Por Facundo La Rosa
El decreto desregulador del transporte de media y larga distancia, impulsado por el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger, despertó las alarmas en las empresas del sector, que pusieron reparos por los presuntos beneficios que -según el gobierno- traería la medida.
En los considerandos de la norma, se indica que la reforma “racionalizará la oferta de servicios, expandirá las inversiones y disminuirá los costos”, que se traduciría como un mejoramiento de la calidad de la prestación. Pero, ¿será ese el real efecto de lo promulgado?
Transporte desregulado: los riesgos y los pedidos de las empresas
Mauricio Badaloni, uno de los propietarios de la firma Andesmar y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), expresó -en diálogo con Sitio Andino– objeciones a los pronósticos del Ejecutivo nacional.
En primera instancia, planteó que el decreto no ataca las condiciones por las cuales las empresas -con la normativa vigente o con la nueva- podrían disminuir el valor de las tarifas al público: la alta presión impositiva que impera sobre el sector y la falta de uniformidad en los convenios colectivos de trabajo (CCT) que rigen en la larga distancia y en los operadores de turismo.
Sobre ese aspecto, el empresario advirtió que en los servicios turísticos de transporte -los que denominó como empresas “cuasi formales” y que absorben el 70% del mercado– el costo laboral es hasta 35% menor, por la naturaleza “más flexible” del CCT propio y menores exigencias.
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Mauricio Badaloni se refirió al decreto desregulador en torno al transporte de media y larga distancia
Foto: Yemel Fil
En tal sentido, advirtió que si no se ajustan esas inequidades -que se profundizaron en las últimas dos décadas-, el resultado será una mayor precarización del sistema, ya que la tendencia será un crecimiento de la informalidad y viajes inseguros.
En materia impositiva, en tanto, Badaloni apuntó que buena parte del valor de la tarifa responde al componente tributario, tanto los que gravan particularmente a la actividad, como los indirectos (IVA), que pesan a la hora de adquirir insumos y a la estructura de costos en general.
El tema no es el costo de la producción ni la falta de competitividad del sector privado. El problema son los impuestos El tema no es el costo de la producción ni la falta de competitividad del sector privado. El problema son los impuestos
“ El tema no es el costo de la producción ni la falta de competitividad del sector privado. El problema son los impuestos. La Argentina no es competitiva, no porque tenga empresarios ‘prebendarios’, como le gusta decir al presidente, sino por el fuerte peso del Estado”, evaluó.
Gratuidades y las correcciones en el periodo de implementación
Otra de las observaciones que expresó el dirigente de la UIA es la presunta eliminación de la gratuidad para personas con discapacidad (reglada por la Ley Nº 22.431 y modificatorias), que -según la interpretación legal de los empresarios- “estaría derogado” con el nuevo decreto.
“Es un tema a ver si quieren sostenerlo o no. Es el único subsidio que perciben las empresas, pero al derogar la Ley, ya no tiene sustento ni contribución del Estado”, analizó.
Más allá de estos reparos, Badaloni reconoció que la legislación vigente requiere una actualización acorde a los tiempos que corren y presagió que los 60 días que establece el decreto para la entrada en vigencia del nuevo régimen, permitirá que se realicen ajustes “de cuestiones que no han sido previstas”. “Veremos con el tiempo cómo se consolida y si sirve para mejorar o si generará mayor informalidad y un aumento del costo”, concluyó.
micro colectivo larga distancia
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