El Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley que introduce modificaciones significativas en el Régimen Penal Tributario y busca incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón” en la economía formal. La iniciativa, denominada Ley de Principio de Inocencia Fiscal, propone elevar los umbrales para que se considere delito de evasión y establecer un mecanismo de protección para quienes decidan utilizar sus ahorros no declarados.
Uno de los puntos centrales del proyecto del Gobierno es la actualización de los montos mínimos para que una conducta sea considerada evasión simple o agravada. Hasta ahora, el umbral para la evasión simple era de $1.500.000, pero con la nueva normativa, este monto se elevaría a $100.000.000.
En el caso de la evasión agravada, el piso pasaría de $15.000.000 a $1.000 millones. Además, el proyecto reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años, lo que limita el tiempo en el que el Estado puede iniciar acciones penales contra los contribuyentes.
También se establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela sus deudas e intereses dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación, con un pago adicional del 50%.
Otro aspecto clave de la iniciativa es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, que busca blindar a los contribuyentes que adhieran al sistema. Según el Gobierno, quienes se sumen a este régimen no tendrán que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán sus consumos.
Esto significa que el Estado solo les cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados, sin investigar el crecimiento patrimonial. El objetivo de esta medida es incentivar la incorporación de dinero no declarado al sistema financiero formal, permitiendo que los ciudadanos utilicen sus ahorros sin temor a sanciones fiscales.
Recaudación
Además, el Gobierno espera que esta iniciativa contribuya a aumentar la recaudación y fortalecer las reservas del Banco Central. El proyecto ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico.
Mientras que el oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para fortalecer la confianza en el sistema financiero, sectores de la oposición han expresado su preocupación por la posible reducción de ingresos fiscales y el impacto en la lucha contra la evasión.
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