El Gobierno celebró la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el nuevo Régimen Penal Juvenil, que contempla bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Con mensajes en redes, desde Manuel Adorni hasta Patricia Bullrich se expresaron luego de la extensa sesión.
Es que el Gobierno de Javier Milei se anotó así otro triunfo legislativo, luego de la media sanción a la reforma laboral, con el acompañamiento de bloques dialoguistas. La votación sumó 149 afirmativos, 100 negativos y sin abstenciones. Se trata de una iniciativa debatida durante años que, hasta ahora, no había llegado al recinto para su tratamiento definitivo.
Fue un triunfo contundente para el Gobierno: solo el peronismo y los diputados de la izquierda votaron en contra, por lo que Milei sumó el segundo triunfo en las sesiones extraordinarias del Congreso.
El Gobierno celebró la media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil
«Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina», escribió el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Por su parte, la exministra de Seguridad y actual senadora de LLA Patricia Bullrich sostuvo: «Por todas las víctimas de menores delincuentes, media sanción del Régimen Penal Juvenil».
«Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen», sostuvo Bullrich.
En tanto, la actual ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, sostuvo: «Hoy el Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo. Regla clara: el que las hace, las paga. Ley y orden».
Un tenso debate que selló un nuevo triunfo del Gobierno en el Congreso
Al cerrar el debate, el diputado libertario cordobés Gabriel Bornoroni sostuvo: «Tenemos el compromiso de que el Estado deje de fallar, tome riendas en el asunto y resuelva los problemas de los argentinos. Cuando hay un delito grave, hay consecuencias graves. Y el Estado tiene que estar ahí».
Por su parte, Nicolás Mayoraz, diputado nacional santafesino de La Libertad Avanza, respondió a las críticas kirchneristas con una frase irónica: «Los que dicen que defienden los derechos humanos quieren una ley de 1980″.
El PRO fue uno de los bloques que apoyó a LLA. Por caso, durante su exposición, Cristian Ritondo señaló: «No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal para resolver el problema, porque no es solo bajar la edad de imputabilidad. Vi cómo organizaciones narcos reclutaban a jóvenes sabiendo que el Estado les regala un certificado de impunidad a esos chicos, sabiendo que esos chicos son carne de cañón. Y el falso garantismo negó la posibilidad de abordarlo durante años«.
Y agregó: «Bloquear este debate, no responsabilizar a un menor que tiene conciencia del delito, no es un acto de humanidad, es un acto de abandono, el más cruel que puede ocurrir en el Estado. Es abandonar a un chico que a los 14, 15 años, comienza en la vida de la delincuencia«.
Germán Martínez, de Unión por la Patria, expuso los motivos del rechazo de un sector de su bancada. A su juicio, el proyecto «no plantea una acción en el terreno educativo, de la inclusión ni del abordaje a través de los clubes».
También cuestionó la redacción presupuestaria: «Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles«. Y concluyó que el presupuesto previsto es «deficiente».
En tanto, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, puso en duda que el presupuesto asignado para el funcionamiento de la Reforma Penal Juvenil sea suficiente: «14 es una edad que es la media estándar internacional, pero esta ley requiere establecimientos para menores, inversión en el proceso educativo, construcción de los edificios para poner a los menores y tratar de reconstruir».
«Los recursos asignados en el Presupuesto son insignificantes. Estamos hablando de 23 mil millones de pesos, que no sé para qué van a servir. Hoy, el metro cuadrado de construcción de un establecimiento para encierro está en cerca de 7 mil dólares. Ni hablar de la estructura que hay que poner ahí», analizó Pichetto.
La sesión comenzó pasado el mediodía y el debate duró más de siete horas. El quórum de 129 legisladores se alcanzó con la presencia de 95 diputados de La Libertad Avanza; 20 del interbloque Fuerza del Cambio -integrado por 10 del PRO, 6 de la UCR, 2 del MID, además de Karina Banfi y José Luis Garrido-; 7 representantes de Innovación Federal (salteños y misioneros); 3 tucumanos del bloque Independencia; 3 catamarqueños de Elijo Catamarca; y la diputada Lourdes Arrieta, única integrante del interbloque Unidos que participó del inicio de la sesión.
Los proyectos vinculados al régimen penal juvenil fueron debatidos durante 2024 y parte de 2025, pero no habían prosperado por falta de votos. Con la nueva composición de la Cámara y tras un reciente caso de alto impacto público -el crimen de Jeremías Monzón- el Poder Ejecutivo retomó la iniciativa e incluyó el tema en el temario de extraordinarias. La madre del joven asesinado estuvo presente en el Congreso durante el debate.
Presupuesto y el punto clave del proyecto de ley
Durante esta semana se constituyeron las cuatro comisiones que intervinieron en el análisis del proyecto y el miércoles se firmó dictamen, tomando como base el despacho emitido el año pasado.
A diferencia de aquella versión, el texto actual incorpora una previsión presupuestaria específica para la implementación de la ley. El dictamen contempla partidas estimadas en $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.519 de la Defensoría General de la Nación.
A pedido de sectores dialoguistas, el articulado establece que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración para garantizar el cumplimiento del régimen. Esos acuerdos podrán incluir el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en jurisdicciones distintas a la propia, con el objetivo de que el Estado nacional asuma parte de los costos de adecuación de los sistemas provinciales.
El punto central del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La propuesta original del Gobierno contemplaba los 13 años, pero el consenso alcanzado fijó el límite en 14.
La iniciativa prevé además medidas complementarias como programas educativos, laborales y recreativos. Para delitos con penas de hasta 3 años y para aquellos con penas de entre 3 y 10 años que no incluyan homicidio ni lesiones graves, se podrán aplicar sanciones alternativas antes de recurrir a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos, en establecimientos especializados de detención o en secciones separadas dentro de unidades penitenciarias, siempre diferenciadas de la población adulta. El plazo máximo de prisión para adolescentes se fijó en 15 años, por debajo de los 20 años que proponía inicialmente el Poder Ejecutivo.
El proyecto también regula la figura del «supervisor», establece principios para los institutos especializados de detención y contempla disposiciones vinculadas a la salud y la reinserción social.