Mientras crece la tragedia de Rosario ante el avance narco, el presidente de la Corte Horacio Rosatti mantuvo el viernes un diálogo institucional con el poderoso jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para buscar apoyo a fin de instrumentar el nuevo sistema acusatorio penal en esa ciudad.
Se trata de la mejor herramienta judicial para luchar contra el narcotráfico de la mano del operativo de saturación que dispuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras los asesinatos de inocentes ejecutados por sicarios de los narcos para crear terror.
De los últimos diálogos que hubo esta semana de parte del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con Rosatti o el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, camaristas y otros miembros de la Corte quedó evidenciado que para que el nuevo intento de agilizar los juicios contra los narcos no fracase, harán falta nuevas partidas presupuestarias para financiar el nuevo sistema. En un contexto, donde el Gobierno repite que «no hay plata».
Durante la semana, el ministro de Justicia tuvo un cruce con Casal luego de recibir una carta en el que explicaba las necesidades materiales para instrumentar el nuevo código. Cúneo Libarona le contestó a Casal: “El procurador está lejos, en Panamá. Rosario arde y tenemos que actuar”. En realidad, Casal estaba en Buenos Aires.
Rosatti viajó el jueves en auto y bajo la lluvia a Rosario para ponerse en contacto directo con los jueces de la Cámara Federal de esa ciudad.
Luego mantuvo esas múltiples conversaciones, Cúneo postergó para el 6 de mayo el inicio del sistema acusatorio en el peligroso distrito judicial Rosario que abarca toda la provincia e incluso llega a San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.
En fuentes del Gobierno de la Libertad Avanza se afirmó que “no fue un retroceso de Cúneo, sino que el ministro puso, en principio, una fecha imposible de cumplir a propósito para que se muevan todos los jugadores del sistema judicial”.
El presidente de la Corte acordó con sus interlocutores de Gobierno enviar el martes un equipo técnico del máximo tribunal y el Consejo de la Magistraturaa para tomar nota de las necesidades de los jueces ante el desafío y crear una Oficina Judicial en Rosario que se encargue de todos estos problemas de infraestructura. Al volver, Rosatti ya asignó 16 contratos para esa oficina.
Por su parte, la Cámara Federal de Casación Penal bajo la Presidencia de Mariano Borinsky está trabajando en forma coordinada con la Corte para implementar el denominado Código Acusatorio en Rosario y luego otros distritos judiciales.
Sin embargo, en un informe reservado de la Procuración General de la Nación, al que accedió Clarín en exclusiva, se destaca la necesidad de un nuevo edificio, de computadoras, peritos, insumos y seguridad para los fiscales y sus equipos que investigarán, a partir del 6 de mayo, los casos complejos de narcotráfico y crimen organizado.
La mayor resistencia al plazo proviene de la Procuración porque la mayor cantidad de tareas, según el nuevo Código Procesal Penal, recaerá sobre los fiscales.
A partir del 6 de mayo, habrá un cambio copernicano en la justicia de Santa Fe. No habrá más fiscales de instrucción, de cámara o de juicio oral, sino que fiscales por casos. Y ese fiscal seguirá la causa durante todo el proceso que no podrá durar no más de 3 ó 4 años. La mayoría de las etapas de los procesos serán orales y no por escrito, según el nuevo código.
Y las investigaciones las harán los fiscales, no los jueces como es hasta ahora, para intentar terminar con la “puerta giratoria” que permite a los narcos salir rápidamente de una detención.
El informe de la Procuración General de la Nación sobre las necesidades de los fiscales en Rosario para implementar el nuevo Código Procesal Penal.Casal creó, en el 2018, una Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) que hizo un diagnóstico de la situación de la justicia federal en Santa Fe ante la crisis provocada por el aumento del narcotráfico, con su nueva fase de matar civiles para crear terror y por eso Bullrich habla de “narcoterrorismo”. La UNISA está a cargo de la fiscal Mirma Goransky.
El año pasado, tras los ataques a balazos a la familia de Messi, el Congreso, en forma unánime, sancionó de la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la Provincia de Santa Fe (Ley 27.715) que crear más cargos de jueces y fiscales.
Todo con vistas a para poder poner en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la Nación sancionado en el 2014 y que, hasta ahora, solo se aplicó en Salta y Jujuy.
La Ley de Fortalecimiento dispuso la creación de 27 cargos de fiscal Federal Penal con jurisdicción en el distrito federal Rosario, distribuidos de la siguiente manera: 15 con asiento en Rosario, 7 en de Santa Fe, 1 en cada una de las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto y otro con asiento en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
La jurisdicción judicial Rosario abarca una población total de más de 3.900.000 habitantes en una superficie de 139.962 km². Así el distrito Rosario cuenta con un total de 41 cargos de fiscales, 27 de los cuales son cargos de Fiscales Federales Penales creados en el art. 3º de la Ley de Fortalecimiento. En el distrito Rosario (con Reconquista incluido) ya se desempeñan 241 agentes, un 19% más que en 2022.
Pero la situación del Ministerio Público Fiscal para enfrenar el nuevo paradigma del Código Procesal “es actualmente crítica y requiere que se aborden con urgencia soluciones sostenibles a largo plazo que garanticen que, una vez implementado el nuevo Código Procesal, el organismo se encuentre en condiciones de cumplir con su nuevo rol de exclusivo director de las investigaciones penales federales”, dice el informe de la UNISA.
Las requisas en cárceles de Santa Fe al estilo Bukele en El Salvador que se cree provocaron el ataque a civiles.Una de las prioridades de la Procuración es la adquisición “de infraestructura edilicia adecuada y de recursos materiales y técnicos que permitan llevar adelante peritajes químicos, obtención de datos forenses en dispositivos móviles y de almacenamiento, adquisición, preservación y análisis forense de imágenes, audio y video, procesamiento”.
También, de equipos para el “análisis de grandes volúmenes de datos, análisis contables, entre otras prácticas forenses críticas que actúan como soporte en la investigación de delitos complejos y de criminalidad organizada”.
Paradójicamente, la Justicia Federal tiene en el distrito Rosario 698 empleados, mientras que las fiscalías solo 241 y ahora la mayor tarea recaerá sobre los segundos.
La actual situación edilicia de las sedes donde funcionan las fiscalías federales, “además de ser deficiente en términos de espacio y estructura, presenta un diseño congruente con el sistema procesal mixto (para el viejo Código Procesal)”.
“Ello resulta inconveniente para alcanzar los estándares de eficiencia en la investigación y litigación penal propios de un sistema acusatorio”, advierte el informe. Es decir, se necesita un edificio central propio para los fiscales donde ahora concurrirán los imputados, familiares, testigos y peritos.
Este “proyecto demandará un tiempo considerable para la definitiva instalación de las dependencias del Ministerio Público”, agrega el informe.
La Procuración General de la Nación ya convocó a una Licitación Pública para la locación de un inmueble en la ciudad de Rosario, para ser destinado al funcionamiento de una Sede Unificada del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ya hay un edificio preseleccionado.
El inmueble debe constar, de manera aproximada, de una superficie cubierta útil de entre 3.500 y 4.200 metros cuadrados, esencial para espacios de trabajo adecuados que alberguen, al menos, “un piso de 176 agentes”.
Además, se firmó un acuerdo entre la Procuración General de la Nación y la Municipalidad de Rosario. El intendente Pablo Javkin cedió, a su vez, un inmueble para instalar una sucursal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que dirige Diego Iglesias, otro de los participantes de estas interconsultas telefónicas.
Otro problema es la creación de nuevas cárceles. En la jurisdicción Rosario “había 1149 personas privadas de la libertad a disposición de los tribunales federales” hasta diciembre 2023. De ellas, un 47 % se encuentra ejecutando condenas a penas de prisión. Pero Santa Fe es una de las pocas provincias sin establecimientos de del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para afrontar las necesidades de la justicia federal.
Durante el período 2019-2023, los casos más de mayor dimensión son: narcocriminalidad (4745), criminalidad económica (241) y casos vinculados a delitos comunes (8943). Es decir, que los delitos relacionados con la narcocriminalidad se incrementaron un 6% durante el 2023, en tanto que los relacionados con la criminalidad económica se incrementaron un 83% durante el mismo periodo respecto del año 2022.
El Gobierno de Javier Milei se comprometió a enviar personal a la sucursal de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Rosario para ayudar a detectar a los financistas, contadores y abogados que lavan el dinero de los narcos y generalmente eluden a la Justicia.
La agencia antilavado creada en Rosario luego de la reforma de un decreto por parte del Gobierno del ex presidente Alberto Fernández “fue una cáscara inútil y la actividad de la UIF en esa época, respondiendo requerimientos judiciales o aportando inteligencia, paupérrima”, afirmó la ex vicepresidente de la UIF de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico.
Otra necesidad es la puesta en funcionamiento laboratorios forenses que “puedan, particularmente y sin perjuicio de otros servicios (balísticos, ambientales), realizar peritajes químicos sobre sustancias estupefacientes y de análisis de obtención de datos en dispositivos fijos o móviles”, destaca el informe de la Procuración.
En lo que se refiere al Laboratorio de Informática actual solo tiene una capacidad de trabajo de extracción de datos de hasta cinco teléfonos celulares por día y de hasta dos computadoras o similares por día. Uno de los fiscales de Rosario contó a Clarín que hay pocos dispositivos UDEF para abrir celulares y esta situación “produce un embudo” y demora las investigaciones sobre las bandas de narcos, cada vez más rápidas y versátiles.
Además, la mayoría de los jueces y fiscales de Rosario hasta ahora no tienen custodia. La Procuración les ofreció custodias y ahora será el ministerio de Seguridad el que deberá proveer policías para garantizar la vida de los que investiguen casos complejos. A diferencia de los tribunales de Comodoro Py, los de Rosario están siempre vallados y con policías con chalecos antibalas y armados hasta los dientes.
Las necesidades edilicias de los fiscales en Rosario según el informe de la Procuración.Rosatti está más confiado que Casal ante este desafío de 45 días y la promesa del Gobierno de aportar fondos. Y apuesta a un “efecto contagio” para tratar de llevar, después de la experiencia Rosario, el sistema acusatorio a Mendoza.