Por Marcelo López Álvarez
La que se presentó como la primera privatización de la era de Javier Milei no solo no se ha concretado, sino que ha entrado en una zona gris tras confirmarse una prórroga de al menos 15 días en el proceso de adjudicación de IMPSA a la empresa estadounidense Arc Energy.
Sin embargo, según fuentes cercanas al proceso, dicha prórroga podría extenderse hasta febrero o incluso más, poniendo en riesgo el futuro de la compañía.
Arc Energy, una firma estadounidense vinculada a tecnologías y desarrollo nuclear, realizó la única oferta para adquirir el 85 % de las acciones de la histórica empresa mendocina, actualmente en manos de la Nación y la Provincia tras su estatización durante la gestión de Alberto Fernández como presidente y Rodolfo Suarez como gobernador.
Arc ofreció poco más de 27 millones de dólares, pero enfrenta un obstáculo clave: la deuda de IMPSA, que asciende a 572 millones de dólares. La empresa busca renegociarla como condición fundamental para efectuar el pago y asumir el control de la compañía.
IMPSA: La deuda que condiciona
A pesar de los discursos del Gobierno Nacional sobre las bondades de la reducción del riesgo país y sus efectos positivos para regresar a los mercados de crédito, la compañía norteamericana no logra cerrar la refinanciación de esta deuda, un paso crucial para concretar la venta.
Arc Energy ya presentó un plan de negocios que incluye una propuesta de reestructuración de deuda, pero hasta ahora los acreedores (fondos de inversión y bancos extranjeros) no han aceptado la oferta. Desde la empresa estadounidense han aclarado que, hasta que no se logren los acuerdos de refinanciación, no se completará el traspaso de las acciones.
Según información oficial, la empresa adjudicataria contrató en octubre a Adcap Securities para gestionar la renegociación, buscando inversores interesados en adquirir parte de esa deuda. Sin embargo, estas gestiones aún no han tenido éxito.
La presión del tiempo es un factor determinante. Aunque el Gobierno apunta a cerrar la adjudicación antes de fin de año, fuentes cercanas a Arc Energy señalaron que las negociaciones con los acreedores podrían extenderse hasta febrero de 2025 o incluso algunos meses más.
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El futuro de IMPSA entra en zona gris. La unica oferente no tomará la empresa si antes no sella la renegociación de la deuda.
IMPSA: Una empresa en crisis
En el ámbito financiero e incluso entre los trabajadores de IMPSA, que se movilizaron en los últimos días, las especulaciones son más sombrías. Se sospecha un posible cierre definitivo de la empresa, ya que los gobiernos nacional y provincial han advertido que no destinarán más recursos para mantener su funcionamiento.
La situación financiera de IMPSA es crítica. Su último balance reflejó pérdidas por más de 56.000 millones de pesos en los primeros nueve meses de 2023, una condición que, según la Ley General de Sociedades, podría justificar la disolución de la empresa.
El origen de esta deuda se remonta a 2014, con «malos negocios» en Venezuela que llevaron a un pasivo superior a 1.000 millones de dólares. En 2021, el Estado Nacional y la provincia de Mendoza capitalizaron la compañía con 20 millones de dólares, adquiriendo el 63,7 % y el 21,2 % de las acciones, respectivamente.
Hoy esos negocios con Venezuela son uno de los principales problemas ya que Arc no puede negociar con la empresa estatal de energía venezolana el pago de la deuda que esta mantiene con IMPSA
Optimismo en on, dudas en off
En sus comunicaciones oficiales, Arc Energy se muestra confiada en lograr la reestructuración y concretar la compra y operación de la compañía, fundada por la familia Pescarmona hace más de 100 años. Sin embargo, en declaraciones extraoficiales admiten las dificultades que enfrentan debido a la imposibilidad de renegociar la deuda, a pesar de que sostienen que el potencial de la empresa es significativo.
Estas complicaciones no solo ponen en riesgo el futuro de IMPSA, sino también el objetivo político de lo que el gobierno de Javier Milei pretende presentar como el hito inaugural del proceso de privatizaciones y de reducción del Estado.