Este martes se conoció el dato de inflación de enero: 2,9 %. Es la variación más alta en nueve meses y confirma una tendencia que se observa desde mayo de 2025 cuando fue de 1,5 %: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no ha parado de subir.
El dato llegó envuelto en escándalo tras la salida de Marco Lavagna del INDEC. ¿El motivo? La decisión de Javier Milei de frenar la actualización metodológica del IPC, un cambio que el propio instituto, el Banco Central e incluso el FMI ya habían anunciado para este año.
Ya volvemos sobre las implicancias de la falta de actualización. Pero antes es importante resaltar que los resultados de enero, aún sin actualización metodológica, muestran una dinámica al alza fue muy fuerte en alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron 4,7 % y en el Gran Buenos Aires el crecimiento llegó al 5,1 %.
Lo que sucede con alimentos es relevante porque impacta en la canasta alimentaria básica, utilizada para medir la indigencia. Su costo pasó de aumentar 4,1 % en diciembre a crecer 5,8 % en enero. Esto impacta de lleno en los hogares más vulnerables. Pero también impacta en el relato de Milei y su promesa de liquidar la inflación.
Volvamos al problema de la no actualización metodológica. Actualmente, la inflación se mide con una canasta de bienes y servicios basada en una encuesta de hace veinte años. El «nuevo» IPC que Milei suspendió utiliza la Encuesta de Gastos de los Hogares de 2017-2018, mucho más cercana a la realidad.
El punto crítico es el peso de los servicios públicos. En el índice actual, el rubro «vivienda, agua, electricidad y gas» representa apenas el 10,5 % del gasto de un hogar en el GBA. Sin embargo, en mediciones más actuales como la de CABA, ese peso sube al 17,4 %.
Hay números que grafican muy bien la sub representación de los servicios: con Milei, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el nivel general de precios subió un 186 % mientras que los servicios aumentaron un 393 %.
Al usar una canasta vieja, se «suaviza» el impacto de los tarifazos. Consultoras como LCG estiman que, con la metodología actualizada, la inflación acumulada de la era Milei sería del 200 % en lugar del 186 % informado.
Excusas y realidad. El ministro Luis Caputo argumentó que no se actualiza para «sostener la comparabilidad» y que se hará cuando la desinflación esté «consolidada». Es un sinsentido técnico.
Como señaló la Junta Interna de ATE INDEC, la comparabilidad se resuelve empalmando series estadísticas. El objetivo real es otro: disimular los tarifazos previstos para este año.
Las víctimas del desfase. No es solo un debate de economistas. Esta subestimación de la inflación tiene consecuencias materiales:
- Jubilaciones y AUH: Se actualizan por un índice que rinde menos de lo que realmente suben los costos de vida.
- Salarios: Las paritarias se cierran sobre referencias inadecuadas, profundizando la pérdida del poder de compra.
- Dólar: El sistema de bandas cambiarias se distorsiona al basarse en una inflación subestimada.
Ante esto, es muy importante exigir la actualización metodológica. Pero, también, como plantea la Agrupación Marrón del INDEC, es necesario un organismo totalmente independiente de los gobiernos; un INDEC en manos de los propios trabajadores y técnicos, apoyados por un cuerpo de especialistas de las universidades y otros usuarios interesados en que las estadísticas no estén por detrás de la realidad.
Si bien es cierto que se puede establecer una distinción entre los métodos de manipulación estadística con hostigamiento de patotas de Guillermo Moreno y una intromisión política para evitar la actualización de la canasta, el objetivo último de los gobiernos es similar: disimular la inflación para licuar los ingresos de la clase trabajadora, la que está en actividad y la que está jubilada.
Pero hay una verdad más fuerte. El bolsillo de los trabajadores no sabe de estadísticas: siente el rigor de un ajuste que no se puede ocultar.