SOCIEDAD
Gobernadores de Morena y operadores cercanos a AMLO y Sheinbaum serían blanco de sanciones, según agencias estadounidenses
Washington intensifica su presión sobre el régimen mexicano. Según una investigación publicada por ProPublica, el gobierno de Estados Unidos prepara una nueva ola de sanciones, revocación de visas y bloqueos financieros contra políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El reporte indica que las medidas afectarían directamente a miembros de Morena, incluyendo gobernadores estatales y personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. La información proviene de fuentes de la DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses.
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Entre los nombres que circulan extraoficialmente se encuentra la gobernadora de Baja California,Marina del Pilar Ávila. Ella y su esposo habrían perdido la visa de entrada a Estados Unidos. Aunque no existen cargos penales, las autoridades aplicaron la revocación bajo criterios de “inadmisibilidad” por posibles lazos con redes criminales.
Ley estadounidense permite actuar sin necesidad de juicio
La base legal para estas acciones se encuentra en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta permite declarar inadmisible a cualquier extranjero si existen motivos fundados para creer que ha colaborado con el narcotráfico.
| La Derecha Diario
La misma sección autoriza bloquear visas y aplicar restricciones migratorias sin necesidad de juicio previo.
También se contemplan sanciones bajo la Ley Global Magnitsky. Esta facultaría al Departamento del Tesoro para congelar bienes y cuentas en territorio estadounidense. Las medidas apuntan a empresarios, operadores políticos y altos funcionarios ligados a estructuras del narco.
Silencio oficial en México y tensiones diplomáticas
Hasta el momento, la administración de Claudia Sheinbaum no ha emitido un desmentido ni una postura clara. La única reacción fue una escueta declaración de la gobernadora Marina del Pilar, quien calificó el retiro de su visa como “cuestiones administrativas”.
El silencio del régimen contrasta con la gravedad del reporte. Desde Washington se insiste en que México ha fracasado en su estrategia de seguridad y que el narco se ha infiltrado en las estructuras del Estado con total impunidad.
Este nuevo episodio vuelve a exhibir la doble cara de la 4T. Mientras presume soberanía y combate al crimen, sus cuadros son señalados en el extranjero como aliados de los mismos grupos que dicen combatir. Estados Unidos no espera explicaciones: actúa.
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