Horas antes de partir a los EEUU, para presenciar la asunción de Trump, el presidente Milei, firmó el proyecto de ley, conocido como Ficha Limpia. Con las sesiones extraordinarias en el horizonte, el gobierno intentará conseguir un triunfo, aprobando una ley a medida del cinismo que tiene la casta política cuando habla de corrupción.
En noviembre pasado, la bancada del PRO, en la Cámara de Diputados, había presentado el proyecto de ley conocido como Ficha Limpia. En ese momento, LLA decidió no acompañar a la iniciativa del macrismo y, por falta de quorum, el proyecto no fue tratado. En esta ocasión, el oficialismo se encargó de armar su propio proyecto, con diferencias al anteriormente presentado, y que además cuenta con la firma de Javier Milei.
Esta propuesta legislativa busca modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, para que personas con condenas en primera y segunda instancia por delitos de corrupción no puedan postularse a cargos públicos. En este caso, a diferencia de los proyectos que se discutieron a finales del año pasado, además de limitar la presentación de condenados a las elecciones, también restringe la posibilidad de ocupar algunos cargos en la administración pública.
Los puntos centrales de este proyecto
Como lo marca el primer artículo, el proyecto indica que ninguna persona podrá ser candidato o funcionario en caso de encontrarse condenado por delitos de cohecho y tráfico de influencias. En este campo entrarían delitos como, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento. En esta ocasión los condenados tampoco podrán ser funcionarios designados por el gobierno, es decir, que con una condena no se podría ser, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario, Subsecretario, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad. También se agrega que la restricción impediría ocupar lugares como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.
La propuesta indica que el impedimento tendrá efecto a partir del momento en donde se dicte la sentencia. La inhabilitación se llevará adelante solo si la condena por alguno de los delitos mencionados fue confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral. El texto también agrega que impedimento también se aplica si: “se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”.
En caso de que la condena en segunda instancia se haya dictado luego del 1° de enero del año en que el proceso electivo se lleve adelante, “el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral. La inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior”.
Por último, este proyecto, también incluye la creación de un Registro Público de Ficha Limpia en la Cámara Nacional Electoral. Como lo indica el texto este registro contendrá: “las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.
¿Combate a la corrupción o hipocresía de la Casta política?
A fines de noviembre de 2024, daba comienzo, una vez más, la discusión sobre este proyecto, solo que, en esa oportunidad, la propuesta fue presentada por el PRO. Y en ese momento, la promoción de ese proyecto se daba en marco de la reciente condena que Cristina Fernández de Kirchner había recibido por la causa de vialidad.
El tratamiento no fue posible por falta de quorum, en donde LLA decidió no apoyar al espacio macrista en la Cámara Baja. Según Guillermo Francos, llevar adelante la sanción de esa ley, en ese momento, dejaba la imagen de que era una ley contra Cristina. Por eso, ellos iban a presentar un proyecto propio que determine una norma general para todos.
Tanto el proyecto del PRO, presentado anteriormente, como el actual, firmado por el presidente, lejos de que la corrupción sea una preocupación, estas leyes están construidas con el fin de habilitar maniobras que restrinjan cada vez más la participación democrática.
Entendiendo la dinámica de cómo se mueve la Justicia, funcional al poder de turno y a los intereses de la burguesía, no habría ningún tipo de duda que el proyecto de Ficha Limpia, habilite la posibilidad de armar causas a los opositores para que estos no se puedan presentar a cargos públicos, generando un ataque directo a la voluntad del voto popular,
En estos casos, tanto los representantes de los partidos tradicionales como los jueces. carecen de parcialidad y de capacidad moral para poder determinar quién es o quién no es corrupto. Y para determinar esto sobran ejemplos en la historia reciente. Por ejemplo, Macri asumió a la presidencia estando condenado, además de que en su gestión el endeudamiento con el FMI, por 55 millones de dólares, está plagado de irregularidades no investigadas por la justicia. Por parte del espacio libertario, los comportamientos idóneos, que ellos exigen en la administración pública no existieron, solo basta mirar el desenlace que tuvieron las negociaciones con algunos legisladores para obtener sus leyes, donde Kueider es el principal exponente.
Para combatir efectivamente la corrupción de la clase dirigente, es indispensable realizar una reforma profunda en el ámbito político y judicial, eliminando los privilegios de estos actores. Desde el MST en el FIT-U proponemos un conjunto de medidas para erradicar estas conductas arraigadas en el sistema actual.
Para esclarecer y enfrentar la verdad en casos de corrupción, proponemos la creación de una comisión investigadora independiente, similar a una “CONADEP de la corrupción”. Esta comisión estaría compuesta por figuras intachables de diversos sectores, expertos en el tema, y tendría acceso a todas las herramientas necesarias para llevar las investigaciones hasta el fondo.
En el ámbito judicial, planteamos que jueces y fiscales sean elegidos por voto popular, con mandatos revocables y salarios acordes a la realidad de los trabajadores. Esto no solo democratizaría la justicia, sino que también pondría fin a los privilegios de este poder.
En el terreno político, nos oponemos a la nueva reforma electoral que busca consolidar un régimen más autoritario y restrictivo, permitiendo la participación solo de los partidos tradicionales. Para que los legisladores no voten en función de sus negociados, proponemos que tengan sueldos equivalentes al de una directora de escuela, usen servicios públicos y, al inicio y final de su mandato, presenten declaraciones juradas para demostrar que no se enriquecieron en el cargo. Además, de limitar los mandatos a dos periodos, tras los cuales deberán volver a trabajar.
También, para seguir mitigando los negociados espurios y permitir una real igualdad a la hora de participar en el ejercicio de la democracia, es fundamental terminar con la participación de los privados en la financiación en las campañas electorales. Y donde la contracara a esto sea el financiamiento estatal igualitario para todas las fuerzas políticas que se quieran presentar a esta instancia.
De esta manera, como lo muestran algunas de estas medidas, es que se puede ponerle punto final a la corrupción, es decir cortando de raíz con todos los vicios de la política tradicional.