El juez en lo Penal Económico Diego Amarante fue denunciado penalmente por presunto cohecho y abuso de autoridad. La presentación lo señala por la supuesta recepción de entradas para partidos de la Selección Argentina como posible dádiva vinculada a su cargo y por haber rechazado la autorización para que Claudio Fabián «Chiqui» Tapia viajara a Venezuela en el marco de gestiones relacionadas con la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió que se investigue si el magistrado incurrió en los delitos previstos en los artículos 256 y 248 del Código Penal. Amarante es el juez que investiga y citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA y al tesorero Pablo Toviggino en la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes
Entradas para la Selección y presunto cohecho
Según el escrito, el juez “habría recibido entradas para presenciar partidos de la Selección Argentina que podrían constituir un beneficio indebido en razón de su cargo”. La presentación menciona una investigación periodística que describe un supuesto circuito a través del cual los tickets habrían llegado al magistrado.
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La denuncia sostiene que las ubicaciones desde las que el juez fue fotografiado “corresponden a sectores preferenciales o institucionales, que habitualmente no integran el circuito ordinario de comercialización al público general”. En esa línea, remarca que “tales sectores suelen ser asignados mediante invitaciones protocolares, compromisos institucionales, patrocinadores o cortesías”.
Para el denunciante, resulta “especialmente relevante determinar el origen concreto de las entradas utilizadas por el juez Diego Amarante, así como las condiciones en que habrían sido obtenidas”. Y advierte que, de confirmarse que no fueron adquiridas por los canales habituales, “podría configurarse la recepción de un beneficio indebido en consideración al cargo que ejerce el denunciado”.
“La eventual recepción de dádivas por parte de un magistrado reviste una gravedad institucional particularmente significativa”, afirma el escrito. También subraya que “la independencia judicial no sólo debe existir en términos reales sino también proyectarse en la percepción que la ciudadanía tiene respecto de sus magistrados”.
En ese marco, se solicitó que se requiera al Banco Central información sobre las cuentas del juez desde 2023 para verificar si hubo compra formal de entradas; que la Oficina Anticorrupción informe si registró esos eventuales obsequios; y que se evalúe si se cumplió con la Ley 25.188 de Ética Pública, que establece que “los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones (…) con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
gendarme gallo
La negativa al viaje de Tapia
Otro eje de la denuncia apunta a la decisión del juez de rechazar la autorización para que Tapia viajara a Venezuela entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2026, en el expediente CPE 1182/2025. De acuerdo con la presentación, esa resolución “tuvo como efecto directo impedir la concreción de un viaje que se encontraba vinculado a gestiones en curso relacionadas con la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela”.
El escrito sostiene que se trataba de “una situación de extrema sensibilidad institucional” y que el desplazamiento “constituía una oportunidad concreta para avanzar en negociaciones vinculadas con la liberación del ciudadano argentino detenido”.
Pese a ello, el magistrado rechazó la autorización invocando, entre otros argumentos, la situación política en Venezuela y la existencia de denuncias de detenciones arbitrarias. Para el denunciante, la resolución “aparece prima facie como un acto jurisdiccional arbitrario en tanto implicó la adopción de una medida innecesaria y desproporcionada frente a los riesgos invocados”.
Además, remarca que el propio tribunal había autorizado previamente viajes internacionales del mismo imputado en la misma causa, por lo que la negativa posterior “evidencia un ejercicio discrecional de las facultades jurisdiccionales carente de razonabilidad suficiente”.
Pedido de indagatoria y actuación del Consejo
En el petitorio, Dalbón solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria al juez Amarante y que se impulsen medidas de prueba para determinar si existió cohecho y abuso de autoridad. También pidió que se ponga en conocimiento del Consejo de la Magistratura para que evalúe la eventual existencia de faltas funcionales.
“Existen elementos suficientes para considerar que la conducta del juez Diego Amarante podría configurar un supuesto de abuso de autoridad”, concluye la denuncia.
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