A partir de esta semana el Gobierno no solo deberá enfocarse en la aceleración del calendario electoral, hasta los comicios nacionales del 26 de octubre. Los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei estarán obligados a concentrarse en los movimientos de la oposición dentro del Congreso y, en especial, en la Cámara de Diputados.
La semana pasada fue reactivada la Comisión Investigadora del Caso $Libra, a partir de una sorpresiva jugada opositora que fue subestimada por el oficialismo. Desde el martes que viene hasta el 10 de noviembre, el organismo buscará cumplir con la misión que no pudo concretar en los últimos tres meses por el empate interno que había estacado el funcionamiento de la comisión. Uno de los objetivos será citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dentro de una lista de convocatorias que también incluye un pedido de interpelación contra su hermano, el presidente Javier Milei.
Con la decisión del peronismo de replegar a su candidata e impulsar a un lilito para la presidencia del organismo, finalmente se destrabó un freno que el Gobierno pudo aprovechar todo lo que pudo. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, reunió la mayoría de los respaldos opositores y superó el empate que había quedado entre Sabrina Selva (UxP) y Gabriel Bornoroni (LLA) para quedarse con la presidencia. Durante tres meses la comisión quedó empantanada en un empate que impidió elegir al titular del cuerpo. El oficialismo ganó tiempo y consiguió que no se active el frente legislativo del escándalo por la criptomoneda. Mientras tanto avanzaron los casos judiciales en la Justicia de los Estados con más velocidad que en Argentina. Ahora se sumará el frente legislativo, con una comisión investigadora que buscará concretar los objetivos que habían quedado estancados.
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A diferencia de la primera etapa de la comisión, esta vez los diputados de LLA y del PRO decidieron retirarse. No se fueron solos. Dejaron el organismo acompañados por Innovación Federal, el MID y en bloque de radicales con peluca, La Liga del Interior. Sin embargo, un integrante de ese espacio que dejó el bloque de la UCR decidió quedarse. El tucumano Mariano Campero, aliado esquivo del Gobierno, no se fue y solo pidió seriedad en el trabajo de la comisión.
La estampida del armado oficialista apunta a bajarle el precio a la comisión y sostener que es una movida del kirchnerismo que no tiene validez. Dentro del bloque libertario, cruzado por internas, la decisión fue leída como un error que tendrá consecuencias graves. Campero desautorizó esa ofensiva y su presencia refuerza el impacto que tendrá el trabajo del organismo.
El martes próximo enviarán oficios a la Justicia para solicitarles información, pero también avanzarán los pedidos impulsados para solicitar la citación de Karina, uno de los temas que el oficialismo había intentado impedir por todos los medios posibles. En ese punto radica la preocupación del Gobierno y la estrategia de impugnar en la Justicia todo lo que realice la comisión investigadora. Las chances de que prospere un freno en tribunales es remota, pero es parte del intento del oficialismo para ganar tiempo y no asistir a un proceso donde la oposición se moverá con cautela y precisión para evitar acusaciones de parcialidad. Esa será la misión del lilito Ferraro hasta el 10 de noviembre. La comisión concluirá su trabajo dos semanas después de las elecciones nacionales.