandera en las próximas sesiones extraordinarias, ahora el verano podría migrar hacia un nuevo escenario de paros y demoras. En pleno reclamo de paritarias, el frente que integran los sindicatos de pilotos (APLA), el personal superior (UPSA), Aeronavegantes y los trabajadores aeronáuticos en general (APA), anticipó que podría activar medidas de fuerza tras la decisión de la compañía de trasladar las negociaciones salariales a febrero. La cúpula de Aerolíneas Argentinas considera razonable el cambio en tanto las organizaciones vienen de cerrar un acuerdo a mediados del pasado noviembre. El Gobierno, mientras tanto, sigue maniobrando para evitar el pago de u$s390 millones establecido por la Justicia estadounidense por la expropiación de 2008.
A través de un comunicado firmado por el frente gremial, los sindicatos sostuvieron que la decisión de la directiva de Aerolíneas Argentinas «implica llevarnos a un nuevo conflicto, que ya transitamos hace poco tiempo y conocemos las consecuencias».
Los gremios presionan para reabrir la paritaria
«… las empresas nos han informado que no habrá reapertura de negociaciones paritarias próximamente y que tienen pensado convocar a los representantes de los trabajadores recién en el mes de febrero», indicaron las organizaciones.
Los gremios aseguran que pretenden «construir lo necesario para no tener que volver a recorrer» la senda de los paros y las demoras, y acusan a la cúpula de la línea de bandera de «una necesidad de impulsar el conflicto».
«La empresa, al incumplir lo acordado actúa con total desconsideración para con los/as trabajadores/as. Solicitamos no más dilaciones y abordar la negociación salarial a la brevedad», señalaron las organizaciones en su comunicado.
En contrapartida, desde el entorno de la directiva de la aérea se indicó que las negociaciones se reabrirían el 4 de febrero, y esa fecha representa un «plazo razonable, teniendo en cuenta la fecha en la cual se cerró la paritaria anterior».
Vale recordar que los gremios y la compañía cerraron un acuerdo en noviembre del año pasado en el que se estableció una suba salarial del 16% con eventuales nuevos ajustes atados a la productividad del personal.
En el pacto se incluyeron «incentivos orientados a aumentar las horas de vuelo de pilotos y tripulantes, quienes percibirán mejores salarios cuanto mayor sea su tiempo efectivo de operación». Además, se fijaron cambios en los convenios colectivos de trabajo relacionados con la quita de pasajes vacacionales confirmados en clase ejecutiva, los traslados del personal y el conteo del horario efectivo de trabajo.
El Gobierno maniobra para evitar pagos en Estados Unidos
En simultáneo a este potencial escenario de conflictos que se reabriría, el Gobierno sigue enfocado en neutralizar aquellos aspectos que puedan complicar la futura privatización de la línea de bandera.
Esta semana, el oficialismo se calzó el traje judicial y apeló el fallo de la Justicia estadounidense que ordenaba el pago de u$s390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.
De esa forma, los abogados que representan al Estado apuestan a ganar tiempo para revertir la sentencia contra el país fijada por los tribunales de Columbia.
La acción por el proceso de nacionalización de la aérea es llevada adelante por el fondo Titan Consortium y su demanda cobró forma a partir de la ejecución de un laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) informado en 2019.
Titan Consortium adquirió los derechos sobre el litigio en 2018 y previa negociación con Burford Capital, el fondo que inició el reclamo por la expropiación de la empresa. Se trata de la misma firma que accionó contra la Argentina por la nacionalización de YPF, en otra causa con fallo en contra del Estado por alrededor de 16.000 millones de dólares.