Tras el amplio rechazo del Senado a su postulación, Manuel José García-Mansilla renunció como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo al que accedió gracias a un decreto del presidente Javier Milei.
De acuerdo a fuentes tribunalicias, el catedrático habría terminado de tomar la decisión personal de irse durante el fin de semana. La dimisión fue presentada ante el gobierno nacional -que presionaba para que continúe en el cargo- y no ante la propia Corte.
A la par, el Poder Ejecutivo presentó un recurso per saltum al máximo tribunal para que anule la medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla para que García-Mansilla se abstenga de firmar nuevos fallos.
El juez llevaba apenas 39 días en el puesto. El Presidente lo nombró en «comisión» el 25 de febrero pasado -con vigencia hasta el 30 de noviembre, fecha del final del año legislativo- y, dos días más tarde, en una discreta ceremonia, juró como ministro.
La decisión de abandonar era inevitable después del último jueves, cuando la Cámara alta no aceptó su pliego por una amplia mayoría: el juez impulsado por Milei cosechó 51 votos en contra y apenas 20 a favor.
Cuando se instrumente la decisión, la Corte volverá a funcionar con tres integrantes: su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que el Senado también rechazó la postulación de Ariel Lijo, quien nunca llegó a asumir dado que el propio máximo tribunal no aceptó que pidiera licencia en Comodoro Py para asumir como ministro.
El nombramiento de García-Mansilla, un académico de 53 años de perfil conservador, fue rápidamente cuestionado por sectores políticos y jurídicos, que argumentaron que violaba los requisitos constitucionales al no contar con la aprobación de dos tercios del Senado, como exige el artículo 99 de la Constitución Nacional.
Tras el rechazo de la Cámara alta, crecieron las presiones de académicos, senadores y organizaciones civiles, quienes exigen su apartamiento. Poco después de la votación, Ramos Padilla ordenó a García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras mantuviera su cargo como juez designado por el Poder Ejecutivo en comisión. Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, desde que asumió, García-Mansilla firmó 215 fallos.
El rotundo rechazo al pliego de García-Mansilla en el Senado
Con una alianza transversal de opositores el Senado le propinó una dura derrota al presidente Javier Milei al rechazar las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema y ahora el Gobierno activa un operativo para sostener el nombramiento por decreto del segundo, mientras evalúa la forma y el momento de reabrir la discusión sobre las vacantes en el máximo tribunal.
El pliego de Lijo tuvo 43 votos en contra, 27 a favor y 1 abstención, mientras que el de García Mansilla cosechó 51 en contra y 20 a favor. Dado que se necesita una mayoría de dos tercios para aprobar la designacion de un juez de la Corte, alcanzaba con 25 votos -un tercio más uno del total- para rechazarlo. La confluencia entre distintos sectores de oposición hizo que superaran con creces ese número.
Lijo tuvo más votos porque si figura dividió al peronismo. De los 34 senadores de Unión por la Patria, 10 votaron a favor del juez federal, todos ellos alineados con sus gobernadores (como el catamarqueño Guillermo Andrada o los santiagueños Claudia Ledesma Abdala, Gerardo Montenegro y José Neder) o bien con juego propio en sus provincias, como el sanjuanino Sergio Uñac. En cambio, García Mansilla tuvo a todo el bloque en contra mientras que lo apoyaron 10 de los 13 radicales y 5 de los 7 del PRO.
El Gobierno nunca estuvo siquiera cerca de conseguir la mayoría de dos tercios que se necesitaban para aprobar los nombramientos, pero el decreto que firmó Milei en febrero para nombrar a los dos jueces «en comisión» fue tomado como una afrenta al Senado y unificó el rechazo del kirchnerismo con el de representantes del PRO y la UCR.
Mientras Milei se encontraba en Estados Unidos, la Casa Rosada intentó hasta último momento dejar la sesión sin quórum. Sin embargo, la oposición juntó las 37 presencias que hacían falta para abrir el debate con 32 senadores de Unión por la Patria, dos de la UCR (Martín Lousteau y Pablo Blanco), dos del PRO (Alfredo de Ángeli y Victoria Huala) y el ex libertario Francisco Paoltroni.
En el PRO y la UCR hubo un intento de ayudar al Gobierno en ese plan, pero los «cabos sueltos» de cada bloque frustraron la jugada. El oficialismo logró dos ausencias llamativas en Unión por la Patria: el santafesino Marcelo Lewandowski y la jujeña Carolina Moisés, que se sentaron después de que el tablero marcó 37. Pero no fue suficiente.