Tras la detención del jefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, junto a otros altos mandos policiales y abogados acusados de integrar una red delictiva que cobraba por “servicios extrajudiciales” utilizando información interna de la fuerza, se abrió una investigación por coacción, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito generó una fuerte conmoción institucional.
Al respecto, el abogado y docente Jorge Jofré advirtió que la Policía de Córdoba opera con una estructura que “responde a las pretensiones de actores políticos y a necesidades de una sociedad de hace 150 años”. Según explicó, tras cada crisis institucional —1983, 1986, 1996 y 2003— se aplicaron reformas parciales, pero “no se discutió ni se modificó el modelo policial”.
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En diálogo con Punto y Aparte (Punto a Punto Radio 90.7), Jofré remarcó que actualmente existe “una dispersión de sistemas de control” que impide detectar factores de riesgo: “El órgano de control principal no depende del Ejecutivo y no hay ningún tipo de prevención”. Además, señaló que los mecanismos vigentes —la Dirección de Conducta Policial, el Tribunal de Conducta y Asuntos Internos— conviven sin coordinación ni objetivos claros: “Hoy tenemos la política del miedo al jefe”.
De la manzana podrida a la pendiente resbaladiza
El extitular del Tribunal de Conducta Policial introdujo un concepto clave para pensar los desvíos éticos dentro de la fuerza: “El grave problema es lo que los norteamericanos llaman slippery slope, que es la pendiente resbaladiza”. Esa dinámica, explicó, comienza con “francos actos de corrupción que se toman como zonceras”, como aceptar una pizza gratuita, y se profundiza a medida que el personal asciende y maneja mayor información y poder.
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Jofré también cuestionó el sistema de formación policial: “¿Por qué el único modelo al cual podemos aspirar es con el cuello de botella de la escuela, donde entra un pibe de 17 años y se le empieza a lavar la cabeza en una cultura institucional?”. Como alternativa, propuso fomentar el ingreso de profesionales externos: “Si yo hago entrar a un tipo que estudió afuera, que se pagó él sus estudios, que vivió en la vida civil, tiene un compromiso ético distinto”. También sugirió cambiar los criterios de ascenso: “Hagamos concursos públicos para subcomisario, comisario, comisario inspector”.
Por último, el especialista propuso fortalecer los mecanismos internos mediante “un análisis correcto de escenarios hostiles” y la implementación de “vallados éticos” que ayuden a anticipar y frenar actos de corrupción. “No podemos tener sistemas de control que sean estrictamente punitivos”, concluyó.