El oficialismo en Diputados logró mantener el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara de Diputados ratificó el veto a la ley de financiamiento universitario. La sesión se extendió durante cuatro horas, pero la oposición no logró los dos tercios de legisladores presentes para bloquear la iniciativa del presidente Javier Milei, que se garantizó el blindaje de su medida con unos 80 apoyos.

Hubo cinco abstenciones y siete diputados ausentes, por viaje o licencia: Oscar Zago (MID), Héctor Stefani (PRO), María Fernanda Ávila (Unión por la Patria), Jorge Ávila, Alejandra Torres, Ricardo López Murphy (todos de Encuentro Federal) y Fernando Carabajal.

Las cinco abstenciones fueron de los cuatro diputados por Misiones de Innovación Federal: Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa; y del radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei.

Tras varias semanas de tensiones con sus aliados y negociaciones frenéticas con gremios y gobernadores, los libertarios sumaron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 164 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.

La intervención de Mauricio Macri fue determinante para terminar de ordenar la bancada del PRO, que estaba atravesada por fuertes tensiones internas. Algunos consideraban que la crisis con los gremios docentes había escalado por falta de negociación y además entendían que el costo de 0,14 del PBI no ponía realmente el riesgo el equilibrio fiscal. Finalmente, a pesar de aclarar repetidas veces, en la previa y durante la propia sesión, que defendían la educación pública, el bloque que conduce Cristian Ritondo apoyó mayoritariamente al Gobierno con 35 votos. Solo votaron con la oposición los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, en tanto que Héctor Stefani estuvo ausente por problemas de salud.

Qué preveía la Ley de Financiamiento Universitario vetada por Javier Milei

La norma, sobre la cual la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado un costo fiscal de 0,14% del PBI, preveía que el Poder Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.

Asimismo, encomendaba al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.

También indicaba que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación”, informada por el INDEC.

En el límite de la fecha para publicar el veto, y al día siguiente de la segunda masiva marcha en defensa de las universidades, el pasado 3 de octubre el Poder Ejecutivo oficializó el decreto 879/24, por el cual observó totalmente la ley.

Por qué el Gobierno rechazó la Ley de Financiamiento Universitario

Según los argumentos del Gobierno, el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

“No pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, lanzó el PEN.

A contrarreloj, y ante el pedido de sus aliados del Pro, el Gobierno avanzó estos últimos días en anuncios sobre mejora salarial para el personal universitario. Primero comunicó que, “pese al rechazo gremial”, otorgará un aumento del 6,8%. Luego, informó que actualizará la garantía salarial docente a abril 2024.

La sesión completa en la que se blindó el veto de Javier Milei al financiamiento universitario