El Gobierno porteño dio un paso decisivo hacia la autonomía total en materia de seguridad. Con respaldo político de la Nación y la supervisión directa del ministro Horacio Giménez, se aceleran las gestiones para que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propio Servicio Penitenciario. El proyecto incluye la construcción de una nueva cárcel, la incorporación de personal penitenciario ya retirado y el traspaso parcial de los penales de Ezeiza y Marcos Paz. Aunque persisten desafíos logísticos y estructurales, como el colapso en alcaidías y comisarías, las autoridades confían en que la transformación comenzará a materializarse este mismo año.
Actualmente, más de 3000 agentes de la Policía de la Ciudad están abocados a la custodia de detenidos, que ya superan los 2500. A pesar de que el Servicio Penitenciario Federal traslada unos 80 reclusos por semana, la presión sigue creciendo, con un ingreso constante de entre 100 y 120 detenidos cada siete días.
La nueva cárcel en Marcos Paz, que se encuentra en construcción desde antes de la gestión de Jorge Macri, tiene capacidad para 2440 internos. Sin embargo, no alcanza para contener el total de detenidos alojados actualmente en dependencias policiales.
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Traspasos, fondos y guardias experimentados
El Ministerio de Seguridad porteño, junto a Nación, avanza en un convenio para el traspaso parcial de dos unidades penitenciarias clave: una sección del penal de Ezeiza y el módulo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz. El acuerdo también contempla el traspaso de fondos, parte del personal y alcaidías menores.
Según confirmó Giménez, la Ciudad ya comenzó a convocar a exagentes del Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense retirados, con el objetivo de sumar 150 efectivos por mes desde julio hasta alcanzar los 600.
La situación de la cárcel de Devoto
Aunque el cierre del penal de Devoto sigue siendo una promesa vigente, por el momento no se concretará. Allí están alojadas unas 1500 personas privadas de libertad. Si se trasladasen a la nueva prisión, solo quedarían disponibles 900 plazas para el resto de los detenidos de comisarías y alcaidías, lo que perpetuaría el cuello de botella actual.
«La idea sigue siendo cerrarla, pero hoy no es viable«, reconocen desde el Ministerio. El plan es mantenerla operativa hasta que se amplíe la infraestructura disponible.
Reorganización interna y nuevos mandos
En paralelo, la Ciudad incorporó al ex SPF Germán Goris como director de Alcaidías, quien ya implementó cambios en el manejo interno del personal. Se calificó al recurso humano, se reubicaron agentes y se introdujo una línea más rigurosa: «El que no sirve, se tiene que ir de la Policía», sentenció Giménez.
Se implementaron controles diarios, se fortaleció la presencia de la DUTIA (División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías) y se trabajó para que la custodia de detenidos deje de ser un destino marginal para los efectivos.
Camiones de traslado y licitaciones abiertas
Otro de los desafíos centrales es la logística de traslados. La Nación no cederá vehículos, por lo que la Ciudad ya abrió la licitación para adquirir camiones adaptados para traslados judiciales y médicos. Hoy en día, esas tareas insumen diariamente diez patrulleros, restando recursos clave para la seguridad urbana.
La intención es contar con una flota propia que permita descentralizar esa función y optimizar los recursos operativos de la fuerza metropolitana.
Autonomía total y decisión política
Desde el entorno de Patricia Bullrich evitaron hacer declaraciones, pero deslizaron que existe plena voluntad política para concretar el acuerdo. «No se puede tener la Policía sin tener el Servicio Penitenciario. Es parte de la autonomía», afirmaron fuentes cercanas a la ministra de Seguridad.
La Ciudad, por su parte, avanza sin pausa. Con la cárcel de Marcos Paz en plena obra y el plan de incorporar personal capacitado en marcha, las autoridades porteñas se juegan una carta clave para resolver uno de los principales conflictos del sistema penal local: la sobrepoblación.