En marzo, la inflación de alimentos ha mostrado una tendencia alarmante, con incrementos significativos que no solo afectan al IPC general, que podría superar el 2,4% registrado en febrero, sino que también están profundizando las dificultades económicas de las y los trabajadores incrementando los costos de vida.
La carne, los lácteos y otros alimentos esenciales también han subido de forma considerable, llevando a muchas familias a replantear sus hábitos de compra y a ajustar sus presupuestos y convirtiéndose en un problema real para los sectores mas vulnerables.
Según la consultora LCG, la inflación acumulada de alimentos y bebidas en las últimas cuatro semanas asciende al 3,4%. Porcentaje que también comparten otras consultoras como Analytica y Equilibra.
Entre los factores que explican esta situación se encuentran la sequía de 2023, que afectó la oferta ganadera, y la reducción en las retenciones, que influyó directamente en el costo de producción y comercialización de alimentos.
La suba de precios no se limita a las carnes, productos como los huevos también han experimentado aumentos inéditos, llegando a un 15% en una sola semana acumulando un aumento del 35% desde diciembre. Un maple que en diciembre se conseguía a $5.000, hoy supera los $7.500. La suba de precios en los huevos es solo un ejemplo de una tendencia que se ha intensificado en varios productos de la canasta básica.
A pesar de que el gobierno se esfuerza en mostrar un plan económico eficiente que controle la inflación, su plan antiinflacionario está basado en el hundimiento del poder de compra de las mayorías trabajadoras generando tendencias a la relativa baja de los precios.
Con los precios de los alimentos desbocados, miles de trabajadores, jubilados y familias de sectores vulnerables siguen luchando para llegar a fin de mes, ajustando aún más sus presupuestos, sacrificando bienes esenciales y, en muchos casos, reduciendo sus consumos básicos.En este contexto, se hace necesaria y urgente la creación de comités de usuarios conformados por trabajadores y vecinos de los sectores populares que controlen la producción y los precios para enfrentar la inflación y garantizar que los alimentos sean accesibles para todos y que sean los grandes empresarios los que paguen el impacto del ajuste económico que lleva adelante este gobierno.