Por Sitio Andino Política
El gobernador Alfredo Cornejo regresa a la provincia de Mendoza tras más de una semana de haber estado en Londres, a donde llevó una agenda cargada de actividades que sirvieron para promocionar la minería frente a algunos de los principales inversores mundiales en la materia. Además del Presupuesto 2025, lo esperan varios temas legislativos.
Los proyectos de Avalúo, Impositiva y el Presupuesto 2025 estarían entrando a la Legislatura entre martes y miércoles, tras el pedido de prórroga para hacerlo luego de septiembre -el mes que estipula la ley para que el Presupuesto ingrese a la Casa de las Leyes-.
El mandatario pidió una extensión del plazo hasta el 10 de octubre, luego de llegar del Reino Unido. Una vez que ingrese y sea girado a comisiones, se espera el desfile de ministros y funcionarios a la Legislatura para que expliquen la pauta de gastos y los lineamientos de cada una de las áreas a los legisladores; por lo que se estaría votando sobre finales de octubre.
Resaltó que se bajarán las alícuotas de “algunos impuestos”, como Sellos y el Automotor, y la eliminación de ciertas tasas que denominó como “irrisorias”.
En cuanto a la deuda pública, avisó que volverá a solicitar el rollover, es decir, el refinanciamiento de créditos de periodos anteriores con nueva deuda. Se pagan los vencimientos que ocurren en el año, de forma que – en principio – se alivien las cuentas públicas, pero con un estiramiento en los plazos.
Otro de los temas que esperan a Cornejo es Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). Es que tras la audiencia pública y los informes sectoriales; la autoridad minera ambiental debe estudiar y sacar las resoluciones conjuntas de los informes ambientales de los 34 proyectos mineros de exploración; esas pueden ser aprobadas, aprobadas con instrucciones o rechazadas. En el caso de ser aprobadas y aprobadas con instrucciones, por lo que indica el artículo 3 de la Ley 7722 tienen que ir a la Legislatura para ser ratificadas.
Se espera que ese envío a la Legislatura sea esta misma semana, ya que la promoción de las oportunidades de inversión exige que Mendoza cuente con estos procesos cumplidos. El objetivo del Ejecutivo es cerrar octubre con esto aprobado, por lo cual no debería extenderse mucho en el tiempo, teniendo en cuenta los tiempos legislativos.
El Código de Aguas es otro de los pendientes. El 15 de este mes cierra el plazo para que se hagan las sugerencias respecto al proyecto. Sin embargo, este no es un tema que urja a Cornejo, quien -de hecho- deslizó la posibilidad de esperar el Plan Hídrico que el Departamento General de Irrigación viene trabajando con la firma israelí Mekorot desde la gestión de Rodolfo Suarez.
Mientras tanto, en la Legislatura se espera el debate de otros temas presentados por el Ejecutivo, como la creación de un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para el sector turístico, la disolución del EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), la ampliación del área a expropiar en Penitentes, entre otros, como la derogación del Registro de contratos de compraventa de productos agrícolas, creado en la anterior gestión de Cornejo, pero que resultó ser un trastorno para los productores y generó gastos extra.
Otro de los temas que se espera tratar en breve es el presentado por la diputada Beatriz Martínez a instancias del intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, que propone la modificación de la Ley Provincial Nº 3401, que regula el Centro Cívico de la Ciudad. El proyecto establece cambios en los lineamientos urbanos para el Centro Cívico de la Ciudad de Mendoza, vigentes desde 1965, que define los límites y la regulación edilicia del área, pero ha quedado desactualizada frente al crecimiento demográfico, económico y urbanístico de la capital.
La propuesta busca adecuar la normativa a las nuevas necesidades de la Ciudad, otorgando mayor autonomía al municipio para la planificación y regulación del Centro Cívico. Se plantea un equilibrio entre el desarrollo constructivo y la preservación del espacio verde y del entorno natural, con el objetivo de dinamizar la inversión privada y mejorar la calidad de vida en esta área tan significativa del departamento. Además, se propone la asignación de responsabilidades claras entre la provincia y el municipio en cuanto a la conservación del arbolado, el alumbrado público y los espacios verdes.