En la madrugada del jueves el albañil Matías Paredes, de 26 años, fue asesinado de cuatro balazos por miembros de la Policía Bonaerense que, armados y vestidos de civil, transitaban en autos particulares y sin patente, supuestamente buscando a quien días antes había matado a un kiosquero.
El hecho ocurrió en la zona del barrio Bosque Grande, al sur de Mar del Plata. Los policías mataron a Paredes sin siquiera identificarse, sin dar la protocolar “voz de alto” y mucho menos permitirle algún tipo de defensa. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.
El caso recuerda a muchos otros ocurridos en el país en los últimos años y casi un calco de la llamada Masacre de San Miguel del Monte, ocurrida en 2019, también a manos de la Bonaerense. O al de Lucas González en Barracas, en 2022, ejecutado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
En este caso, Matías y dos amigos viajaban en un auto hacia sus casas, luego de ir a buscar un maso de naipes y participar de un evento del Club Alvarado. Los efectivos camuflados de personas comunes los persiguieron durante varias cuadras a bordo de una camioneta y un auto sin identificación policial. Hasta este viernes los cinco involucrados en el hecho siguen en libertad, pese a existir un claro peligro de entorpecimiento de la investigación judicial e incluso de fuga.
[AHORA] Así fue el asesinato de Matías Paredes por parte de 5 policías de civil, en Mar del Plata: el joven albañil recibió cuatro tiros. https://t.co/GTxZ5CiMMl pic.twitter.com/CCU3ZEd5LX
— ElCanciller.com (@elcancillercom) February 6, 2025
Este viernes Cristian Paredes, hermano de Matías, dijo que “los milicos lo mataron como a una rata. Dejó una nena de tres años. Tenemos el apoyo de toda la gente. Hoy lo vamos a despedir tranquilos pero mañana vamos a empezar a pedir justicia. Lo mataron sin decir nada”. En conversación con el periodista Diego Iglesias en Radio Con Vos, agregó que las tres víctimas del ataque “se asustaron cuando los vieron bajar (a los policías) armados, pensando que los querían robar”.
En las útimas semanas la Departamental de la Policía Bonaerense de Mar del Plata quedó en medio de varios escándalos. Los titulares de la división Drogas Ilícitas fueron procesados por quedarse con sustancias y dinero secuestrados en allanamientos, parte de los cuales luego se plantaban en otros operativos.
Y también tras el asesinato del kiosquero, el gobernador y su ministro habían desplazado a toda la cúpula de la Distrital local. Fue dos días antes del crimen de Matías. El nuevo titular de la Departamental es Edgardo Vulcano, con antecedentes en Miramar, de donde fue removido tras el asesinato del joven Luciano Olivera en 2021, también a manos de la Bonaerense.
No se hacen cargo
Luego de escuchar al hermano de Matías, en el mismo programa radial Iglesias entrevistó a Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Allí se produjo un intenso cruce entre el periodista y el funcionario de Axel Kicillof, sobre todo cuando éste buscó justificar el operativo sin identificación policial aunque, lógicamente, buscó despegarse del luctuoso resultado de ese mismo operativo y hasta afirmó que él también quiere justicia.
“Primero, lamentar y manifestar el pesar nuestro, del Ministerio y del Gobierno de la provincia por el resultado del fallecimiento, ¿no? Los policías fueron desafectados de la fuerza, estamos colaborando con el fiscal en la investigación de lo que pasó”, arrancó diciendo Alonso.
El ministro confirmó que “el operativo se dio en el marco de una decisión” tomada por su cartera y la Policía Bonaerense, ya que supuestamente estaban “tratando de encontrar a Monje, el asesino de Cristian, el muchacho que trabajaba en un kiosco”. Agregó que tenían “toda la información de inteligencia” recolectada y se dispuso “el trabajo de diferentes grupos de policías recorriendo el espacio público” para encontrar al sospechoso. Así se dio “ese operativo de búsqueda”, en el que se produjo el asesinato de Paredes. “Todo lo demás es responsabilidad de la Justicia”, sentenció.
Alonso informó que los cinco efectivos involucrados en el crimen “fueron desafectados” de la fuerza mientras son investigados judicialmente. “Veremos qué grado de responsabilidad tiene cada uno”, manifestó con total tranquilidad.
Al ser consultado sobre las evidentes irregularidades del operativo, con policías no identificados persiguiendo, deteniendo y disparando contra personas que no hacían más que circular por la calle, Alonso se puso nervioso y volvió a justificar la presencia de esa patrulla asesina. Dijo que como se estaba buscando “a un delincuente peligroso, suelto y que cuando ve a un patrullero se aleja”, el accionar debía ser ése.
Profundizando su razonamiento, el ministro dijo que “por algo existen las brigadas de investigación, pero no quiere decir que puedan hacer cualquier cosa. Hay una estrategia que es legal, hay una orden de servicio, hay que ver cómo la ejecutaron ellos. Eso lo está investigando un fiscal y Asuntos Internos está colaborando”.
En ningún momento Alonso pidió siquiera disculpas a la familia del joven asesinado. Sólo busca “despegarse” de toda responsabilidad para salvar el pellejo de un gobierno que se disfraza de progresista pero mantiene intacta a la misma Policía Bonaerense que lleva décadas cometiendo todo tipo de atrocidades contra la población, mayormente contra los sectores más empobrecidos de la provincia.
Matías era un joven albañil, hincha de Alvarado y papá. Anoche fue perseguido en auto por policías de civil y fusilado de cuatro balazos. @Kicillofok se sumó a la campaña de mano dura de @gmontenegro_ok y terminó empoderando a la bonaerense. Es gatillo fácil! Exigimos justicia!
— Maria Rosa Mauregui (@rosa_maure) February 6, 2025
Cuestión de Estado
Aún el Gobierno de Axel Kicillof debe rendir cuentas por los muchos crímenes cometidos por la fuerza durante la cuarentena por la pandemia de covid-19. Allí está como ejemplo el crimen aún no resuelto e impune de Facundo Castro, prueba flagrante de un accionar policial criminal acompañado de un claro encubrimiento político-judicial-mediático.
Alonso hoy busca defenderse diciendo que en las calles hay muchos “delincuentes” que están en una “clara situación evasión de la Policía” y que, por eso, hay “personal de civil que se mimetiza con el paisaje, que busca la información, que está tratando de chequear”. Desde su óptica, los asesinos de Matías eran parte de ese “trabajo” encomendado por las autoridades para buscar al hombre que mató al kiosquero.
Lejos de cualquier mínima autocrítica, el funcionario deja en un limbo de especulaciones cualquier explicación seria de por qué los casos se acumulan a lo largo de los años y son moneda corriente en la Bonaerense que él conduce. Como discípulo del derechista Sergio Berni, no tiene nada que envidiarle a las justificaciones de Patricia Bullrich en casos como los de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel o Fernando Gómez, donde a los sumo sus subordinados cometen “excesos”.
En la conversación en Radio Con Vos el ministro no mostró siquiera algún tipo de empatía con la familia de Paredes. Otro “homenaje” a su antecesor Berni. Sólo se limitó a decir que lo que hicieron los policías “está mal”, que ahora “todo el proceso de justicia va a ocurrir” y que esto “no es algo que está ocurriendo todos los días”. Aunque minutos después reconoció que en los últimos tiempos está creciendo el número de personas que caen bajo las balas de la Policía.
“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para profesionalizar y transformar a la Policía y lo estamos logrando”, dice Alonso. Pero el gobierno al que pertenece ya lleva más de seis años conduciendo a la Bonaerense. Y el partido político en el que milita con Kicillof ya gobernó 32 de los 41 años que pasaron desde el final de la dictadura. Sus palabras no pueden más que caer en el saco de la hipocresía.
El sostenimiento de ese ejército criminal de cien mil personas (a quienes algunes tienen el tupé de llamarles “trabajadores”), especializado en todo tipo de represiones y connivencia con el crimen organizado, es una cuestión de Estado. De Estado capitalista, donde una minoría poderosa maneja los destinos de las mayorías sociales. Tanto que los funcionarios de turno, como Alonso, siempre están prestos a encubrir y hasta justificar aquello que, cínicamente, llaman “excesos”.