Mientras ultima detalles para comenzar a convocar «por grupos» a los gobernadores a la Casa Rosada, el Gobierno confirmó que volverá a insistir en el Congreso con el paquete fiscal, que restituye el impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, y con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Tras el discurso del presidente Javier Milei frente a la asamblea legislativa, en el que adelantó la vuelta del diálogo político con las provincias para dar impulso a la sanción de Ley Bases y de un paquete fiscal que oxigene las arcas provinciales, el ministro Guillermo Francos (Interior) y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse fueron designados para diagramar la logística de los encuentros que, según la nueva estrategia oficial, serían los requisitos previos para la firma de los 10 consensos básicos del denominado «Pacto de Mayo».
Justamente el titular de la cartera política remarcó este domingo, en diálogo con radio Mitre, que el Ejecutivo insistirá en implementar los cambios en Ganancias cuya derogación, argumentó, terminó desfinanciando a las provincias. Al referirse al impuesto a los Ingresos, tal como lo rebautizó esta administración, recordó que «siempre estuvo siempre presente, fue un error quitarlo porque es progresivo -dependerá de las escalas en las que impacta-, pero está dentro de los temas a tratar».
Es que Francos consideró que el tributo se eliminó en 2023 «con fines electoralistas» al recordar elípticamente la ley que aprobó el Senado el 28 de septiembre pasado por impulso del entonces ministro de Economía, Sergio Massa. En los hechos, pasó a llamarse impuesto a los «Mayores Ingresos», el cual solo es abonado por quienes obtienen salarios mensuales superiores al nuevo piso del tributo, actualmente por encima de los $ 2,3 millones.
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El ministro del Interior destacó la «generosidad» del Presidente para plantear el Pacto de Mayo a los gobernadores. Y sobre las críticas, las tildó de «miradas de poca monta».
Esa normativa había sido alentada por el entonces ministro Massa en su pretensión de sumar adhesiones a su candidatura presidencial por Unión por la Patria. Unas semanas antes el propio Javier Milei había acompañado la derogación del impuesto en la votación en Diputados.
Pero una vez que recaló en la Casa Rosada, el líder libertario pareció cambiar de opinión y fue así que promovió resucitar el tributo como prenda de cambio para lograr el apoyo de los gobernadores a la Ley Bases.
Sin embargo, los primeros desacuerdos del ambicioso proyecto en el debate en comisión de la Cámara baja, en enero pasado, obligaron al Ejecutivo a quitar del mismo «el capítulo fiscal». A las diferencias por Ganancias, se le sumó el cuestionamiento de algunos mandatarios provinciales por el aumento de las retenciones a las exportaciones de materias primas y el pedido de coparticipar el Impuesto País para mitigar el bache fiscal en las cuentas de sus distritos. Esta última propuesta fue rechazada de plano por el Presidente.
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El secretario adjunto de Camioneros dijo que Javier Milei «es un simple gerente».
Aunque no lo reconozca abiertamente, ahora el Gobierno apuesta a trocar el impuso a oficial a un «alivio fiscal» que oxigene las cuentas de las 24 jurisdicciones por el apoyo legislativo de los mandatarios opositores, a través de sus legisladores, al paquete de reformas.
Francos, además, adelantó hoy que buscarán sancionar en el Parlamento una nueva fórmula jubilatoria que garantice un mayor poder de compra de los adultos mayores. Empero, la definición del paquete fiscal dependerá del resultado del diálogo político entre las partes. «También estarán temas conocidos como el blanqueo de capitales, el adelanto de Bienes Personales aunque quizás se podría incorporar algún otro en base a lo que se converse con los gobernadores», indicó una fuente gubernamental consultada.
Pese a que este plan aún no cuenta con el respaldo de la mayor parte de los caciques provinciales, el Ejecutivo aspira a transitar los meses más duros de la crisis devenida de la aplicación de la «motosierra y la licuadora», como metafóricamente denomina el primer mandatario al ajuste de la economía, con la apertura a un diálogo político con las distintas representaciones opositoras y aliadas.
La meta más ambiciosa no es sólo poder consensuar los cambios previsionales y tributarios sino también avanzar en una reforma laboral habida cuenta del frenazo que la Justicia aplicó al articulado en esta materia que contenía el mega DNU.
Empero, en el oficialismo admiten que resultará difícil sancionar el capítulo fiscal tal cual se había enviado al Congreso a comienzos de este año. Por caso, reconocen que el capítulo referido al aumento de las retenciones no resultaría viable por el persistente rechazo de los mandatarios de la región centro y por la pronta realización de la mega muestra Expo Agro. Sí hay voluntad de dar impulso a medidas para «aliviar» fiscalmente a las pymes.