Entre por lo menos el 2014 y el 2024, el ex senador K Edgardo Kueider montó una red de empresas fantasma y testaferros en Argentina para ocultar plata negra que, tras la apertura de la causa Securitas en abril del año pasado, intentó sin éxito trasladar al Paraguay, donde fue detenido en diciembre pasado.
El caso Kueider volvió esta semana al centro de la escena política por el descubrimiento de un video en el que se lo ve contando fajos de dólares y pesos cuando era secretario general del ex gobernador K de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet en la sede del gobierno entrerriano en Paraná entre el 2018 y el 2019. Otro de los que se ve en el video de sería el Director de Administración de la Gobernación de Bordet.
El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez reveló esa red de firmas sin existencia real en el pedido de detención de siete colaboradores y testaferros de Kueider que el jueves pasado ordenó la jueza y viuda de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado. El fiscal acusa a Kueider de haber recibido coimas de parte de los hermanos Tortul –cuando dirigían la firma de seguridad privada Securitas- a cambio del contrato por el control de la empresa energética provincia ENERSA.
Las indagatorias de los detenidos –algunos de los cuales se ocultaron o trataron de destruir pruebas- llevará a una red más amplias de empresas por donde circularon más de dos millones de dólares, la compra de media docena de departamentos en Paraná, Buenos Aires y dos vehículos, Una Chevrolet Trailblazer y un Peugeot 208, entre otros bienes.
En la causa judicial se observa cómo Kueider adquirió departamentos en 2014 en Paraná a nombre de terceros y cuando en el 2019 asumió como senador nacional y quedó bajo una mayor exposición pública creó una firma fantasma llamada Betail donde puso primero como presidente a Rodolfo “Pajarito” Gonzalez y luego cuando éste fue nombrado su asesor puso su primo que es una persona de bajos recursos llamada Ernesto Rubel, otro de los siete detenidos.
Kueider fue secretario general de Bordet entre el 2014 y el 2019 –el despacho de uno estaba a metros del otro- y luego elegido senador por el kirchnerismo, aunque el año pasado antes de ser detenido en Paraguay votó a favor de proyectos de ley impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei. Desde el kirchnerismo se afirmó que habría recibido coimas desde del Gobierno de Milei pero hasta ahora, en esta causa, se comprobó el movimiento de plata negra de su paso por el gobierno entrerriano.
El intento de sacar el dinero ilegal a Paraguay se comprueba porque la secretaria del ex senador nacional Edgardo Kueider, Iara Guinsel Costa, pagó más de US$ 460 mil en efectivo por la compra de seis departamentos en Paraguay, pero finalmente el dinero le fue reintegrado porque la operación no se concretó. Guinsel está detenida junto a Kueider en Paraguay por intento de contrabando y la jueza Arroyo Salgado le pidió a ambos la extradición por la causa Securitas.
Kueider y Guinsel Costa están actualmente detenidos con prisión domiciliaria en una casa de Asunción en Paraguay tras intentar ingresar a ese país con 211.000 dólares sin declarar. El vehículo con el que fueron detenidos en la frontera estaba a nombre de “Pajarito” Gonzalez aunque Kueider tenía una cédula azul para manejarlo.
En el centro de esta operatoria aparece el contador José Nogueras (otro de los detenidos), quien ingresó en 16 oportunidades al despacho oficial ocupado por el ex Senador Kueider.
Nogueras, un contador de Quilmes y otros del entorno, están investigados por:
– La compra de los departamentos a nombre de BETAIL.
– El ardid para desviar una fiscalización de ARCA (la ex AFIP).
-La posterior administración de aquellos bienes puestos a nombres de testaferros.
-La transferencia de titularidad mediante la simulación de un préstamo para ocultar el origen de la plata negra.
-La canalización de fondos en la cuenta corriente de BETAIL a partir de sociedades comerciales ligadas a la organización;
-La adquisición de un vehículo de Kueider bajo el nombre de González.
Por ejemplo, en la causa ya se acreditó que Edgardo Kueider, entre el 24 de marzo de 2021 y el 9 de agosto de 2023, puso en circulación US$ 152.106 mediante “su entrega a los responsables de la firma CADUS SAS y así lograr convertirlos y aplicarlos en las referidas unidades funcionales del edificio de la calle Santiago del Estero n° 511, Paraná”, dice el requerimiento de instrucción del fiscal al que accedió Clarín.
En declaraciones testimoniales brindadas los gerentes de la firma CADUS SAS, administradora del fideicomiso Tejeiro-Santiago del Estero, afirmaron que fue Edgardo Kueider “la persona que negoció la compra y finalmente entregó en las oficinas de la ciudad de Paraná gran cantidad de dinero en efectivo para la adquisición de las unidades funcionales números 12, 14, 46, 47 y 72 del edificio Live”.
En uno de esos departamentos vivió Kueider “junto con su pareja Iara Guinsel Costa” y ésta pagaba las facturas de los servicios.
Para el fiscal está claro que estas compras millonarias no podrían haber hecho con los ingresos en blanco del ex senador. Durante el año 2021 el ex senador registra ingresos salariales por un total de $4.114.023, por el año 2022 un total de $ 6.704.690 y durante el año 2023 salarios totales por $16.757.765.
El fiscal destacó que “lo así pagado en el año 2021 para la compra de los departamentos ($20.000.000) representa casi 5 veces los salarios obtenidos por Kueider en todo ese año”.
En las actas de asamblea de BETAIL S.A., del 22 de enero de 2020, 2021 y 2022, surge como accionista Gabriela Saint Pierre, vicepresidente de la firma LECTUS y cónyuge del contador Nogueras y otra de las detenidas por la jueza Arroyo Salgado.
El “presidente” de Betail era un prestanombres como ya se dijo. Rubel a la fecha de la adquisición de los departamentos era empleado de la firma Pirámide Constructora S.A. (años 2021 y 2022) y Vecchio SRL (2023) y recibió remuneraciones anuales que nunca le hubiesen permitido realizar la adquisición de esos bienes ($501.277 en 2021; $1.090.228 en 2022 y $2.922.537 en 2023). Tampoco, si a ello se le suman las facturas que firmó para Betail en aquellos períodos ($1.030.000 en 2021, $1.687.200 en 2022 y $3.234.480 en 2023).
La dirección legal de Betail en el barrio de Liniers es una casa deshabitada y en refacción.
El fiscal también acusa de Dévora Ferreyra y Ezequiel Bovetti de participar “en el entramado de acciones para aparentar que Betail se trataba de una empresa real”.
Otro dato clave es que la empresa Estructuras Financieras Regionales nunca le otorgó un crédito a Betail pero si le vendió dólares MEP.
En otro video que está en la causa del 19 de diciembre de 2024 en los celulares secuestrados a Nogueras se hablar de “acoger al blanqueo a Rodolfo Gonzaléz a un procedimiento de regularización de USD 568.325 “logueando la clave en una máquina que no existe, que se va a ir a Rosario, nada que ver”.
En cuanto a la ex secretaria de Kueider Rita Machuca está acusada de “ser una de las personas que cumplió el rol de figurar como usufructuaria de uno de los departamentos adquiridos por Kueider”. Incluso en 2018, Machuca viajó con el ex senador desde el Aeropuerto de Paraná a la República del Paraguay “en el vuelo particular matrícula PRV-LV ZPY con 2 tripulantes y 5 pasajeros”
Machuca había sido fue designada en 2017 Coordinadora de Gestión Administrativa de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos mientras Kueider oficiaba como el titular de la citada Secretaría.
En otra parte de la causa, se acreditó que a través de una firma de “Pajarito” González y Adriana Crucitta “se canalizaba dinero, cuanto menos, hacia la cuenta Guinsel Costa para afrontar los gastos de administración de los departamentos, y para afrontar pagos en hoteles de lujo”.
En cuanto a Celina Costa, asesora de Kueider y madre de Guinsel Costa, “fue factible detectar, que esta última, probablemente de consumo con su jefe y/o pareja, emprendía al menos desde enero de 2024 acciones para vender aquellos inmuebles” en Paraná. Otra prueba del intento de ocultar la plata en Paraguay.
Es más cuando se abrió la causa Securitas en abril de 2024 por una autodenuncia de sus dueños extranjeros contra los directivos argentinos. Hasta la causa se centra en ENARSE. Pero la lista de organismos donde la empresa admitió el pago de coimas incluye al Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el SENASA, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También, en la empresa estatal de aguas AYSA. Entre los casos de coimas denunciadas se mencionan otras dependencias provinciales la Policía de la Provincia de Tucumán, y la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada de Buenos Aires o la Policía Bonaerense.
Así en mayo de Kueider y su cónyuge Liliana Di Lella, advertidos sobre una inminente investigación el 29 de agosto de 2024 dieron de baja dicha autorización para manejar la camioneta a nombre de “Pajarito” Gonzalez.
Pero la causa no termina en estas pistas.
El fiscal Domínguez para ampliar la investigación pidió a la jueza Arroyo Salgado investigar las operaciones realizadas por Betail con “las firmas EDEKOM S.A., ICELER S.A. y PENINSULAR SUDAMERICANA SAS) y el rol que cumplieron las demás personas que integraron las sociedades NOPOR SERVICE SA, LECTUS SA, VIA SNP LOGISTICA SA, FELSIR BIOTECNOLOGIA SRL, VIJUSA INDUSTRIAL ARGENTINA”.
Y lo hizo con urgencia porque el contador “ Bovetti, utilizó una dirección de IP alternativa para evitar la trazabilidad de la conexión informática. Lo que demuestra, una vez más, el conocimiento de maniobras evasivas, los recursos que posee y su actitud obstructiva ante este proceso”.
Tampoco es menor “el acercamiento que tuvo, durante aquel período, con personas cercanas al ex Ministro de Seguridad de la Nación (Dr. Aníbal Fernández), lo que denota sus altos vínculos. En efecto, de acuerdo a lo que surge de su dispositivo celular tomó contacto con funcionarios de esa cartera, tal vez para intentar ejercer influencia o conseguir información sobre las tareas que en esta pesquisa realizaban los oficiales y suboficiales de la Gendarmería Nacional”, advirtió el fiscal.
Por estas y otras razones, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre todos los investigados lo que podría ser una caja de Pandora para la política de Entre Ríos y la Nacional.